Las Abuelas de Plaza de Mayo volvieron a pedirle a la justicia que amplíe las medidas de protección sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la institución a cargo de hacer los análisis para determinar si una persona es hija de padres desaparecidos. El Gobierno de Javier Milei lo desfinanció, le sacó autonomía y lo mantuvo acéfalo por más de un mes.
Mariana Herrera Piñero es doctora en Ciencias Biológicas. Dirige el BNDG desde 2015. Llegó al cargo por concurso. El 18 de mayo pasado, se venció su mandato al frente del organismo, lo que hacía que no hubiera autoridades con capacidad para responder, por ejemplo, a los requerimientos del Poder Judicial en causas en las que se investiga la apropiación de niños durante la última dictadura.
Esa situación causó mucha preocupación en Abuelas de Plaza de Mayo, que viene denunciando que la administración libertaria está implementando una política para desmantelar la búsqueda de los nietos y de las nietas. A partir de una presentación hecha por Estela de Carlotto –presidenta de Abuelas–, Lorena Battistiol –que busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio– y la abogada Carolina Villella, la jueza federal de San Martín Alicia Vence le dijo al Gobierno que no podría hacer cambios en el BNDG sin avisarle.
A los diez días, Javier Milei firmó el decreto 422 para prorrogar el mandato de Herrera Piñero hasta en tanto se sustancie un nuevo concurso público para cubrir la dirección técnica del BNDG.
“Por medio del decreto en cuestión se resuelve parcialmente una de las inquietudes que mantiene esta Asociación en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos en virtud de los riesgos en que se encuentra. Sin perjuicio de ello, queremos expresar que se trata de una solución provisoria y que de modo alguno da solución a la totalidad de las circunstancias que afectan el debido funcionamiento del BNDG”, señalaron desde Abuelas en una presentación que hicieron en el juzgado de Vence este martes al mediodía.
El problema es que el Gobierno le sacó autonomía y autarquía al BNDG hace un mes. Lo hizo a través del decreto 351, que convirtió al BNDG en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que depende de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos.
Con el decreto 351, el Gobierno eliminó la estructura administrativa del BNDG, que le permitía, por ejemplo, adquirir reactivos para hacer los análisis genéticos para determinar si una persona puede ser el nieto o la nieta que las Abuelas buscan. En su presentación, el organismo de derechos humanos le advirtió a Vence que la directora general técnica tiene ahora recortada su capacidad de decisión, lo que inevitablemente impacta a la hora de garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente.
En ese sentido, Abuelas volvió a solicitarle a Vence que dicte una medida de no innovar para preservar las muestras que aportaron las familias y que son esenciales para realizar los entrecruzamientos. El organismo pretende que la protección también incluya al edificio en cual funciona el BNDG.
Carlotto, Battistiol y Villella le pidieron a la magistrada que le prohíba al Gobierno alterar o destruir las muestras genéticas y biológicas que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos del BNDG. Requirieron, además, que ordene hacer copias de esas muestras y que sean resguardadas bajo la órbita del Poder Judicial.
Por la relevancia que tiene el tema, Abuelas solicitó, además, que lo resuelto por la jueza sea directamente notificado al Presidente y al jefe de Gabinete.
El BNDG no es el único organismo vinculado a la búsqueda de los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado que se encuentra bajo asedio. El año pasado, tanto Luis Petri como Patricia Bullrich lanzaron una campaña para no enviar la documentación que pedía la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) bajo el argumento de que protegían el derecho a la privacidad de los integrantes de las fuerzas.
En agosto pasado, Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba al interior de la Conadi. La UEI hacía investigaciones pre-judiciales para acelerar los procedimientos. Para eso, desde 2004, Néstor Kirchner le había dado acceso a los archivos estatales que pudieran contribuir a encontrar a los niños apropiados.
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