En el entorno de Javier Milei, aunque disimulen, hay máximo nerviosismo por definir una estrategia para pilotear el “criptogate” en el frente judicial y mediático. Mientras el Presidente viajaba a Estados Unidos y se preparaba para su puesta en escena con Elon Musk y la reunión con Kristalina Georgieva en el FMI, quedó en manos de unas pocas personas la misión de pedir opiniones a abogados acerca de cuál sería la manera más efectiva para de encarar el expediente por la estafa con la criptomoneda $LIBRA que está a cargo del juzgado de María Servini, quien decidió delegar la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. Por supuesto que no falta preocupación por lo que pueda pasar en el país del norte, donde las demandas civiles y penales pueden llevar su onda expansiva más allá de los empresarios implicados.
En Comodoro Py, por lo pronto, Taiano debe decidir si impulsa o no la acción penal en función de una decena de denuncias que se fueron sumando desde el viernes pasado, cuando estalló el escándalo. Tiene que dictaminar si le parece que hay elementos para avanzar con una causa penal o no. Es posible que pida medidas de prueba como primer paso. Para última hora de este jueves, además, ya había tres reclamos de personas piden ser querellantes porque compraron la “memecoin” y se quedaron sin nada. Las representa Juan Grabois. Son pérdidas que, en estos casos, van de los 100 a los 8000 dólares, de gente de a pie que dice que se entusiasmó al ver el tuit de Milei, que quedó fijado, que promovía $LIBRA, un criptoactivo privado, como supuesto proyecto para financiar pequeñas y medianas empresas y confió por tratarse del presidente. Apenas salió el posteo, a las 19.01, un puñado de billeteras virtuales –con evidente información privilegiada– compraron a muy bajo valor, empujaron el alza exponencial y se retiraron, se desplomó la cotización, y se llevaron los ahorros de la mayoría de los inversores.
Lo que sucede con esta trama es que se conoce desde hace ya una semana y todavía no hubo ningún acto judicial más que la ratificación de las denuncias. Taiano estaba de viaje y le pidió al fiscal que lo subrogará que esperara. “Estamos preocupados por esto, se podría haber empezado a recopilar pruebas. Se pone en riesgo la investigación”, dijo el economista Claudio Lozano, uno de los denunciantes. En este lapso salió a la luz más información y esto dio lugar a ampliaciones. Incluso la polémica entrevista del Milei con Jonatan Viale sumó más material. Hasta que la fiscalía no tome medidas ni dictamine, no se sabe ni quiénes son los imputados ni cuáles serían las sospechas, por mucho que hayan detallado las denuncias, lo que evidentemente dio algo de aire a los implicados para planear pasos a seguir, y vaya a saber si para borrar alguna evidencia. ¿Secuestrará celulares y otros dispositivos? ¿Analizará movimientos bancarios? ¿Allanará dependencias oficiales? ¿Dirá algo la Comisión Nacional de Valores de la falta de registros de este criptoactivo publicitado por el presidente?
Abogado se busca
El tramo que se filtró de la entrevista de Milei con Viale, y que no salió en la versión editada, tenía que ver con la estrategia judicial. El asesor Santiago Caputo se metió para cortar el diálogo cuando el Presidente dijo que sería imprudente adelantar lo qué hará con las causas donde fue denunciado ya que los “temas jurídicos” no son lo suyo y “el que mejor entiende es nuestro ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona”. Un problema de esta afirmación es que se salía de la justificación que venía utilizando el Gobierno: que Milei tuiteó desde su cuenta personal de “X” y que todo era por fuera de su investidura. En ese caso ¿Qué tendría que hacer el ministro de Justicia? El otro punto es que no sería lícito que intervenga Cúneo Libarona, más aún si se tiene en cuenta el antecedente de la Cámara Federal que procesó a la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona por “peculado de servicios” por una presentación que había hecho en la causa del Memorándum que inició el fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner.
En los últimos días rodó la versión de que Cúneo Libarona evaluaba dejar su cargo para asumir la defensa de Milei, aunque en el gobierno lo niegan. Igual es sabido que su estudio está en manos de sus hermanos y otros socios y que a veces trabajan en tándem con otros bufetes de abogados. Hubo quienes pensaron que tal vez el Presidente recurriría a los servicios del mediático Francisco Oneto, el excandidato a vicegobernador bonaerense libertario que lo representa en algunos casos, conocido defensor de abusadores, pero dicen quienes están en la búsqueda de abogado y opiniones que “no sería el perfil”. ¿Es bueno para su posible defensa decir que no estaba interiorizado (como hizo en un tuit después de borrar el original)? ¿O que difundió el token $LIBRA a título personal? ¿O que en realidad él fue el engañado? ¿Le conviene seguir hablando después del papelón y escándalo con Viale?
