La oficialista La Libertad Avanza junto a los bloques colaboracionistas del PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica lograron alzarse con el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para reformar el Régimen Penal Juvenil y bajar la imputabilidad de 16 a 14 años. Aunque los diputados de DpS y la CC buscaron despegarse del Gobierno al afirmar que con las modificaciones que se introdujeron al dictamen de consenso, lo que se llevará al recinto de la Cámara baja “es el proyecto del Congreso, no el de Patricia Bullrich y Javier Milei”. Enfrente, Unión por la Patria y FIT presentaron en minoría un dictamen en el que ratifica el rechazo en sintonía con las críticas que formularon a la baja de la imputabilidad de los menores los organismos de Derechos Humanos, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Iglesia Católica.
El objetivo de la convocatoria de ayer al plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda era emitir dictamen para modificar el actual Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad de los menores, como reclamó el propio presidente Milei al Congreso
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), afirmó que la reforma del régimen penal juvenil “era una asignatura pendiente de este Congreso”. “Este Régimen Penal Juvenil tiene fundamentalmente una función resocializadora, educativa, de contención. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización”, sostuvo para echar por tierra con los intentos de UxP y el FIT de evitar que ayer se emitiera dictamen.
El acuerdo se había sellado en un pre dictamen de consenso entre el oficialismo y los autoproclamados bloques “dialoguistas”. Un texto que unificó el proyecto del Gobierno que proponía que los menores que delinquen sean responsables penalmente a partir de los 13 años, el del libertario mendocino Alvaro Martínez que impulsa la punibilidad a partir de los 12 años, y los presentados por el PRO, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, Democracia para Siempre, UCR, de Transformación (de la expulsada libertaria Lourdes Arrieta) y del massista Ramiro Gutiérrez que proponen reducir la edad de los 16 a 14 años.
La radical Reyes, destacó los consensos logrados para fijar en el despacho que la edad de imputabilidad de los menores sería a partir de los 14 años, en un dictamen que reunió 77 firmas de los diputados que integran las distintas comisiones que participaron del plenario. Explicó que en el dictamen se eliminó la figura de los “inimputables” y se bajó la pena máxima de 20 a 15 años. El texto sostiene que las penas privativas de la libertad serán en el domicilio; en un instituto abierto; en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, además prohíbe la prisión perpetua para los adolescentes. En el cierre, Reyes afirmó que proyecto de ley tiene “una misión que es resocializadora, educativa y de contención”.
Los diputados de CC y DpS firmaron el dictamen de mayoría en disidencia debido a que exigen que ningún juez dicté la prisión efectiva hasta que los institutos no estén adecuados para albergar a adolescentes de 14 a 18 años. Aunque el proyecto no especifica de donde saldrán los recursos económicos para instrumentarlo en medio de un brutal política de ajuste del Gobierno. Incluso, el texto del proyecto que impulsó el Gobierno solo establecía que se facultara al Jefe de Gabinete de Ministros “a reasignar, dentro del ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley, las partidas presupuestarias correspondientes para cumplimentar sus prescripciones, en forma equitativa en todo el país”.
Los radicales díscolos, de todas maneras, buscaron diferenciarse del Gobierno libertario. “Los diputados del Bloque Democracia para Siempre vamos a acompañar el dictamen de Ley Penal Juvenil porque el mismo no tiene nada que ver con el proyecto de Bullrich y Milei”, afirmaron en un comunicado que agrega: “Lo que estamos dictaminando no es el proyecto del Poder Ejecutivo sino el proyecto del Congreso argentino, ya que se tomaron aportes de más de quince iniciativas de todos los bloques”.
El mismo camino siguió la CC. Marcela Campagnoli explicó –ante las críticas de la Iglesia– que “se han hecho modificaciones muy importantes”, y subrayó en especial la incorporación de “garantías procesales”. “Hoy esas garantías los jóvenes de 16 a 18 años no tienen, como sí los adultos. Son el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oídos. Hoy hay un régimen tutelar donde el menor queda a total disposición del juez, que puede detenerlo sin dar los argumentos para practicar esa detención”, aseguró la diputada cercana a Elisa Carrió.
