El Gobierno argentino solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska que reconsidere su orden de entregar conversaciones privadas y comunicaciones de altos funcionarios de las actuales y pasadas gestiones, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa.
El planteo se da en el marco del juicio por la expropiación de YPF, donde los demandantes buscan acceder a material que incluiría chats de WhatsApp, correos electrónicos y otras formas de contacto digital.
En esta nueva presentación, el Estado argentino argumentó que no posee los dispositivos electrónicos desde los cuales se habrían emitido los mensajes solicitados. Según el planteo, los teléfonos y computadoras pertenecen a los funcionarios en su carácter individual y no están bajo control del Estado, por lo cual no puede garantizar ni facilitar su entrega.
El nuevo pedido de Discovery incluye información sensible que, según advirtió el Gobierno, podría vulnerar principios básicos de confidencialidad y soberanía institucional. Además de Caputo y Massa, la orden alcanza a otros altos funcionarios y exfuncionarios, lo que generó inquietud dentro del Ejecutivo por el alcance del reclamo judicial.
La Procuración del Tesoro, que encabeza Rodrigo Díaz, ya había advertido la semana pasada que estaba evaluando los mecanismos legales para impugnar la decisión de Preska. En el escrito más reciente, el Gobierno calificó la orden como un avance inédito sobre autoridades nacionales y pidió al tribunal que revise el criterio aplicado en esta etapa del juicio.
Causa YPF: la Argentina busca ante la jueza Loretta Preska bloquear la denuncia de una ONG
El Gobierno se comprometió a colaborar con la justicia de Estados Unidos en la causa YPF, en medio de sospechas de corrupción sobre el ingreso de los Eskenazi. Si se confirma que ocultaron pruebas, la Argentina podría pedir la nulidad del fallo.
En medio de una de las disputas judiciales más importantes de los últimos años, el Gobierno presentó un escrito clave ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. La presentación responde a la apelación interpuesta por la organización Republican Action for Argentina (RA4ARG), que busca intervenir en el millonario juicio por la expropiación de YPF. En el documento, la Argentina ratificó su voluntad de colaborar con la Justicia estadounidense ante las sospechas de corrupción que rodean el ingreso del Grupo Eskenazi a la petrolera.
La causa YPF, que enfrenta al Estado nacional con los fondos Burford Capital y Eton Park, ya tuvo un fallo adverso en primera instancia. La jueza neoyorquina Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar más de u$s16.000 millones por la estatización de la compañía en 2012. Sin embargo, el país apeló y aguarda una definición del tribunal de segunda instancia. En paralelo, distintas derivaciones del caso siguen generando tensión política y judicial.
Apoyo a la investigación por corrupción
En su escrito, el Estado argentino pidió que la apelación de RA4ARG se tramite por separado de su propia apelación contra el fallo de Preska. Argumentó que ambos reclamos abordan cuestiones legales diferentes: mientras el Gobierno discute el fondo del caso, RA4ARG insiste en que se le niega indebidamente el derecho a intervenir como tercero interesado.
Pero lo más llamativo del texto fue el pronunciamiento explícito del Gobierno nacional sobre las denuncias de corrupción vinculadas a la compra de acciones de YPF por parte del Grupo Eskenazi durante los gobiernos kirchneristas. El escrito afirma que la Argentina “toma con seriedad todas las denuncias de corrupción” y se mostró “abierta a colaborar con una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos” sobre ese punto.
El ingreso de los Eskenazi a YPF fue objeto de múltiples controversias y, según la presentación oficial, si se llegara a confirmar que los empresarios ocultaron pruebas o brindaron testimonio falso durante el proceso judicial, la Argentina podría iniciar acciones para anular la sentencia de Preska.
Causas cruzadas y tiempos judiciales
Las sospechas sobre el rol del Grupo Eskenazi en la operación de ingreso a YPF ya aparecen mencionadas en otras causas judiciales relevantes en la Argentina, como en el expediente “Vialidad”, en el que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La posible conexión entre los hechos investigados en los tribunales argentinos y el caso que tramita en Estados Unidos podría tener impacto en el desenlace del millonario litigio.
Por lo pronto, la ONG RA4ARG tiene ahora un plazo de 21 días para responder a los argumentos esgrimidos tanto por la Argentina como por el fondo demandante. En forma independiente, también está pendiente de resolución un pedido de la misma organización para suspender la audiencia de la apelación de fondo del caso Petersen, programada para fines de octubre.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito resolvería en los próximos días si hace lugar a esa solicitud, lo que podría alterar el calendario del proceso.
Fuente: Ambito