El papel de la Oficina Anticorrupción
El Gobierno, con todo, no parece tener grandes preocupaciones por la legalidad. Publicó en el Boletín Oficial un decreto con la firma de Milei y Patricia Bullrich, el 114/2025 donde dispone: “Instrúyase a la Oficina Anticorrupción (OA), organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia, para que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción efectuando, en su caso, las pertinentes denuncias ante el Poder Judicial, relacionadas con el criptoactivo denominado “$LIBRA”. Lo que muestran como un gesto de transparencia (amén de que es como investigarse a uno mismo) está prohibido por otro decreto vigente, el 25/2023, que dice expresamente que ni el Presidente ni ningún funcionario puede dar instrucciones a la OA. Decía: “El Titular de la OA tendrá rango y jerarquía de Secretario y dependerá funcionalmente del Ministerio de Justicia. Gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Ministro de Justicia ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional”.
El colorado Davis
Aunque no exista aún imputación formal hay dos personajes claves del elenco de denunciados, que ya pusieron letrados a trabajar en algún plan de acción. Uno de ellos es Mauricio Novelli, el trader financiero fundador del Tech Forum donde se gestaron los vínculos que derivaron en la creación de $LIBRA en octubre del año pasado. Su abogado es Daniel Rubinovich, exdefensor de Lázaro Báez y sus hijos. Novelli es un viejo conocido de Milei, que daba cursos y publicitaba a su empresa N&W Traders, igual que Agustín Laje, quien ahora encabeza la Fundación Faro, el think tank de la batalla cultural que se usaría para canalizar dinero de la política. En el último año Novelli fue un asiduo visitante de la Casa Rosada y Olivos, la mayoría de las veces para ver a la secretaria presidencial Karina Milei. Todo indica que fue el nexo con los empresarios que idearon y lanzaron $LIBRA, Julian Peh, de KIP Protocol y Hayden Mark Davis, de Kelsier Venture.
A Davis, que estaría en Los Ángeles, lo asiste la abogada Yanina Nicoletti, quien publicó unos sugestivos posteos en “X”: en uno explicaba el delito de negociaciones incompatibles con la función pública (uno de los que se les podría atribuir a Milei y otros funcionarios) y el otro decía que ningún extranjero que busque transparencia querría que lo juzguen en Argentina. Davis estuvo en la Casa de gobierno con Milei el 30 de enero. Se sacó una foto con él después de hablar del proyecto $LIBRA. El presidente difundió que habían tenido una interesante charla. Se sospecha que ahí se selló el acuerdo. En el mundo cripto lo consideraban un desconocido.
Tras el escándalo, Davis habló públicamente. Dijo que asesoraba a Milei, quien “apoyaba activamente” el proyecto y que los asociados habían garantizado respaldo. Pero habló de que hubo una traición a los inversores y dijo que él tiene los 100 millones de dólares que perdieron y que podría devolverlos, pero que aguarda instrucciones del jefe de Estado. Ni el gobierno ni los trolls libertarios le respondieron o atacaron. Todo indica que hay un diálogo abierto. Pero en los posteos de la abogada hay quienes leen una advertencia. En Estados Unidos, donde Davis también está denunciado, bien podría hacer un clásico acuerdo con la fiscalía y hablar en modo arrepentido. La empresa de Peh, KIP Protocol, salió con un posteo exactamente a la misma hora que Milei escribió en “X” que no estaba interiorizado y carecía de vinculación con el proyecto privado. La firma de Peh agradecía la confianza y decía que había sido todo un éxito. Hasta este jueves a la tarde, la cuenta de “X” de Milei seguía vinculada a la criptomoneda.
El grupo de denunciantes integrado por Lozano, los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya y la ingeniera María Eva Koutsovitis, pidieron medidas este jueves en el juzgado de Servini en función de datos que se sumaron estos días y las declaraciones del propio Milei con Viale, además de nuevos delitos (financieros), además de estafa, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles y otros ya señalados. Pidieron que a Davis se lo detenga de inmediato, se le secuestren los millones que dice tener y que se investigue si Karina Milei recibió pagos ilegales, según surge de una publicación de CoinDesk, que reveló chats de Davis en ese sentido. Introdujeron el borrador del contrato que reveló el periodista Alejandro Bercovich, que habría mandado a armar Davis para ser asesor exclusivo del gobierno argentino en tecnología Web3/blockchain. Lo firmaban Kelsier Grupo y tres representantes de Argentina: Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Era una “asociación indirecta con el gobierno” y le daba a Davis “acceso directo a Javier Milei y a Karina Milei para discusiones prioritarias y coordinación fluida”. Según pudo confirmar este diario, el empresario hizo consultas legales en el país por esto.
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