El Gobierno avanzó con la reprivatización de las represas hidroeléctricas del Comahue mediante un Decreto 564/25 que habilita la venta de las concesiones de las centrales El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados, que en conjunto aportan alrededor del 7% de la energía que consume la Argentina. La medida, cuestionada por especialistas y sectores políticos, abre un proceso licitatorio internacional que permitirá a empresas privadas operar y explotar por varias décadas uno de los activos estratégicos más importantes del sistema energético nacional.
Qué establece el decreto
La norma oficial instruye a la Secretaría de Energía a convocar a una licitación pública nacional e internacional para otorgar nuevas concesiones de explotación, mantenimiento y comercialización de la energía de las represas. El plazo de las nuevas concesiones será de 30 años y podrá prorrogarse por hasta 10 años más.
El decreto define que las ofertas deberán incluir un plan de inversión para mantenimiento y modernización de las centrales, así como propuestas para garantizar estándares de seguridad estructural, operativa y ambiental. El Estado nacional se reserva el derecho de aprobar o rechazar dichos planes.
Se fija también un canon anual que los futuros concesionarios deberán abonar, calculado en función de la energía generada y los ingresos obtenidos. Ese canon se distribuirá entre el Tesoro nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro, titulares de los recursos hídricos. Además, se establece que la energía generada deberá ser despachada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) bajo las reglas vigentes de CAMMESA.
Entre las condiciones, se estipula que las empresas deberán garantizar un mínimo de disponibilidad de potencia y cumplir con la entrega prioritaria de energía al sistema interconectado, salvo en casos de fuerza mayor. También se exige la contratación de seguros específicos para cubrir eventuales daños ambientales, estructurales o a terceros.
El pliego establecerá requisitos técnicos y económicos para los oferentes, que incluirán antecedentes en operación hidroeléctrica, solvencia financiera comprobada y capacidad de inversión. El proceso licitatorio deberá concluir en un plazo máximo de 180 días desde la publicación del llamado.
Características técnicas de las represas del Comahue
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Represa Alicurá Río Negro
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El Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados es un aprovechamiento hidroeléctrico en el curso inferior del río Neuquén. Está ubicado íntegramente en la provincia del Neuquén, a unos 60 km aguas arriba de la confluencia con el río Limay.
Complejo hidroeléctrico Cerros Colorados
Estas cuatro centrales representan un pilar fundamental de la matriz energética argentina, siendo la principal fuente de generación renovable del país. Y po eso, mientras se organiza la licitación, las cuatro operadoras pueden extender la concesión si cumplen algunos requisitos defindos en el decreto:
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Cumplir con todas las obligaciones de los contratos de concesión de 1993, incluyendo las modificaciones vigentes.
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Mantener vigente una garantía de cumplimiento del contrato no menor a u$s 4.500.000, que podrá ser una fianza o seguro de caución.
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Aceptar que cualquier cambio en el esquema remuneratorio para normalizar el Mercado Eléctrico Mayorista no será considerado incumplimiento por parte del Estado.
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Abonar las regalías a las provincias de Río Negro y Neuquén, según lo acordado con la Secretaría de Energía, respetando la proporcionalidad de ingresos.
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Presentar un inventario bimestral detallado y actualizado de bienes propios, cedidos y equipos; la falta o falsedad se considerará incumplimiento grave.
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Postergar la transferencia de ciertos bienes (según el contrato original) hasta el vencimiento del plazo establecido para la operación.
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Transferir los bienes cedidos y equipos a las nuevas empresas que resulten adjudicatarias según el decreto.
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Permitir visitas a los perímetros de las concesiones por parte de interesados en el concurso público, según las normas del pliego correspondiente.
Las críticas: soberanía y tarifas
Para la exsubsecretaria de Hidrocarburos y especialista en política energética, Cecilia Garibotti, la venta “implica resignar el control estatal sobre un recurso estratégico” y se realiza “sin un debate público serio” sobre el mejor modelo de gestión.
La experta advirtió que el Estado pierde la posibilidad de utilizar la energía hidroeléctrica -la más barata del sistema- para moderar el costo de la electricidad a hogares e industrias. “Con operadores privados, el objetivo será maximizar ganancias, lo que probablemente se traduzca en un incremento de tarifas”, aseguró.
Según detalló Garibotti, la fecha designada para la operación de venta es el 7 de octubre, pero “sería raro que se concrete justo antes de las elecciones”. En este sentido, la ex funcionaria remarcó que la medida se aleja de una planificación responsable de los recursos: “El decreto que se publicó hace mucho ruido, porque ante el vencimiento de la última prórroga, no quieren salir a decir que vuelven a prorrogar y no tuvieron avances”.
Cecilia Garibotti
En la misma línea, la Secretaría de Energía del Partido Justicialista emitió un comunicado donde calificó la medida como “una entrega ruinosa e inadmisible”. El texto recuerda que las represas fueron construidas en gran parte por el Estado y privatizadas en 1992, y que el vencimiento de las concesiones en 2023-2024 ofrecía la oportunidad de recuperar su control para la planificación nacional. “El Gobierno lleva un año y medio intentando su privatización, con marchas y contramarchas, cambiando las reglas para concretar una decisión desafortunada: entregar patrimonio nacional y reducir la presencia del Estado en el sector”, advierte el documento.
El PJ subrayó que la energía hidroeléctrica es la más barata del sistema, por lo que privatizar su gestión “traerá un incremento en los costos de operación que encarecerá la energía para hogares, comercios e industrias” y afectará la competitividad de la economía.
De la privatización de los 90 al vencimiento de concesiones
Las represas del Comahue fueron concesionadas a empresas privadas en 1992, en el marco de la política de privatizaciones del gobierno de Carlos Menem. Los contratos establecieron un plazo de 30 años, que en la mayoría de los casos venció entre 2023 y 2024. Durante ese tiempo, las concesionarias operaron las centrales y vendieron la energía al MEM, abonando un canon a las provincias y al Estado nacional.
Con la finalización de las concesiones, surgió un debate sobre si debía renovarse la operación privada, devolver la gestión al Estado o establecer un esquema mixto con participación provincial. Neuquén y Río Negro reclamaron ser parte central de la discusión, dado que los embalses y ríos utilizados están en su territorio.
Represas del Comahue: lo que viene
La Secretaría de Energía deberá publicar en los próximos días el pliego de bases y condiciones para la licitación. El proceso incluirá la evaluación técnica y económica de las ofertas y, según el decreto, priorizará aquellas que presenten mayores compromisos de inversión y mejores condiciones para la seguridad y la operación de las represas.
Mientras tanto, crece la presión política para frenar la privatización. Organizaciones sindicales, especialistas en energía y legisladores de la oposición plantean que la decisión debería discutirse en el Congreso y contar con la participación de las provincias involucradas, las universidades, el sector productivo y los trabajadores del sector.
Si el proceso avanza según lo previsto por el Gobierno, las nuevas adjudicaciones podrían firmarse antes de fin de año, marcando el inicio de otra etapa de control privado sobre uno de los pilares de la generación eléctrica del país.
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