El Gobierno de Javier Milei publicó este lunes el Decreto 21/2025 en el que ordenó la adquisición “secreta” de un sistema antidrones por “razones de seguridad nacional”, luego de que en noviembre cayera un dron cerca de la Embajada de Israel y en diciembre apareciera otro en la terraza del Congreso de la Nación.
Según explica el decreto, la decisión de adquirir sistemas antidrones responde a la necesidad de enfrentar las “distintas amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como ‘drones civiles'”.
Este tipo de dispostivos, advierte el texto oficial, no solo son de fácil adquisición sino que también tienen “un amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso”.
En ese sentido, el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich sostiene que los drones civiles -capaces de grabar audio e imágenes- podrían por su versatilidad ser utilizados para “atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como contra objetivos estratégicos clave”.
Como posibles amenazas, el decreto publicado este lunes menciona “ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”.
De allí la necesidad -argumenta el Gobierno- de adquirir sistemas antidrones, aunque de forma secreta: “Con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir, el Ministerio de Seguridad considera necesario sustanciar la contratación”, explica el documento.
La decisión publicada este lunes también incluye la intervención del servicio jurídico de la cartera de Seguridad, para garantizar que la adquisición cumpla con las disposiciones legales correspondientes.
Drones en el Congreso
El pasado 28 de diciembre, unos días después de que la Policía de Transito de la Ciudad de Buenos Aires protagonizara un escándalo intentando obligar a dos diplomáticos rusos a hacerse un test de alcoholemia cuando conducían sendos autos con chapa diplomática y no habían cometido ninguna irregularidad, la Policía Federal dijo haber encontrado un dron marca “DJI”, modelo MAVIC Mini PRO4, que podía registrar imágenes y grabar sonido, en una de las terrazas del Congreso de la Nación.
Por el hecho se hizo una denuncia en la Justicia Federal que recayó en el despacho del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. A pedido de la División Intervenciones Judiciales, el juez ordenó el secuestro del aparato y abrió una causa por intimidación pública para pedir la identificación de los tres ciudadanos rusos que manipulaban el aparato sobre el Palacio Legislativo: Pavel Bandurin, Igor Lomakin y Vitaly Kharlabo.
Luego se supo que los rusos se habrían presentado ese mismo día, con un cochecito de bebé, para denunciar la pérdida del aparato no tripulado.
Anteriormente, en noviembre, un dron cayó a metros de la Embajada de Israel, ubicada en Avenida de Mayo al 700, lo que provocó un gran operativo de seguridad. Horas después, la ministra Bullrich, acostumbrada a hacer de cada intervención de su cartera un show, dijo: “Llevamos tranquilidad a la población: se confirmó que no se trató de un ataque, sino de la imprudencia de un usuario particular”.
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