Graciela Aleñá, titular del gremio que aglutina a los trabajadores viales amplió una denuncia penal contra las actuales autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por presuntas irregularidades en la obra pública, que incluye una licitación en un momento en que el gobierno de Javier Milei redujo la actividad prácticamente a cero.
El gremio advierte sobre el presunto vaciamiento de funciones del personal técnico de la DNV, “desplazándolos de tareas estratégicas vinculadas a la elaboración de proyectos, supervisión, seguimiento y certificación de obras públicas”. Incluso señala que se ha entregado áreas técnicas a empresas contratistas mediante la figura de “asistencia técnica”. Para el sindicato esto implica una privatización encubierta de funciones estatales esenciales; la violación de leyes vigentes y principios constitucionales que garantizan el control y la transparencia de la obra pública.
Por otra parte, el sindicato informó que a esto se suma una nueva denuncia vinculada a la falta de transferencia de fondos que, por ley, deben asignarse a la DNV a través de impuestos específicos como el de los combustibles líquidos. Según informó el sindicato, “esos recursos fueron recaudados pero retirados arbitrariamente de su destino legal, lo que impacta directamente en el mantenimiento de rutas nacionales, caminos y en la provisión de elementos de seguridad para el personal vial”.
“El Estado Nacional no puede argumentar una imposibilidad financiera, porque sí tiene fondos, pero decide no transferirlos a Vialidad, violando la ley y poniendo en riesgo a trabajadores y a la ciudadanía”, denunció Aleñá. Como prueba dijo que la DNV gastó más de tres mil millones de pesos para contratar a la empresa Elipgo S.A. con el fin de montar un sistema de vigilancia sobre el personal de su sede central.
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