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Caso Brisa López: el intento de la Armada por encubrir los maltratos durante un “entrenamiento antidisturbios” | “Ustedes digan que se golpearon en su casa”



“Si alguien les pregunta qué les pasó, ustedes tienen que decir que se golpearon en su casa”. Esa fue la indicación que recibieron de sus superiores los marineros voluntarios que participaron en el mismo entrenamiento “antidisturbios” que Brisa Páez, la chica de 21 años que terminó durante dos semanas en coma inducido debido a que los médicos no podían parar las convulsiones que sufría después de la patada voladora que recibió de uno de los instructores de la Armada. Una decena de jóvenes que participaron del mismo ejercicio militar dieron su testimonio ante la jueza Sandra Arroyo Salgado y la mayoría dejó en evidencia que habían sufrido lesiones indisimulables, además de que les dijeron que debían mentir al respecto. La chica ya pudo declarar este viernes, desde el Hospital Militar Central donde sigue internada, y confirmó la brutalidad a la que ella y sus compañeros fueron sometidos, según pudo reconstruir a través allegados al caso Página/12

En un comienzo fueron detenidos ocho marinos. Uno fue liberado ya que resultó ser alguien que en realidad estaba recibiendo el violento entrenamiento. Tenía golpes y  dificultad para caminar. La jueza rechazó los pedidos de excarcelación de siete hombres de la Armada que tienen distintos rangos (cabo segundo, cabo primero, marinero primero, y hay un suboficial de inteligencia). En este grupo están incluidos los que se encontraban cargo de la actividad y un superior jerárquico. No está claro hasta el momento quién ordenó este tipo de práctica, que se realizó el 4 de abril en la Facultad de la Armada (en la jefatura militar de Vicente López) que forma parte de la Universidad de Defensa Nacional. 

¿Entrenamiento antidisturbios? 

La indicación de ocultar o mentir sobre lo ocurrido va de la mano con uno de los interrogantes claves del expediente: ¿Por qué la Marina entrena a sus miembros en operativos “antitumultos”? ¿Pretenden que repriman la protesta o qué? La pregunta engancha con la duda que desde el año pasado plantean organismos de derechos humanos respecto del papel que el gobierno de Javier Milei intenta darle a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior, en particular desde que se publicaron los decretos 1107/2024 y 1112/2024 con la excusa de otorgarle funciones para responder no sólo a ataques externos sino a las llamadas “nuevas amenazas”, al terrorismo internacional, el narcotráfico y los ciberataques. Además, la normativa les delega la protección de “objetivos de valor estratégico”, que define como bienes o instalaciones que cuyo daño o destrucción implicaría un grave perjuicio para el país. Podrían militarizar la Plaza de Mayo, la ciudad entera hasta los aeropuertos o Vaca Muerta, advirtió en su momento el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

Hasta ahora ni el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, ni la Armada presentaron ninguna disposición o reglamento que expliquen la razón de un entrenamiento “antidisturbios”, según rastreó este diario. Como para darle algo a la jueza, todo indica que le entrgaron disposiciones viejas, incluso una de cuando Nilda Garré era ministra de Defensa: se trata de la resolución 1020/2009 sobre “principios para ser aplicados ante hechos delictivos violentos flagrantes contra la jurisdicción militar” que preveía, en rigor, criterios para “la aplicación proporcionada de la fuerza militar ante la ocurrencia de delitos comunes en jurisdicción militar, en orden a proveer la adecuada protección de la integridad física de las personas y de los bienes afectados… ” Además de que no parece ser el caso ni tener relación con del entrenamiento antidisturbios que se investiga, esa resolución fue derogada durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Al juzgado le hicieron llegar desde el gobierno, de manera informal, una teoría según la cual los ejercicios antidisturbios vienen de la época del gobierno de Carlos Menem y se aplicarían en los casos de que hubiera reclamos internos, por ejemplo salariales, de personal civil de la Armada. También intentaron poner el eje en que la persona que le habría propinado a Brisa la peor patada había tenido una relación sentimental con ella, como para dar a entender que era un tema personal y no institucional. Arroyo Salgado sigue pidiendo documentación y ordenó allanamientos varios en busca de alguna explicación. Los testigos coincidieron en que estos entrenamientos no son los habituales. Es más, nunca antes los vieron. Los únicos ejercicios rutinarios son, por ejemplo, las clásicas flexiones y cuerpo a tierra.

Los imputados fueron indagados el 17 de abril pero ninguno quiso declarar. Sólo quien fue liberado presentó un escrito. La mayoría están representados por defensores oficiales. Durante las testimoniales, a través de sus preguntas, hubo abogados de los militares que intentaron introducir la idea de que Brisa en realidad se había golpeado la frente con una escalera un rato antes del entrenamiento. Eso, en efecto, había ocurrido y explica que la chica tuviera un chichón en la frente. Pero fue algo menor, no fue la razón por la que se descompuso y terminó con convulsiones. El cuadro que la dejó al borde de la muerte fue producto de los fuertes golpes recibidos y las caídas.  

