El juez Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), ordenó la realización de un informe socioambiental antes de decidir si Cristina Fernández de Kirchner puede, tal como solicitó, cumplir la pena que le impuso la Corte Suprema en prisión domiciliaria. Como otro paso previo, le pidió opinión al fiscal Diego Luciani, quien pretendía la inmediata detención en cuanto se conoció la decisión de los supremos, pero el magistrado mantuvo su posición de fijar cinco días hábiles para que las nueve personas alcanzadas por la sentencia se presenten en Comodoro Py. Ese plazo se cumple el miércoles que viene. Si antes de ese día no hay una definición, la presidenta del Partido Justicialista irá a tribunales, aunque su defensa intenta que los trámites previos a la ejecución de la condena se hagan por zoom. Con su presencia, el tribunal corre el riesgo de que se geste una movilización masiva como ocurrió en abril de 2016 como cuando fue indagada por el fallecido Claudio Bonadío, uno de los icónicos de la persecución contra CFK.
Las razones de CFK
“La prisión domiciliaria es una medida adecuada para garantizar el cumplimiento de la pena, sin afectar la dignidad ni las condiciones humanas de los solicitantes y que, de manera alguna, ello significa un privilegio personal ni mucho menos implica la impunidad del condenado”, dice la presentación de los abogados de la expresidenta, Alberto Beraldi y Ari Llernovoy. Además de la cuestión de la edad, ya que al superar los 70 años puede pedir “domiciliaria”, señalan que es una “obligación estatal” “velar por la seguridad de quienes ejercieron en el pasado la titularidad del Poder Ejecutivo”. “Los exPresidentes de la Nación cuentan con un servicio de seguridad específico, a cargo de la División Custodia de ex Mandatarios de la Policía Federal” pero quedaría sin efecto si entra al sistema penitenciario.
Recuerdan que CFK, durante la etapa final del juicio conocido como “Vialidad”, por el que la Corte confirmó su condena, “fue víctima de un intento de homicidio”, que “no alcanzó su consumación por circunstancias absolutamente fortuitas”. Sostienen que “por razones difíciles de explicar, no se ha podido o querido avanzar respecto a los autores intelectuales del intento de magnicidio, quienes por ende permanecen libres e impunes al día de la fecha” y que “según algunas líneas de la pesquisa, por el momento no descartadas, los instigadores del hecho mantendrían contactos directos con altos sectores del poder político y económico de nuestro país”. “Incluso, una de las personas sospechadas (dicen en relación al diputado Gerardo Milman) tiene relación directa con” la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Así muestran, entre otros argumentos, que CFK no puede cumplir su pena privativa de libertad de otra forma que no sea con detención domiciliaria: en una cárcel “no es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”. Por las mismas razones de seguridad, en un penal CFK no podría compartir lugares con otras personas, pero las “medidas de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente son incompatibles con los estándares internacionales y convencionales que rigen la ejecución penal”.
El “socioambiental”
Cristina ofreció para cumplir la pena el domicilio donde se encuentra estos días, desde donde saluda en el balcón rodeada de militancia y gente suelta que va a darle apoyo, en la calle San José al 1100 en la Ciudad de Buenos Aires. Allí es donde se realizaría el estudio socioambiental que pidió Gorini: un/a asistente social y/o psicólogo/a va a la vivienda, verifica si hay personas a cargo o con quiénes vive, si la persona padece alguna enfermedad o tiene alguna discapacidad, si trabaja, entre otras cosas. Es un procedimiento que está a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), que depende del Poder Judicial. Se trata de uno de los pasos previos a que el tribunal decida si le da acceso a la prisión domiciliaria. La definición podría ser de los tres jueces que integran el tribunal: además de Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu (uno de los que jugaba al fútbol en la quinta Los Abrojos de Mauricio Macri y un día se mostró, como provocación, con un mate con el escudo de su equipo, el Liverpool) y Andrés Basso. De todos modos, no está claro cómo se resolverá, ya que quizá lo haga solo Gorini.
