La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quedó confirmada al frente de una causa que investiga el pago de sobornos a una empresa estatal de energía de Entre Ríos por parte de una firma de seguridad, que involucra al ex senador de esta provincia Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay cuando intentaba entrar en auto a ese país con 200 mil dólares sin declarar junto a su secretaria Iara Guinsel Costa. Ambos están con arresto domiciliario en Paraguay. Arroyo Salgado reclama su extradición.
La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja de la defensa de los acusados Marcelo Segarra, Esteban Arcapalo y Segar Seguridad S.A y ratificó que Arroyo Salgado seguirá al frente del caso.
Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo avalaron así una decisión de la Cámara Federal de San Martín que no hizo lugar a un planteo para que el tramo ENERSA de la causa Securitas saliera del ámbito de la Justicia de San Isidro.
En 2019, la empresa Securitas, de origen sueco, hizo una autodenuncia al cambiar de gestión ejecutiva en la Argentina y descubrir que había millones de dólares salientes de la compañía de forma irregular y desde 2020 la causa tramita en el Juzgado de Arroyo Salgado. Esos pagos se habrían realizado, como coimas, a funcionarios de decenas de dependencias nacionales y provinciales para asegurar que la empresa se beneficiara con contratos de seguridad privada de organismos y edificios públicos en todo el país.
La empresa de seguridad privada admitió ante la Justicia que pagó millonarios sobornos a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y Energía de Entre Ríos SA (ENERSA), entre otros para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados.
Kueider era funcionario de ENERSA al momento del pago de los sobornos. La Justicia le detectó departamentos en la ciudad entrerriana de Paraná, en un edificio que habría construido un grupo desarrollador que integraban dos de los principales acusados en el caso Securitas, Claudio y Marcelo Tortul.
Por