La historia de Brisa y los hechos

Brisa Páez llevaba cuatro meses en la Armada cuando terminó en el hospital en terapia intensiva con pronóstico reservado. Su padre es un marino de carrera. Ella ingresó con el grado conocido como “marinero segundo” o “marinero de segunda”. Es un escalafón que no forma parte del militar propiamente dicho y requiere poca formación (un mes aproximadamente). Se los considera marineros voluntarios. Hacen algunas tareas (administrativas, limpieza, vigilancia, entre otras) por sueldos que oscilan entre los 400.000 y 500.000 pesos. Es una opción que buscan muchos/as jóvenes de sectores vulnerables como salida laboral. 

Lo que le ocurrió a la joven en un comienzo fue reconstruido por el relato de sus compañeros y compañeras, que coincidieron en que el entrenamiento estuvo caracterizado por un uso excesivo de fuerza, además de que no habían recibido prácticamente nada de preparación o explicaciones previas. En el momento les dieron escudos y cascos y los instructores hicieron un simulacro: actuaban de manifestantes, les tiraban objetos, los golpeaban y empujaban con una virulencia que sorprendió.  

Uno de los marineros relató que los hicieron formar para devolver los elementos y era evidente que estaban llenos de golpes, raspones y moretones. “Unos superiores nos dijeron que era mejor que no dijéramos nada”, declaró bajo juramento, palabras más palabras menos. Pero no fue el único que refirió esa advertencia. Otros la repitieron en términos similares, pudo confirmar Página/12. “Si alguien les pregunta qué les pasó, ustedes tienen que decir que se golpearon en su casa”, relató otro de los testigos. 

Según contaron ante el juzgado los marineros, Brisa recibió una fuerte patada de parte de un cabo, que incluso habría tomado carrera para dársela y que provocó su caída de espaldas. Le costó levantarse. Pero no era el primer golpe que recibía. Aguantó dolores y malestar. Cuando terminó el ejercicio avisó que le dolía la cabeza. Le dieron vueltas hasta que alguien tomó la cuestión en serio y le llevaron al área de Sanidad, donde le pusieron un cuello ortopédico y decidieron mandarla al Hospital Militar de Campo de Mayo para hacerle estudios de mayor complejidad. Allí empezó a tener convulsiones que los médicos no lograban frenar, por eso decidieron aplicar lo que se conoce como “coma farmacológico” o inducido, de modo de sedarla y tratar de protegerla neurológicamente. 

El lunes último los especialistas decidieron probar quitarle la sedación que generaba el “coma” y desde entonces no volvió a tener convulsiones. Pero todavía se sigue estudiando qué fue lo que le sucedió y si tiene alguna lesión neurológica o de otro tipo. La jueza fue a verla ese día. Las primeras versiones que había recibido desde el lado militar decían que los estudios mostraban resultados normales. Pero decidió hacer más consultas. Convocó al neurólogo Ignacio Previgliano, quien señaló que había pequeñas lesiones en el cerebro. Esa observación fue compartida por el titular del Hospital de Campo de Mayo. Arroyo Salgado, de todos modos, ordenó otra junta médica, del Hospital Militar –donde está internada la chica– y el Cuerpo Médico Forense.  Aun no terminaron de definir un diagnóstico como para dictaminar el origen del cuadro convulsivo y las posibles secuelas. 

En primera persona

Esta semana los peritos del Cuerpo Médico, psiquiatras y médicos clínicos evaluaron que Brisa podría declarar, con algunas limitaciones, desde el hospital. Habla bajito, en parte tiene la voz afectada por haber estado varios días con respirador. Lo especialistas pidieron que hubiera poca gente en lugar. Estuvo presente su papá, una secretaria del juzgado y la defensora de víctimas Inés Jaureguiberry que representa a Brisa. Otros participaron en forma remota. 

El relato fue breve, ya que la joven se cansa con facilidad. Confirmó la descripción de sus compañeros/as, los elementos que le dieron para el entrenamiento, dijo que fue “brusco” por demás y que el golpe que más la afectó habría sido el que sufrió al caer de espalda. Precisó que el chichón en la frente había sido producto de un roce con una escalera y que fue insignificante. Su defensora había pedido que se rechazaran las excarcelaciones y que nadie de la fuerza vinculado al tema se le acerque. 

En los próximos días podría haber alguna definición médica y sobre la situación procesal de los detenidos, que podrían quedar comprometidos al menos en el delito de lesiones graves. Restará dilucidar de dónde salió la orden y cuánto de esta práctica tiene de relación con alguna disposición específica y el empecinamiento del gobierno por dar facultades a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. De hecho, el plan que manejan en conjunto el ministro Petri y la de Seguridad, Patricia Bullrich, ya comenzó su despliegue con el traslado de 1300 soldados a Salta, para controlar la frontera y combatir el narcotráfico con un operativo que bautizaron “Julio Argentino Roca”, en el aniversario 146 de la Campaña del Desierto, contra la población indígena. 



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