Condenaron al expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal


El exlíder fue hallado responsable de presionar a testigos para favorecer su causa judicial. Cumplirá arresto domiciliario.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe.
Foto: Getty Images for Concordia

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este jueves a 12 años de prisión domiciliaria, tras ser hallado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión fue dictada en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien también le impuso una multa de 2.420 salarios mínimos y una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos.

Según el fallo, Uribe habría promovido una red de manipulación de testigos a través de terceros, entre ellos su exabogado Diego Cadena, para desviar investigaciones judiciales que lo involucraban. Aunque fue absuelto por el cargo de soborno simple, la jueza consideró probada su participación en maniobras que ofrecían beneficios a presos a cambio de testimonios que favorecieran su situación legal.

De momento, la condena no se hará efectiva, ya que la defensa del exmandatario anunció que apelará la sentencia, lo que trasladará el expediente al Tribunal Superior de Bogotá.

Una causa que sacudió la política colombiana

La sentencia contra Uribe, quien es considerado uno de los dirigentes más influyentes de las últimas décadas en Colombia, generó un fuerte revuelo institucional y político. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado penalmente.

El caso comenzó a tomar forma en 2018, cuando la Corte Suprema detectó irregularidades en testimonios utilizados por Uribe para denunciar al senador Iván Cepeda. Años antes, Cepeda había presentado declaraciones de exparamilitares que vinculaban al expresidente con estructuras ilegales durante su gestión como gobernador de Antioquia. Uribe respondió con una denuncia, pero los magistrados consideraron que fue él quien manipuló testigos.

En 2020, fue sometido a arresto domiciliario por 67 días, situación que lo llevó a renunciar a su banca en el Senado y así pasar de la órbita del alto tribunal a la justicia ordinaria. El proceso enfrentó varios intentos de preclusión, todos rechazados, hasta que en 2024 la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo formalizó las acusaciones.

El fallo provocó reacciones internacionales. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó duramente la condena y afirmó que “el único delito de Uribe fue defender a su patria”. La respuesta no se hizo esperar: la Corte Suprema colombiana rechazó la “injerencia” y el presidente Gustavo Petro calificó las declaraciones de Rubio como una “intromisión a la soberanía nacional”.

Mientras tanto, la causa sigue abierta y el futuro judicial de Uribe ahora dependerá del análisis del tribunal de alzada.


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Ambito