La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del fiscal Carlos Stornelli en la causa que se le seguía por haber pergeñado, junto a Marcelo Sebastián D’Alessio, una cámara oculta para perjudicar al abogado José Manuel Ubeira cuando estaba en pleno trámite el caso de los “Cuadernos”.
El 27 de febrero de 2019, hace seis años, el juez federal Alejo Ramos Padilla llamó a indagatoria a Stornelli porque tenía elementos para sospechar que era parte de una red que se dedicaba a extorsionar y espiar. D’Alessio era el miembro más prominente de ese grupo y el que tenía terminales en la justicia, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el Ministerio de Seguridad.
El juzgado federal de Dolores había encontrado mensajes en los que Stornelli le pedía D’Alessio que convenciera a un abogado, Rodrigo González, de hacerle una cámara oculta a Ubeira, que, para entonces, era el defensor de Oscar Thomas en la causa de los cuadernos. Ese expediente estaba en manos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Stornelli. D’Alessio rechazó esa posibilidad. No quería que González dejara la defensa de Leonardo Fariña, el arrepentido estrella.
Pero ahí no se terminó esa historia. Después de unos días, D’Alessio le envió unos videos a Stornelli. “La cámara oculta la hice yo”, se jactó. El fiscal, rápido de reflejos, le pidió: “Dame una mano”. D’Alessio se mostró más que predispuesto: “Obvio. Yo lo empomo al abogado que te quiso girar. Ese es mi trabajo. Llego y lo hago”.
El 5 de enero de 2019, el falso abogado reanudó el contacto con el fiscal de Comodoro Py. “Hola Carlos: ¿El martes a qué hora no te parece invasivo para la familia? Así, voy a verte a Pina y organizamos lo del abogado hdp que te quiere girar. Yo me adapto”, le escribió. Stornelli le respondió que fuera cuando quisiera.
Tres días después, D’Alessio viajó hasta Pinamar, donde Stornelli suele vacacionar. Fue con el empresario Pedro Etchebest, quien grabó toda la secuencia como prueba de que lo estaban extorsionando. Se encontraron en la confitería del balneario CR. Allí, D’Alessio tomó notas de lo que conversaron, y en su libreta negra escribió: “abogado, ardid”.
El 11 de enero de 2019, tres días después del encuentro en Pinamar, D’Alessio volvió a escribirle a Stornelli. “Ya tengo los datos del letrado atrevido. Hice (que) me analizaran (la) coincidencia de antenas”, le anunció. A los pocos días, la maniobra quedó suspendida porque Etchebest fue al juzgado federal de Dolores –entonces a cargo de Ramos Padilla– para denunciar a la banda de D’Alessio.
Stornelli estuvo más de siete meses en rebeldía porque se negaba a ir a declarar como imputado. Ramos Padilla lo procesó. La Cámara Federal de Mar del Plata alivió su situación, pero mantuvo en pie algunas imputaciones. Entre otras, la de la cámara oculta contra Ubeira –actualmente abogado de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por el intento de magnicidio. La Cámara de Casación sacó todas las causas de espionaje de Dolores días después de que Martín Bava, reemplazante de Ramos Padilla, procesó a Mauricio Macri por la vigilancia ilegal sobre las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
Desde entonces, las investigaciones quedaron en manos del juez Julián Ercolini, que primero dictó la falta de mérito de Stornelli. En julio del año pasado, lo sobreseyó. La decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal porteña dos meses después. Ubeira recurrió la resolución y llevó el tema hasta Casación. El fiscal Raúl Pleé inclinó la mesa a favor de su colega: dijo que no era prematuro el sobreseimiento porque había estado más de cuatro años bajo investigación.
La Sala II de la Casación –conformada en este caso por Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos y Ángela Ledesma– ratificó el sobreseimiento del fiscal. Tanto Yacobucci como Hornos dijeron que no existían pruebas suficientes contra Stornelli.
“No se han reunido elementos que permitan inferir un accionar ilegal de Stornelli”, escribió Yacobucci. “De los registros de mensajes entre D’Alessio y Stornelli no se desprende por sí solos y sin otros elementos probatorios que los corroboren una conducta atribuible al aquí imputado que resulte merecedora de reproche penal”, completó Hornos –que entendió que Ercolini está facultado en cualquier momento del proceso para dictar un sobreseimiento.
Ledesma convalidó el sobreseimiento porque considera que ”no es posible concebir un proceso penal para delitos de acción pública sin la participación y el control del acusador público”. Para la jueza, no se sostiene una causa con el impulso de una querella si no hay acusación de la fiscalía.
En Comodoro Py, la postura de Ledesma no es hegemónica. La Cámara Federal porteña aceptó, por ejemplo, a la ONG Bases –conformada por exfuncionarios macristas– como querellante después de que el fiscal Guillermo Marijuán dijera que no tenía elementos para continuar investigando a CFK en la causa que pasó a la fama como “ruta del dinero K”. Con el impulso de Bases y sin la acusación fiscal, revirtieron el cierre de la investigación.
Las investigaciones por el espionaje macrista fueron quedando en la nada por obra y gracia de Comodoro Py. Esta semana, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal bloqueó el acceso a la Corte Suprema de los querellantes que pretenden dejar sin efecto el sobreseimiento que dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en favor de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Junto con los espías conocidos como “Súper Mario Bros” habían hecho inteligencia ilegal sobre los presos –exfuncionarios y empresarios– kirchneristas. Los penitenciarios fueron procesados por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, pero su suerte mejoró notablemente cuando le sacaron la causa para que tramitara en los tribunales federales de Retiro.
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