El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 debe decidir si le concede a Cristina Fernández de Kirchner la prisión domiciliaria que solicitó para cumplir la pena de seis años de prisión que le confirmó la Corte Suprema el martes pasado. Mientras se espera la definición de Comodoro Py, hay voces en los medios de comunicación que reclaman restricciones para la expresidenta si llegaran a otorgarle el arresto en su departamento de la calle San José 1111. Demandan que no pueda mantener reuniones, que se controlen los ingresos a su hogar, un uso acotado de redes sociales y hasta la prohibición de salir al balcón. Como escribió en su cuenta de X la exdiputada Myriam Bregman, más de uno se desmayaría si se enterara cuál es el estándar que se aplica para quienes están en sus casas cumpliendo condenas por los peores crímenes sancionados por el Poder Judicial argentino.
“Mientras en los medios se discute si pulsera sí o no, semanalmente un militar de 80 o más muerte en la cárcel sin condena, solo por serlo”, escribió con su amargura habitual Carlos Manfroni. Además de excolumnista de la revista Cabildo, Manfroni es el jefe de gabinete de Patricia Bullrich. El Ministerio de Seguridad estuvo encargado en estos días de proveer propuestas para detener a los condenados de la causa Vialidad, lo que incluye a CFK.
A Manfroni lo desmienten las estadísticas que publicó el viernes la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). Solo una ínfima cantidad de quienes cometieron crímenes durante la dictadura está en la cárcel. Según el Ministerio Público Fiscal, hay 38 represores en unidades penitenciarias; 76 en la Unidad 34 de Campo de Mayo –considerada una cárcel VIP en una guarnición militar– y 498 en arresto domiciliario.
“La mayoría de los genocidas (más del 80 por ciento) condenados por los peores crímenes de lesa humanidad gozan de la comodidad de sus casas, sin que eso merezca un renglón en los medios que ahora se rasgan las vestiduras”, hizo notar, en sintonía, Bregman, que actúa como abogada querellante.
A diferencia de lo que intenta instalar el Gobierno, los datos muestran que los jueces son proclives a enviar a los militares, policías y exintegrantes de los servicios a sus casas. De hecho, el 21 de mayo pasado, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal le concedió el arresto domiciliario a Carlos Felipe Maisonnave (73), detenido por el asesinato de una pareja en Villa Elisa. El exintegrante del Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell no presentaba graves problemas de salud –de hecho, figura que no tenía antecedentes cardiovascuales–, pero tanto Juan Carlos Gemignani como Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques invocaron razones humanitarias en razón de la edad. Sostuvieron, además, que no existían riesgos procesales en razón del arraigo que el militar retirado tiene con su familia.
El TOF 2 firmó el viernes el otorgamiento de la prisión domiciliaria del represor Héctor Horacio Marc (74), exintegrante del Servicio Penitenciario Federal (SPF) condenado a 25 años de prisión por su actuación en el circuito conformado por los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo (ABO). En el caso de Marc, Rodrigo Giménez Uriburu –uno de los jueces que podría llegar a decidir sobre la situación de CFK– consideró los informes médicos, la edad y los principios de trato humanitario y pro homine para concederle que se quede en Bariloche al cuidado de su hija. Giménez Uriburu propuso mantener la vigilancia electrónica y que semanalmente se supervise el domicilio. Lo acompañaron Jorge Luciano Gorini –juez de ejecución en el caso Vialidad– y Néstor Guillermo Costabel, que no fue parte de los magistrados que juzgaron la causa de la obra pública en Santa Cruz.
“Hay pedidos de los genocidas que no están por fuera de la lógica general de quienes estan en prisión domiciliaria. Ahí lo que se ve es el clasismo con el que el Poder Judicial resuelve: es más fácil que autoricen a un genocida a ir al cumpleaños de quince de su nieta que a una piba ‘mula’ a asistir al primer día de clase de su hijo o acompañarlo a una operación al hospital o al velatorio de un familiar”, dice la abogada querellante Guadalupe Godoy, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
“Otros pedidos son realmente escandalosos, así como su concesión. Se trata de personas que siguen cometiendo sus crímenes porque las apropiaciones y las desapariciones continúan o porque se han organizado para impedir la continuidad de los juicios”, añade Godoy.
La doble vara
Página/12 conversó con jueces, fiscales y abogados querellantes para reconstruir cuál es el estándar que se ve en los casos de lesa humanidad, y no atraen el interés mediático.
