continúa el debate sobre el Servicio Penitenciario, con foco en ejecución de pena y reinserción


La Legislatura porteña continúa con el tratamiento de los proyectos de Servicio Penitenciario de CABA y de Ejecución de Pena, ambas iniciativas impulsadas por el gobierno de Jorge Macri, en el marco del traspaso de las competencias que negocia con Nación. En esta oportunidad, los legisladores del oficialismo y la oposición pusieron sobre la mesa las herramientas de reinserción como un aspecto central de la futura ley.

Las comisiones de Justicia, que preside Inés Parry; Legislación del Trabajo, a cargo de Matías Barroetaveña; Seguridad, presidida por Gimena Villafruela; y Asuntos Constitucionales, encabezada por Hernán Reyes, recibieron al subsecretario de Política Criminal de Ciudad, Leandro Halperin, para debatir sobre derechos y obligaciones en el ejercicio del poder disciplinario de las personas privadas de la libertad en contexto de encierro.

Entre los temas abordados, discutieron sobre el desarrollo de un “Plan de Vida” para aquellos que se encuentran privados de su libertad, con el objetivo de brindar herramientas para la reinserción, a fin de que se impulse a las personas condenadas a estar incluidas dentro de distintos programas de educación, trabajo, cultura y salud en contexto de encierro. Durante el debate, se planteó que la oferta del Plan de Vida sea opcional y no tenga implicancia en la reducción de la pena, persiguiendo la idea de que nada altere la condena fijada, buscando que se respeten los contextos de encierro obligatorios.

Halperín afirmó que tanto el Plan de Vida como el órgano de aplicación “debe ser el mismo” para aquellos cuya pena no implica ingresar al sistema penitenciario como para los que sí, o incluso que abarque a los que luego salgan con alguna medida de prelibertad.

“Ahí se incluiría también el abordaje interdisciplinario y que las condiciones de los centros de detención tienen que favorecer el Plan de Vida. Originariamente, tenían un solo requisito: la seguridad. En función de eso era la construcción penitenciaria. Nosotros proponemos que, además de que contemplen la seguridad, contemplen el Plan de Vida”, propuso el funcionario porteño.

GRACIANA PEÑAFORT

La legisladora de Unión por la Patria, Graciana Peñafort, se refirió a la ejecución de la ley y pidió “poner expresamente” que “no pueden restringirse los derechos más allá de lo que la ley permite”. “Lo que estamos dispuestos a permitir que se prohíba en términos generales, que este expresamente contextualizado; y lo que estemos dispuestos a no prohibir en términos generales, que esté permitido”, enfatizó.

En las reuniones que hasta acá llevó acabo la Legislatura, también se discutió sobre las finalidades de la reinserción. “En materia de la finalidad, todos los proyectos son contestes en el objetivo de la reintegración social”, dijo Halperín en el encuentro previo respecto a las coincidencias que existen entre los distintos bloques en ese sentido. Además, destacó que, si bien existen diferencias en los proyectos, aclaró que son salvables, debido al acuerdo general, podrían ser salvadas en la redacción común.

En esa línea, propuso que el proyecto final haga énfasis en tres finalidades de la ley: “Que la pena sea segura, tanto para la sociedad, para las privadas privadas de la libertad y los trabajadores en contexto de encierro; que la pena tenga como prioridad la baja de la reincidencia y la resocialización, e incorporaríamos, como tercer punto de igual rango, la protección de los derechos de las víctimas”.

A su turno, la titular del bloque del peronismo, Claudia Neira, pidió que el texto final aclare puntualmente cada finalidad y “que no sea solamente un postulado”. “Históricamente, la finalidad expresada en términos genéricos no se cumplió. Para nosotros, si bien en el punto conceptual compartimos la mirada de que la finalidad es la resocialización, creemos que aclarar el cómo marcaría la diferencia”, dijo y manifestó la predisposición de seguir dialogándolo para garantizar “que no quede en algo abstracto”. En esa línea, habló de qué tipo de opciones le ofrecerán a los detenidos.

“Queremos que la finalidad de la pena incluya estos vectores como prioritarios. Creo que en el desarrollo del tratamiento de los artículos se debiera ser reflejado. Si no se reflejado a la altura de lo que se cree que debe ser, reformularemos el principio”, afirmó el funcionario del gobierno porteño y habló de también de abarcar no solo a las penas que plantean la privación de la libertad sino también aquellas que no lo contemplan, como el caso de las sanciones vinculadas al tránsito.

Uno de los puntos centrales en el debate del proyecto también es el rol de la víctima, que, en línea con la Ley 6115, indica que debe ser informada y escuchada en el proceso. Además, se mencionaron alternativas de reparación que no impliquen prisión y se advirtió que la incorporación de figuras de justicia restaurativa genera divergencias entre los proyectos.

En cuanto a las instalaciones, en los planteos está la necesidad de diferenciar ciertos lugares para cuestiones particulares, como mujeres embarazadas o establecer condiciones diferenciadas de alojamiento a jóvenes de 18 a 25 años. Y se discutió la cuestión de infraestructura, ya que, al no contar la Ciudad con establecimientos penitenciarios propios, se trabaja en un convenio con Nación para utilizar edificios disponibles y establecer que, aunque el alojamiento se realice fuera del territorio porteño, rija la normativa de la Ciudad.

En paralelo al debate legislativo, Nación y Ciudad continúan negociando sobre los términos y condiciones de la firma del convenio sobre las transferencias de competencias del sistema penitenciario y el traspaso de presos.

Las discusiones abarcan el traslado de detenidos y la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal desde la órbita nacional hacia el ámbito porteño. Eso contemplaría también el traspaso de instalaciones, como un pabellón del penal de Ezeiza y el sector que se está construyendo en Marcos Paz, además del traslado de detenidos de la cárcel de Devoto, la cual dejaría de estar activa. Además, incluiría personal y fondos, uno de los reclamos del Ejecutivo porteño.


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