Por estos días, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de audios por supuestas coimas, que terminó con el desplazamiento de su director Diego Spagnuolo y salpicó a la gestión de Javier Milei.
Trabajadores de ANDIS denunciaron que, desde diciembre de 2023, padecen el recorte de empleados, desfinanciamiento y exceso de tareas. Esto se suma al reclamo de distintas agrupaciones que se movilizaron para reclamar el pago de asignaciones, aumento de prestaciones e, incluso, mejorar el salario de los profesionales que trabajan en el área.
De acuerdo a los audios difundidos, atribuidos al ahora exdirector de ANDIS y amigo de Milei, la secretaria de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, supuestamente recibía coimas de fondos que pertenecían a la agencia, situación que impulsó varios allanamientos por parte de la Justicia.
Entre los trabajadores de ANDIS que, además, pertenecen al colectivo debido a que son personas con discapacidad, la primera “queja” que está relacionada al “exceso de tareas” debido al recorte significativo que tuvo la agencia desde la gestión de Spagnuolo.
“La reducción de personal dio como resultado una mala división de tareas porque cada uno de los empleados que quedamos tenemos mucha más carga laboral. Si aún con la planta de trabajadores que había antes éramos superados por las demandas; ahora somos 500 trabajadores menos en distintas áreas”, manifestaron.
Desde el comienzo de esta gestión, los sectores de la Agencia de Discapacidad se unificaron de manera informal e improvisada, debido a que el trabajo más relevante está vinculado directamente con la atención al ciudadano, a responder consultas o reclamos de servicios como la iniciación de trámites del Certificado Único de Discapacidad (CUD), las pensiones contributivas por invalidez laboral o las afiliaciones al programa federal Incluir Salud, que proporciona cobertura a aquellas personas que son beneficiarias de una pensión no contributiva y que no tienen acceso a una obra social o a ningún sistema de salud prepago.
Hoy, los sectores de Comunicación, Call Center y Atención Ciudadana trabajan en conjunto respondiendo reclamos porque “es casi la única tarea que les permiten hacer”.
Esta situación se agravó cuando, en el interior del país, en pueblitos o zonas rurales, Spagnuolo “decidió cerrar todos los centros de referencia”, donde la gente se acercaba a consultar por trámites relacionados a discapacidad.
“Hay que pensar los contextos: no todos en el interior tienen acceso a internet… los centros estaban buenos porque la gente tenía la orientación más personalizada y cercana a su lugar de residencia. Todo se cerró, como también cerraron los operativos territoriales y eso repercute en nosotros que estamos en la central de ANDIS, tanto en la sede de Nuñez, como en la de Hipólito Irigoyen, que es la de pensiones. La gente del interior nos tiene a nosotros como las únicas vías de contacto porque todo lo que estaba cerca de su casa, se eliminó”, señalaron los empleados de ANDIS.
Por otra parte, sostienen que, al ser los empleados con discapacidad, están “absolutamente invisibilizados” e, incluso, en algunos casos “les quitaron los medios de transporte para desplazarse a trabajar” y sólo, con el objetivo de mantenerle el puesto, le ofrecieron hacer tareas únicamente desde su casa, con las “consecuencias negativas” que impacta en la sociabilización de la persona porque “pierde el espacio compartido” con sus compañeros y colegas o de “enterarse de lo que pasa día a día” en el ámbito laboral.
Paralelamente, señalaron que lo que esta gestión “no quiere” es que las personas con discapacidad motriz, que necesitan asistencia para realizar actividades de la vida personal (como acompañamiento para ir al baño o servirse el almuerzo), “vayan sin asistencia personal”, costeada por el propio empleado (debido a que ANDIS no la brinda ni tampoco las obras sociales, por más trámites que el beneficiario realice) sumado a la falta de traslado que la Agencia de Discapacidad también eliminó.
“Siempre fue así porque la demanda del colectivo es histórica, pero ahora es peor. Para el Estado, las personas con discapacidad, al igual que los jubilados, los oncológicos, los niños y la gente con problemas de consumo, somos un gasto”, concluyeron.
Fuente: NA/Laura Impellizzeri
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