Patricia Bullrich está de fiesta. La
ministra de Seguridad autorizó a la Policía Federal a realizar
ciberpatrullajes y llevar a cabo requisas y detenciones sin orden
judicial. Los cambios en la normativa fueron publicados este martes a
través de un decreto de necesidad y urgencia que reforma las
atribuciones de la fuerza, que ahora tendrá como misión principal
“prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” y
proteger “la seguridad del Estado Nacional”. La advertencia de
los especialistas y organismos de derechos humanos.
Las 5 claves de la reforma de la
Policía Federal
- Habilita el
ciberpatrullaje en las redes sociales “sin necesidad de
autorización judicial”. - Autoriza requisas
personales y de vehículos sin orden de la Justicia. - Podrá trabajar en
la prevención de delitos mediante investigación, análisis e
inteligencia criminal guiada por la información “de manera
proactiva” en el marco de políticas determinadas por el Ministerio
de Seguridad. - Modifica los
escalafones y busca reducir progresivamente el cargo de suboficiales. - Actuar en el
mantenimiento del orden público y la seguridad “de manera
espontánea” ante delitos flagrantes “a requerimiento del
Ministerio de Seguridad”.
El decreto 383/2025 lleva la firma del
presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la
ministra Bullrich y su publicación se rumoreaba desde hacía varias
semanas. Uno de los ejes es la supuesta modernización del sistema de
ingreso y formación de los agentes, que ahora será bajo un programa
específico de ingreso y formación de universitarios ya graduados.
El decreto asegura que será en línea con los métodos y prácticas
del FBI de los Estados Unidos.
Ahora, la Federal tendrá como misión
principal la prevención, detección e investigación de delitos
federales y complejos y la colaboración en la desarticulación de
organizaciones criminales, y estará autorizada a “desarrollar
acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la
Ley de Inteligencia”.
Ciberpatrullaje a la carta
El decreto
publicado este martes en el Boletín Oficial autoriza a la Policía
Federal a realizar “sin necesidad de autorización judicial tareas
de prevención del delito en espacios públicos digitales, como
redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes
abiertas”, aunque aclara que será respetando la “protección de
datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la
privacidad de las personas”.
Sin embargo, ese
inciso desató la alarma de especialistas en seguridad y organismos
de derechos humanos, debido a los múltiples antecedentes de
detenciones y armado de causas durante la anterior temporada de
Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, donde a partir
de mensajes publicados en las redes sociales críticos del Gobierno
se detuvieron a personas y se les armaron causas por amenazas e
intimidación pública.
El caso más
resonante fue el de Nicolás Lucero, un joven que el 17 de agosto de
2016 escribió en Twitter un fragmento de la letra de una canción de
cancha que decía “Macri te vamos a matar no te va a salvar ni la
Federal”. Lucero no sólo fue demorado por la Policía, sino que en
2017 le iniciaron una causa por los delitos de amenazas e
intimidación pública. El expediente se cerró en 2018, cuando se
demostró que era inocente y que no había tenido interés alguno en
acabar con la vida del entonces Presidente.
La exministra de
Seguridad Sabina Frederic cruzó con dureza la nueva disposición y
advirtió por los riesgos que puede implicar el patrullaje en las
redes. “En este Gobierno es difícil pensar que van a usar el
ciberpatrullaje para prevenir delitos” sin control de la Justicia,
aseguró.
Incluso, recordó
que al inicio de la cuarentena se llevó adelante un seguimiento
mediante redes sociales por temor a posibles saqueos, aunque aclaró
que entonces debía ser con autorización judicial y que fue
informado a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
“Existía una disposición que había sacado Bullrich (en su
gestión con Macri). Las fuerzas, como hábito, hacían análisis de
las redes. Lo modificamos y cuando terminó la emergencia sanitaria,
se acabó esa facultad”, sostuvo, consultada por Página|12.
La abogada María
del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (Correpi), dijo a este diario que se trata de un
“ciberpatrullaje recargado”. “Lo venimos viendo en muchas
causas. En las movilizaciones contra la reforma previsional de 2017
se ordenó abrir los celulares de todas las personas detenidas para
revisar las aplicaciones y buscar y rastrear posteos y mensajes que
indicaran algún tipo de acuerdo previo, para dibujar el delito de
‘intimidación pública’. Pasó después en las marchas de 2018
contra el Presupuesto”, recordó.
Requisas sin control
Por otro lado, el
DNU autoriza la realización de requisas personales sin orden
judicial inspeccionando a personas y los efectos que lleven consigo,
así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones,
siempre que existan circunstancias previas que “razonable y
objetivamente” permitan “presumir que se ocultan cosas
relacionadas con un delito”, aunque no aclara cuáles podrían ser.
También lo habilita en caso de que “no fuere posible esperar la
orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas
que se intentan incautar” y cuando “se practique en la vía
pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos
de prevención”.
Para Frederic, se trata de habilitar un
comportamiento “fuera de lo admitido”. “No esperar la orden
judicial es una arbitrariedad pura”, afirmó la exministra de
Seguridad. “Este decreto le brinda muchas atribuciones y facultades
al Ministerio de Seguridad.
Por
su parte, para Verdú el decreto marca “un verdadero cambio de
régimen con la destrucción de los derechos y garantías”.
“Murieron las libertades democráticas”, afirmó con indignación,
y alertó por el nivel de autoritarismo que plantea la reforma de la
Federal. “Lo único peor que podría suceder es una dictadura,
donde ni siquiera se molestan en dictar una ley o decreto”, señaló.
Otra reforma integral sin pasar por
el Congreso
Como es costumbre
del gobierno libertario, la reforma de la Federal se salteó al
Congreso de la Nación. Además de las requisas y el ciberpatrullaje,
la reforma de la Federal establece modificaciones de escalafones y
cargos: pone un tope a la cantidad máxima de suboficiales a
incorporar por año, que deberá ir reduciéndose progresivamente.
Así, los suboficiales irán pasando al escalafón de oficiales, “en
tanto su conocimiento, estudios o experiencia así lo ameriten”.
Aunque aclara que “no se podrá detener a las personas sin orden de un juez competente“, el decreto asegura que “si existiesen circunstancias debidamente fundadas” que hagan presumir que alguien “hubiese cometido un delito o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiere” y demorada hasta diez horas.
Verdú aseguró
que buena parte de la letra del decreto apunta a futuras
intervenciones de la Federal en manifestaciones y movilizaciones. Por
ejemplo, remarcó un inciso que señala la intervención “espontánea”
en delitos flagrantes para mantener el orden público “a
requerimiento del Ministerio de Seguridad o, en su caso, de las demás
autoridades competentes”.
“Eso nunca estuvo establecido. El
asunto es que dice ‘espontánea’. Ya no es un policía que interviene
en un delito en flagrancia, sino que el Ministerio de Seguridad le
puede decir a la Policía ‘se está cometiendo un delito, metete en
tal local partidario o tal marcha y detené a todo el mundo’”, dijo
la abogada.
Para Frederic,
otra de las claves es que el decreto tiene ambigüedad entre
“investigación criminal” e “inteligencia criminal”, sin
detallar qué herramientas tendrá para poder desarrollar
investigación criminal “que no es lo mismo que inteligencia
criminal”, según dijo la exfuncionaria.
“Es un decreto pobre,
deja mucho reservado a la discrecionalidad del Ministerio de
Seguridad y no tiene ningún aval dentro de la fuerza”, sostuvo, y
afirmó que dentro de la Policía existe mucho descontento, que se
suma al malestar por cuestiones salariales.
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