La red de internet comunitaria Soldati Conectada ganó en 2024 el premio internacional de la IEEE -el Institute of Electrical and Electronics Engineers, asociación mundial de ingenieros-, que la eligió como un ejemplo de cómo “conectar a los desconectados”. También fue finalista de los premios Frida de Lacnic, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe. Se trata de una experiencia que llevó la fibra óptica a una zona de la Ciudad de Buenos Aires donde las empresas no entraban, por razones de rentabilidad. La organización social El Hormiguero tomó el desafío e instaló el sistema hoy considerado un modelo a replicar: ahora Soldati Conectada brinda internet para el hogar a sus socios y provee gratuitamente de wifi a más de 40 espacios comunitarios (merenderos, iglesias, centros de adicciones o culturales). En las calles del barrio puso además 40 puntos para conectarse sin costo; hasta las paradas del premetro se beneficiaron con esta red.
Todo ese desarrollo fue financiado con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que el presidente Javier Milei acaba de eliminar por decreto, con el argumento de terminar con “una caja de la política”.
Entre 2021 y 2023, dos mil barrios populares accedieron a servicios de fibra óptica como lo hizo Soldati. El Fondo de Servicio Universal estuvo destinado también a dar conectividad a parajes rurales aislados.
“El decreto suspendió incluso obras en curso sin que haya disponible ninguna alternativa tecnológica y condena a zonas enteras del país al aislamiento”, denunció Natalia Vinelli, ex subdirectora de Proyectos Especiales del Enacom.
La misma receta
Cuando se trata de recortar derechos, la gestión libertaria sigue una receta. Primero anuncia auditorías a los programas que quiere liquidar. Luego, los medios que le son afines hacen una campaña sucia y aseguran que son mecanismos para el robo de fondos públicos, “curros de la política”. Finalmente, el programa es dado de baja y su eliminación es publicitada por la prensa de la presidencia como un acto de justicia. “Terminamos con otra caja de corrupción”, dice el libreto.
El Fondo del Servicio Universal no escapó de ese tratamiento.
Soldati Conectada, por ejemplo. “Tuvimos que tomarnos el trabajo de llamar a los medios para contarles quiénes somos y mandarles pruebas de nuestro trabajo”, cuenta Nicolás Petrungaro, de El Hormiguero. Los premios internacionales ayudaron, aunque todavía quedan publicaciones en las redes que hablan de la organización con datos erróneos, citando las famosas auditorías.
Junto con el anuncio de las auditorías -y con el Enacom, el ente ejecutor, intervenido-, el gobierno dejó de financiar los trabajos y así un proyecto de ampliación que Soldati Conectada tenía aprobado e iniciado quedó sin fondos. Eran obras para llevar internet a un nuevo barrio -La Veredita- que ya no se realizarán.
La red de internet comunitaria de Soldati sigue funcionando, pero no pudo ampliarse con nuevas obras.
En la misma situación están 23 barrios de Córdoba Capital. En aquella ciudad, la mutual Carlos Mugica desarrolló con el Fondo para el Servicio Universal una red de internet para 24 barrios populares, con la que 2 mil familias pudieron, por primera vez, tener internet con fibra óptica.
“A nivel local el gobierno de la Ciudad de Córdoba trabajó con nosotros, con su agencia de conectividad. Fuimos evaluados por la Universidad, pasamos por auditorías en las que no recibimos ni una sola observación”, contó Marco Galán, presidente de la mutual.
A partir de 2024 esta red de fibra óptica iba a extenderse a otros 23 barrios, para darle acceso a wi fi a otras 3500 familias; sin embargo, el gobierno suspendió su financiamiento (eran obras aprobadas) y ahora les dió el tiro del final con el decreto. En el medio, los cordobeses también fueron blanco de una campaña en la que poco importó la verdad.
Sin obras, pero recaudando
Los proyectos para llevar conectividad no sólo fueron realizados por organizaciones sociales, sino también por el sector privado -PyMEs y cooperativas- y por empresas provinciales.
La gobernación de La Pampa, a cargo del peronista Sergio Ziliotto, planteó la situación que se genera en las areas rurales. Citó casos de su provincia -los pueblos de Cuchillo Co y Cable Quemado, que fueron conectados- y remarcó el costado institucional del conflicto: Milei, recordó, “pudo firmar el decreto por las facultades extraordinarias que le fueron conferidas en la Ley Bases”.
“Con la sola firma de un decreto se está derogando un fondo creado por ley, aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación”, sostuvo la gobernación, y llamó a que el Congreso “no avale este decreto, ya que sería un golpe a la conectividad del interior del país”.
La decisión de eliminar el Fondo por decreto va camino a ser impugnada. El Centro de Estudios Legales y Sociales presentará, en principio, un pedido de información pública al Enacom intervenido para que diga cómo van a financiar las obras de conectividad, qué recursos les van a asignar y que va a pasar con los trabajos que estaban en marcha y quedaron suspendidos.
El fondo se integraba con aportes de las empresas de telecomunicaciones, que ponían el 1 por ciento de sus ingresos brutos. Las empresas lo seguirán pagando, ya que el impuesto no fue eliminado -de hecho, durante todo 2024 la recaudación se acumuló sin darle uso-. No esta claro qué destino le dará el gobierno a partir de este decreto.
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