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Cuidado de familiares. Hay represores que plantean que deben cuidar a familiares cercanos. El ejemplo más recordado es el del dictador Reynaldo Benito Bignone, que tenía a su hijo a cargo, y llegó a jactarse de que él salía todos los días de su casa. Raúl Esteban Andrés, que está siendo juzgado en Bahía Blanca, tiene autorización para visitar semanalmente a su madre.
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Caminatas por el barrio y algo más. Daniel Cuomo, condenado por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), consiguió autorización para salir tres días por semana durante dos horas y una hora más durante el fin de semana. Carlos Mario Castellví tiene caminatas diarias junto a su garante. Juan Carlos Rolón también puede salir a recorrer el barrio. Alejandro D’Agostino, piloto de los vuelos de la muerte, suele entrar y salir de su casa como si nada, pese a las protestas de la fiscalía. Ahora, está pidiendo ir a caminar tres veces por semana al Círculo de la Prefectura, que está a nueve kilómetros de su residencia. En 2021, el TOF2 le concedió a Eduardo Ángel Cruz, alias Cramer-represor de la Policía Federal Argentina (PFA), la posibilidad de salir a caminar por los alrededores de su casa sin consultar antes la opinión de la fiscalía ni de las víctimas. Por esa razón, la Sala II de la Casación revocó la decisión.
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Vacaciones: Jaime Lamont Smart, que colecciona condenas a prisión perpetua desde 2012 sin que la Corte se haga el tiempo de revisarlas, consiguió en 2010 que le dieran más de un mes de vacaciones en Bariloche para pasar tiempo con sus hijos y nietos. Hoy por hoy, dejó su casa de la Ciudad de Buenos Aires y se instaló en Santa Cruz.
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Misas: Horacio Luis Ferrari, condenado a perpetua por crímenes en la ESMA, tiene autorización para ir a misa en la iglesia Jesús del Huerto de los Olivos de Vicente López. Al principio, iba solo los domingos. Después pidió que le extendieran el permiso para los sábados.
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Cazadores de ofertas: Orlando González, conocido como “Hormiga” en la ESMA, consiguió autorización para alternar entre distintos supermercados para conseguir mejores precios. También incluyó en la rutina la verdulería “El boliviano” de Villa Adelina. González también tiene permiso para salir de su casa todas las veces que sean necesarias para tomarse la presión. En la edición de este año de la Feria del Libro presentó una publicación en la que critica los juicios de lesa humanidad.
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Celebraciones familiares: Castellví consiguió autorización para pasar las Pascuas, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, bautismo de la nieta y sepelio del mejor amigo. Randolfo Agusti Scacchi –también condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA– pidió autorización para ir al cumpleaños de su nieto más chico, y la consiguió.
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Atender un negocio: Antonio Marcos Ochoa Albornoz era el responsable del estacionamiento que usaban funcionarios judiciales. Ingrata sorpresa se llevaron, en agosto de 2023, los fiscales cuando vieron que uno de los imputados del juicio al D2 de Mendoza era el hombre al que le confiaban las llaves de sus vehículos.
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Fiestas en casa: Jorge Olivera, condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad en San Juan, festejó sus 50 años de casado en su residencia de Olivos. Tiró la casa por la ventana con un show de Ramón “Palito” Ortega. No le revocaron la domiciliaria, solo ordenaron controles policiales para evitar que otra de sus festicholas desvirtuara la razón del arresto domiciliario.
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En ninguno de los casos, las partes en los juicios mencionaron que existan restricciones en las comunicaciones o controles de las personas que ingresan a la casa de un detenido por estos crímenes. De hecho, Ricardo Cavallo –represor de la ESMA que estaba preso en Ezeiza y fue recientemente trasladado por decisión de Patricia Bullrich a la Unidad 34 de Campo de Mayo– está autorizado a tener una computadora dentro de la cárcel. Existe otro grupo de presos, los Muertos Vivos, que tienen una cuenta de X (exTwitter).
“Aclarando de entrada de que ésta es una condena arbitraria y CFK no tiene que estar presa, podemos decir que la justicia federal mileísta-macrista, que es mayoría en Comodoro Py, tiene doble vara para medir muchas cosas–entre ellas, la domiciliaria”, afirma el abogado querellante Pablo Llonto. “A muchos genocidas, asesinos y torturadores les concede beneficios estrafalarios; con los presos políticos por luchar o con quienes les armaron causas se hacen los duros. Ojalá que las pocas juezas y los pocos jueces dignos hagan algo y no se queden en silencio frente a estos atropellos”, insistió.
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