El expresidente Alberto Fernández deberá presentarse ante la justicia para ser indagado en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos. El juez federal Julián Ercolini lo citó para el 20 de noviembre. También llamó a indagatoria a la exsecretaria de Fernández, María Cantero, y al empresario Héctor Martínez Sosa -su esposo-, junto a otras 35 personas, entre ellos varios ex funcionarios del directorio de Nación Seguros.
Se les imputa haber sido parte de “un mecanismo de direccionamiento” para favorecer a brokers que tuvieron contratos con el Estado entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, es decir, a lo largo del gobierno anterior.
El expresidente está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Para el juez, Fernández tuvo un rol activo en los hechos que se investigan. En ese sentido, el magistrado sostuvo que actuó “aprovechándose de su investidura” y que tenía control de todas las maniobras. En otros tramos de su escrito habla en cambio de una “connivencia”, pero en general lo señala como teniendo un rol protagónico en el que, considera, el exmandatario actuó con la asistencia de funcionarios de la empresa Nación Seguros que le respondían.
La causa fue abierta en febrero pasado. Un mes más tarde el juez realizó allanamientos a los principales imputados y en organismos del Estado. Así secuestró el celular de la exsecretaria de Fernández, Cantero, en el que fueron hallados los mensajes y fotos que le había mandado la exprimera dama Fabiola Yañez, lo que derivó en su denuncia por violencia de género.
17 millones de dólares
De acuerdo a la resolución, las maniobras habrían requerido de “la intervención intencional de funcionarios de Nación Seguros SA’”, empresa del Banco Nación, así como “de las reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.
Ercolini describió que Nación Seguros designó de manera irregular o informal “productores, organizadores y masters”. Muchos de ellos, sostuvo, “no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”. Las comisiones sobre las que la justicia está haciendo un seguimiento suman el equivalente a 17 millones de dólares.
“Como consecuencia del direccionamiento desde la Presidencia de la Nación (…) en el período abarcado por esta investigación se habría generado una cartelización en la que más del 87 por ciento de las comisiones liquidadas por Nación Seguros se repartieron entre solo tres grupos empresarios principales, liderados por Martínez Sosa, Torres García y Castello”, asegura el juez.
Sobre Héctor Martínez Sosa, el esposo de la exsecretaria Cantero, el juez indicó que “lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.
Martínez Sosa y otros intermediarios que él controlaba habrían cobrado, de acuerdo a la hipótesis de la justicia, cerca del 60 por ciento de las comisiones pagadas entre 2019 y 2023 por Nación Seguros.
El esposo de la exsecretaria de Fernández fue señalado haber gestionado convenios para empresas como Bachellier, que aseguró a la Gendarmerìa y tuvo las pólizas del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura. El exjefe de la Gendarmería está citado a indagatoria.
En volumen de negocios el imputado que le sigue es Pablo Andrés Torres García, empresario al que se le atribuye buen diálogo con todas las fuerzas políticas, especialmente con el PRO, y que habría accedido al casi el 17 por ciento de los pagos de las comisiones bajo sospecha.
La tercera señalada en la facturación de comisiones es la empresa Castello Mercuri, que -siempre de acuerdo a Ercolini- habría recibido un 12 por ciento del total.
Entre los exfuncionarios de Nación Seguros citados a indagatoria figuran su ex titular, Alberto Pagliano, y otros ex funcionarios como Gustavo García Argibay, Sebastián Díaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.
Por otra parte, en la causa se investiga el desvío de comisiones millonarias a través de cooperativas vinculadas con exfuncionarios, que habrían destinado esos fondos a comprar propiedades, camionetas 4×4, entradas a eventos deportivos y consumos de lujo.
Entre los casos bajo sospecha están la operatoria de las cooperativas “7 de Mayo” e “Irigoin”, que habrían usado sus fondos para comprar propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica, pasajes a Estados Unidos, autos de alta gama y plateas en el estadio de River Plate.
Alfredo del Corro -otro de los citados a indagatoria- figura como tesorero de 7 de Mayo y asociado a Irigoin. Según la denuncia las cooperativas se facturaban entre sí o a otras personas del rubro de seguros como justificación del movimiento de dinero. Los fondos ingresados a las cooperativas habrían sido justificados por medio de facturación por contraprestaciones simuladas y genéricas, como “servicios de catering”, “servicio gastronómico integral”, “horas de servicios prestadas”, “servicios empresariales” y “servicios complementarios”. Pero la sospecha es que parte de esos fondos fueron retornos, es decir, pagos de coimas.
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