Profesionales de las Ciencias Matemáticas y la Educación elaboraron un documento en el que se oponen a las evaluaciones obligatorias que el gobierno nacional le empezó a tomar ayer a los trabajadores estatales contratados. “No a la matemática como medio de selección”, es el título de la declaración en la que denuncian que los exámenes que promovió el ministro Federico Sturzenegger no apuntan a una organización en torno a los saberes que los trabajadores necesitan para sus tareas, sino que “se vuelve a ubicar la matemática como un medio para dictaminar la posibilidad de conservar el trabajo”. A su vez, destacaron la “indignación, consternación y preocupación”, que genera “en la comunidad de educadores matemáticos” cuando se vuelve a utilizar “esta disciplina como un medio de selección para dividir aguas entre capaces e incapaces”.
“Al analizar los problemas que se ofrecen para que los trabajadores ‘practiquen’ constatamos que se trata de una selección arbitraria, sin conexión alguna con situaciones de trabajo. Muchos de estos ejercicios están mal planteados porque omiten la explicitación de los supuestos necesarios para resolverlos, otros aluden a contextos -como pasarelas mecánicas- que pueden ser totalmente ajenos a muchos trabajadores, otros tantos son más próximos a jueguitos de ingenio y en muchos casos están formulados de manera oscura obstaculizando por esa razón su resolución sin que eso signifique no disponer de los conocimientos para resolverlos”, denunciaron los firmantes de la declaración luego de indagar en los contenidos propuestos en las evaluaciones que deberán contestar los trabajadores estatales.
Las científicas Carmen Sessa, Patricia Sadovsky y Valeria Borsani, expertas en Didáctica de la Matemática remarcaron que los “ejercicios referidos a contenidos matemáticos se tratan en los primeros años de la escuela secundaria y que probablemente muchos trabajadores no hayan necesitado poner en juego nunca más -por ejemplo, un gráfico cartesiano de la relación velocidad-distancia recorrida-”. Además, plantearon que “en todos los casos es imposible aceptar que la resolución de esos ejercicios pueda medir la calidad del trabajo”, y se preguntaron a modo de conclusión: “¿Quiénes los propusieron? ¿A qué criterios de planificación estatal responden? ¿Por qué la resolución de estos problemas supondría una certificación de idoneidad?”.
Las especialistas y los firmantes que se adhirieron a la declaración buscan respuestas para saber “¿Cómo se garantizará la transparencia en el proceso de corrección y quiénes serán los responsables de llevarlo a cabo?”, porque “teniendo en cuenta que se trata de una acción que compromete un aspecto esencial de la vida de una persona, como es el trabajo, es una obligación del gobierno explicitar detalladamente los mecanismos de este operativo para dar lugar a un imprescindible control público”. Indicaron también que se trataba de “Preguntas sin respuestas que dan cuenta de la irresponsabilidad implicada en una acción de gobierno que solo apunta a atemorizar a un importante sector de los trabajadores, en un persistente y cruel intento de desvalorización, inscripto en tantos otros gestos despectivos de los funcionarios del gobierno hacia todo aquello que aporte al bien común”.
Finalmente, las científicas destacaron que las matemáticas “tienen un valor formativo importante”, y que existen “líneas de trabajo para resituar a la escuela como el espacio en el que los niños y jóvenes puedan apreciar el aporte de los conocimientos para entender el mundo y actuar en él, aun en las difíciles condiciones socioeconómicas de amplios sectores”. Finalmente afirmaron que tal era el modo en que entienden “la inclusión de los alumnos en el estudio de la matemática escolar, promoviendo así una clara oposición a utilizarla como medio de selección”.
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