El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca deberá reevaluar y resolver con celeridad el regreso a prisión del represor Alberto Daniel Rey Pardellas, quien reivindicó en febrero último el robo de bebés durante el terrorismo de Estado. La orden para el tribunal que integran los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido la dictó la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que la Corte Suprema de Justicia –con casi cinco años de demora– anulara el privilegio que le ofrendaron el militar retirado en marzo de 2020. “Pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación en estos hechos”, destacó en su voto el juez Alejandro Slokar.
Rey Pardellas es uno de los 35 acusados por delitos de lesa humanidad en el mega-juicio que se realiza en Bahía Blanca, que incluye los casos de 321 víctimas. En 1976 era jefe de la “Compañía Servicios” del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército, que según la Unidad Fiscal de Derechos Humanos se reorganizó aquel año para llevar adelante “la misión de aniquilamiento” en el marco de la denominada “lucha contra la subversión”. Con ese fin se conformó una compañía de infantes “compuesta por secciones y grupos antiguerrilla”, que realizaron grandes operativos de secuestros en ciudades como Villarino, Tres Arroyos o Coronel Dorrego. El Batallón tuvo centro clandestino propio en sus instalaciones del Cuerpo V, donde interrogaban y torturaban a los secuestrados.
En febrero, durante una interminable declaración indagatoria desde la comodidad de su casa, Rey Pardellas hizo una apología del plan sistemático de robo de bebés, elogió el supuesto “sentido humanitario” de quienes se apropiaron ilegalmente de niños y falsearon la identidad de quienes llamó “hijos de terroristas”, con el noble objetivo de que evitar que “crecieran odiando como odiaban sus padres”. Lamentó que muchos de los nietos recuperados, “al igual que sus padres, tienen la sangre maldita” (sic), y no se privó de atacar a los fiscales: “Sus descendientes pagarán las consecuencias, ustedes son cómplices de esta traición”, lanzó. La Unidad Fiscal que integran Miguel Palazzani, Paula Molini y Pablo Fermento pidió en octubre la pena de prisión perpetua para Rey Pardellas, que está acusado como coautor mediato de una treintena de secuestros y tormentos agravados, más un caso de abuso deshonesto y un homicidio agravado.
El militar gozó de absoluta impunidad hasta noviembre de 2014, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo en la vía pública en la localidad de La Reja, partido de Moreno, en el Conurbano bonaerense. Cinco años después, por las eternas demoras del Poder Judicial, que aún no había fijado fecha de inicio del juicio, el tribunal dictó el cese de su prisión preventiva. En marzo de 2020, ante la apelación de la Unidad Fiscal, la sala 2 de Casación confirmó esa decisión con la disidencia de Slokar. El jueves pasado, es decir casi cinco años después, la Corte le dio la razón al voto disidente y anuló ese fallo.
El base a lo resuelto por la Corte, la misma sala de Casación pero con votos de Slokar, Yacobucci y Ángela Ledesma le ordenó ahora al tribunal bahiense que resuelva con celeridad los planteos del Ministerio Público Fiscal y revea la liberación del acusado, que enfrenta una posible pena de prisión perpetua.
El represor tiene arresto domiciliario en uno de los tramos elevados y acumulados a la investigación, benefició que también deberá ser reevaluado. Tanto en su voto de 2020 como en el de esta semana, Slokar resaltó que “pesa sobre los magistrados un especial deber de cuidado para neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación en estos hechos”.
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