Brasil pidió la extradición de 61 acusados en el intento de golpe de Estado en 2023


13 de agosto 2025 – 21:17

Actualmente, hay 112 condenados cumplen prisión efectiva, 44 están bajo arresto domiciliario y 29 permanecen en prisión preventiva. Principalmente se enviaron a Argentina y Estados Unidos

El 8 de enero de 2023, partidarios de Jair Bolsonaro intentaron evitar que Lula Da Silva asumiera la presidencial de Brasil.
@RonnyCombate

La Corte Suprema de Brasil (STF) informó este miércoles que pidió la extradición de 61 personas implicadas en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Jair Bolsonaro irrumpieron en sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema. Los ataques buscaban impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, ganador de las elecciones presidenciales de 2022, en lo que la Fiscalía brasileña describe como una conspiración político-militar para mantener a Bolsonaro en el poder.

El informe del STF revela que 1.628 procesos judiciales fueron iniciados por los hechos. De ese total, 638 personas fueron condenadas, 552 firmaron acuerdos de no persecución penal y 112 causas siguen pendientes de resolución. Entre los condenados, 279 enfrentaron cargos graves, como intento de golpe de Estado, asociación para delinquir o intentos de abolir el Estado democrático de derecho. Otros 359 recibieron condenas por delitos menores, relacionados con la participación en las protestas sin evidencia de intento de golpe. Las penas por los delitos más graves alcanzan hasta 17 años de prisión.

Actualmente, 112 condenados cumplen prisión efectiva, 44 están bajo arresto domiciliario y 29 permanecen en prisión preventiva. Los acuerdos de no persecución penal fueron ofrecidos principalmente a quienes permanecieron acampados frente al cuartel general del Ejército y no hay pruebas de que hayan participado directamente en el complot golpista.

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El STF indicó que las solicitudes de extradición se enviaron principalmente a Argentina y Estados Unidos, aunque los nombres de los solicitados se mantienen bajo sigilo judicial. La medida forma parte de un operativo más amplio para localizar a los acusados que huyeron del país y garantizar que respondan ante la justicia brasileña.

Bolsonaro flexibiliza su arresto domiciliario mientras sigue siendo investigado

Paralelamente, el expresidente Jair Bolsonaro enfrenta otro proceso por golpismo, en el que está acusado de liderar el complot contra la investidura de Lula y podría recibir una condena de hasta 43 años de prisión, al tiempo que se encuentra bajo arresto domiciliario.

Recientemente, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, flexibilizó las condiciones de la medida, permitiendo que familiares cercanos, incluidos sus hijos, nietos y allegados de su esposa Michelle, lo visiten sin autorización previa. La decisión sigue a un pedido de la policía federal y mantiene otras restricciones, como el uso de tobillera electrónica y un toque de queda.

La medida generó polémica dentro y fuera de Brasil: desde Estados Unidos, el Departamento de Estado criticó la decisión, alegando que “amenaza la democracia” y restringe el derecho de Bolsonaro a expresarse públicamente, mientras que el expresidente niega haber cometido algún delito.

La investigación judicial y los procesos penales muestran el alcance de los disturbios del 8 de enero como el punto culminante de una serie de intentos por socavar las instituciones democráticas brasileñas, y representan un desafío para la región, dado que varios acusados buscaron refugio fuera del país, incluyendo Argentina y Estados Unidos.


Fuente: Ambito

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