El juez ordenó esta misma medida para Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional, quien está cerca de cumplir 80 años. En el caso de Lázaro Báez, estaba cumpliendo prisión domiciliaria en Río Gallegos, pero después del fallo de la Corte por orden del juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) que lo condenó por lavado de activos en el caso de la “Ruta del dinero”, dispuso su traslado a una cárcel común, en la misma ciudad. Ese tribunal tendrá que hacer una unificación de penas.
Los abogados de la expresidenta pidieron también que “todas las notificaciones personales que deban efectuarse a Cristina Fernández de Kirchner sean practicadas por medio de una audiencia virtual, tal como se hizo con otras comunicaciones anteriores en esta causa y siguiendo la modalidad con la cual se desarrolló prácticamente todo el juicio oral”. Agregaron que es “innecesario” el uso de la tobillera electrónica. “Siempre estuvo sometida al accionar de la justicia”. Todo indica que, si le dan la domiciliaria no tendría que usar tobillera según estaría evaluando el tribunal.
El pedido de audiencias por Zoom apunta a evitar que la expresidenta tenga que ir a Comodoro Py y, en lo posible, que no sea alojada en dependencias de alguna fuerza de seguridad.
El tribunal mandó una notificación a la alcaidía de Comodoro Py diciéndoles que estén preparados para recibir detenidos. Si tuviera que presentarse podría estar ahí unas horas. De todos modos, esta medida puede estar destinada a otros detenidos. Si ella va habrá miles de personas afuera. La lógica indica que no tiene razón de ser que la lleven a Cavia (dependencia de la Policía Federal donde estuvieron detenidos poco tiempo quienes intentaron matar a CFK) u otra dependencia por tres o cinco días. Esto también va a generar movilización. La ex presidenta, más allá de todo, le dijo a Beraldi que no teme quedar presa en el lugar que sea. Quienes la vieron, la notaron tranquila y trabajando.
En las normas para todos los presos con domiciliaria del país no hay restricciones a las visitas ni al uso de celulares. Incluso no debe haber policías ni en la puerta, algo que no ocurrirá con ella dada la necesidad de la custodia. Habrá que ver si el tribunal pone alguna restricción para su actividad política.
Las personas privadas de la libertad votan, no deberían quedar afectados sus derechos a actividad partidaria aunque no pueda ser candidata. Es posible que la fiscalía intente poner cuestionamientos sobre estos asuntos.
Los fiscales siguen con su ofensiva
Ante la decisión de Gorini de habilitar cinco días hábiles (que sería ocho de corrido) para que los condenados se presenten en Comodoro Py los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola –conocidos por el despliegue exagerado de su alegato en agosto de 2002, transmitido por Youtube– se quejaron. Presentaron un “recurso de reposición”. ¿Qué dicen? “La ejecutoriedad de la sentencia condenatoria” “impone la inmediata detención de todas las personas condenadas para que cumplan con las respectivas penas privativas de la libertad que fueron dictadas a su respecto”, señalan. Admiten que no hay un “plazo” establecido, pero acusan a Gorini de fijar la forma “de manera discrecional”. “En función de ello, este Ministerio Público Fiscal exigirá a los efectos de evitar riesgos procesales, que la sentencia firme sea ejecutada de inmediato en todos sus términos”, sostienen, pero no explican cuáles son los riesgos procesales.
Dicen que de acuerdo a los términos de la Corte la “tutela del sistema republicano y democrático ya no admite más demoras ni postergaciones”. Según ellos el período concedido “no se compadece en absoluto con la inmediatez que exige la ley procesal vigente para la ejecución de una sentencia ya firme”.
Esta nueva presentación denota el siniestro papel jugado por los fiscales Luciani y Mola y el espíritu persecutorio. Durante los tres años del juicio, habían tenido una actuación más bien tímida. Pero, sorpresivamente, después de un viaje a Estados Unidos, se despacharon con un alegato de nueve audiencias, orientado a dar espectáculo y a mencionar pruebas inexistentes que ni siquiera se había presentado antes.
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