Los únicos que quedaron contentos por la intervención del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron los genocidas que están presos en Campo de Mayo. Desde su cuenta de X, los autodenominados “muertos vivos” celebraron la “destacada actuación” del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y en particular del secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, que habló de un proceso de “venganza” contra los militares. Del lado de los organismos de derechos humanos y operadores judiciales que intervienen en el proceso de verdad y justicia, la performance oficial sólo dejó preocupación.
El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti estuvo el jueves en la Casa por la Identidad siguiendo la audiencia junto a otros militantes de organismos de derechos humanos, gremios y autoridades de universidades nacionales. Salió del Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) diciendo que la intervención de su sucesor había sido un papelón. “La verdad es que fue lamentable”, dice horas después. “Es un gobierno que viene a derribar todo lo que se construyó y representa un cambio radical frente a la política que nosotros teníamos ante la CIDH. Es triste ver que Argentina tenga ese rol ante un organismo internacional con todo lo que significa nuestro país en materia de derechos humanos”.
Marcela Perelman, directora de Investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue una de las personas que trabajó en la preparación de la audiencia. Estuvo en Buenos Aires mientras la directora ejecutiva de la organización, Paula Litvachky, exponía desde Washington. Representantes de organismos de derechos humanos y referentes de la cultura –como el escritor Martín Kohan y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Franco Bartolacci– denunciaron que el gobierno de Javier Milei ataca los consensos básicos en torno al Nunca Más mientras vacía las políticas de memoria.
“El gobierno hizo varias cosas a la vez –analiza Perelman. Por un lado, hizo de cuenta que los cierres y vaciamientos no tienen consecuencias en sus obligaciones en materia de Memoria, Verdad y Justicia, que todo sigue igual absorbido por otras áreas. Pero, confrontado con datos y ante las preguntas de la Comisión, también desplegó una posición cargada de ideología, atacando a integrantes del movimiento de derechos humanos, a los equipos de expertos y reivindicando de esa manera su posición rupturista. En conjunto, la representación del Estado fue subiendo el tono hasta ser directamente agraviante. Cuando el representante del Estado nacional, por parte del Ministerio de Defensa enfatizó una oposición entre ‘ustedes y nosotros’ explicitó un antagonismo fuera de lugar para un intercambio entre Estado y sociedad civil. Fue en definitiva un performance del gobierno que confirmó todo aquello que habíamos ido a denunciar”.
Battaleme justificó el cierre de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que funcionaban desde 2010 en el Ministerio de Defensa para contribuir con las causas de lesa humanidad. Su alegato en favor de la decisión de Luis Petri osciló entre decir que sus funciones estaban duplicadas y tildar a los expertos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas de “vengadores” contra los militares. Sin embargo, dijo que ahora el Ministerio de Defensa contestaba más requerimientos de la justicia que antes, y hasta recibía felicitaciones de jueces y fiscales.
“No escuché a ningún fiscal ni a ningún juez decir eso”, responde el fiscal Félix Crous. “La rapidez de las respuestas no es lo más importante sino la búsqueda proactiva de los equipos desmantelados: nadie puede pedir lo que no sabe que existe. Vimos a los abogados de los represores celebrar el desmantelamiento. Eso dice todo. Evidentemente hay más material para aprovechar y ellos lo saben. Pero quizás estén festejando antes de tiempo.”
¿Qué impacto puede tener una política que desafía a los organismos de derechos humanos mientras califica de venganza los esfuerzos por obtener verdad y justicia? “Es un imperativo jurídico reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”, explica el juez Alejandro Slokar, responsable de la comisión de Crímenes contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal. “Su omisión –continúa– acarrea consecuencias en el orden interno y en el plano internacional. Más tarde, más temprano, el deber es ineludible, porque su configuración es presupuesto de la coexistencia pacífica y democrática”.
El rol del Poder Judicial
A partir de un reclamo de las víctimas, la Cámara de Casación recomendó preservar la prueba y los sitios donde se cometieron los crímenes. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó resguardar los archivos de las Fuerzas Armadas y el acervo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) –que se ocupa de ayudar a las Abuelas de Plaza de Mayo a buscar a los bebés robados durante la dictadura– después de que el gobierno cerrara la unidad especial de investigación que funcionó en su interior desde 2004.
“El Poder Judicial está en condiciones de poner un freno al avance del gobierno contra las políticas públicas que afectan el acceso a derechos”, dice Perelman. “Esto sucedió y sucede en casos puntuales, a través de medidas de protección. Sin embargo, aún no se ha posicionado el Poder Judicial como el contrapeso fundamental en el que puede constituirse frente a un gobierno que se jacta de desconocer nociones fundamentales de derecho y de derechos”.
Organismos de derechos humanos fueron a la Corte Suprema a pedir que convoque la comisión interpoderes para discutir cómo hacer avanzar las causas por crímenes contra la humanidad en un contexto marcado por el negacionismo. En el Palacio de Justicia dicen que no habrá novedades por este año, aunque todavía no hubo una contestación formal.
“Quedamos a la espera de que la Corte resuelva la convocatoria”, dice el abogado querellante Pablo Llonto, que fue en representación del colectivo Mario Bosch. “Creo que sería un buen gesto de la Corte, en este momento, marcar el deber de juzgar a los miles de genocidas que aún quedan por juzgar. La paciencia nuestra no es infinita, pero esta vez, habiendo más de 200 organizaciones que reclaman el llamado a la interpoderes, tenemos la esperanza de ser escuchados”.
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