Campagnoli dijo que “la baja de edad por sí sola no resuelve nada, por eso el enfoque es integral con una mirada no punitiva sino socioeducativa que aplica medidas para la reinserción social del menor bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario”. “Hoy si un menor de 14 años delinque nada puede hacer el Estado por él. Vuelve a su cotidianeidad sin que se pueda tomar ninguna medida para ayudarlo. Con este proyecto histórico va a poder ser oído, con todas las garantías del debido proceso y tener en caso que corresponda medidas socioeducativas que lo contengan en su desarrollo y formación. Hoy el Estado está ausente”, concluyó como argumento a favor de la baja de imputabilidad.
Rechazo
El diputado Matías Molle (UxP) lamentó que la mayoría de los diputados no haya escuchado los argumentos críticos que expuso la mayoría de los expertos que concurrieron a las audiencias informativas. “Vio mucha gente a participar, pero en fondo siento que vinieron como parte de una escena ya montada, de una obra de teatro que era necesaria para legitimar una decisión ya tomada desde antes, que el día de mañana el titular de todos los medios sea que se bajó la edad de imputabilidad”, reprochó.
Molle comentó que el año pasado el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reportó que “hay más de 13 mil personas en comisarías en la Argentina cumpliendo penas”. “¿Qué se piensan? ¿Que a los pibes no lo van a mandar a comisarías? Nos estamos lavando las manos como Poncio Pilatos con un Gobierno que le saca el cuerpo al Estado. Esto es un problemón que lo tendríamos que haber resuelto con una discusión mucho más integral”, consideró.
El propio CNPT advirtió ante el debate “que es necesario una reforma del sistema penal juvenil que establezca un marco legal adecuado a la Convención sobre los Derechos del Niño”, que “bajar la edad de responsabilidad penal es incompatible con esa Convención y vulnera el principio de no regresividad” y que “hay otras modalidades de abordaje que han demostrado ser más efectivas”.
Además, aportó cifras sobre datos oficiales: “Entre 2020 y 2023, la cantidad de Niños Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley penal se redujo un 23 por ciento”, que “el 54 por ciento de ellos están acusados o condenados por delitos contra la propiedad” y “solo 1 de cada 10 es contra las personas”. “Estos son solo tres datos que reflejan que los jóvenes en conflicto con la ley penal no representan un problema de magnitud criminal, ni por la cantidad de adolescentes ni por la magnitud de sus delitos”, sostiene en su informe del CNPT.
“Usan argumentos garantistas para defender la baja de la edad de imputabilidad. La hipocresía es total”, sentenció el José Glinski (UxP) durante el plenario y denunció que el tratamiento que se le está dando al tema es “una farsa” con “el único objetivo de generar espacios en los medios”. Su compañera de bancada, Mónica Macha (UxP) calificó el texto del oficialismo y sus aliados como una “medida inconstitucional que pone en peligro las adolescencias en los barrios populares”.
El diputado Christian Castillo (FIT-PTS) calificó la propuesta del oficialismo y sus aliados como “una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se proponen resolver”. “La evidencia en los países en donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos que realizan las personas de edades a las cuales se extiende la punibilidad sino que incluso han aumentado”, advirtió. “Se quiere transformar los niños, niñas y adolescentes en chivo expiatorio”, sentenció Castillo.
Por fuera del ámbito parlamentario, la Iglesia volvió a pronunciase en contra del proyecto. El obispo de La Rioja y presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, Monseñor Dante Braida, sostuvo que “no hace falta” bajar la edad de imputabilidad, sino que “debe haber propuestas concretas para los menores que delinquen”. “No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”, afirmó Braida.
En declaraciones a la Radio LT3 Rosario, el obispo riojano manifestó que “el Estado debe hacerse cargo” de esta problemática y brindar soluciones que ayuden a los adolescentes. “Los clubes, las asociaciones vecinales y el sistema educativo deben trabajar en conjunto y, también, debe ser más fuerte la alianza de la escuela con la familia. Tenemos que fomentar en democracia la participación ciudadana”, planteó el obispo.
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