Patricia Bullrich fue protagonista, a su modo, de la movilización del 18 de junio. Lo hizo apostando a las fuerzas de seguridad en los principales accesos a la Ciudad para impedir que los manifestantes llegaran a la Plaza de Mayo para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner. Horas después, la ministra de Seguridad dijo que estaban controlando que los papeles de los micros estuvieran en regla porque los militantes muchas veces se suben a colectivos que están en situación irregular. Para el secretario general de la regional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado, Daniel “Tano” Catalano, Bullrich incurrió en un abuso de autoridad al impedir el derecho de reunión y manifestación, y, por eso, la denunció penalmente en los tribunales de Comodoro Py. La presentación recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.
En su denuncia, el dirigente sindical señaló que existen restricciones a la protesta desde diciembre de 2023, cuando Bullrich firmó la resolución 943, más conocida como el protocolo antipiquetes –que está impugnado tanto ante la justicia nacional como ante organismos internacionales. Le sumó que esta semana, Javier Milei y Bullrich rubricaron el decreto 383, que reforma la Policía Federal Argentina (PFA). Con este decreto, quedan habilitadas la detención de personas sin orden judicial, las requisas y los registros.
Catalano denunció que dos micros que venían desde La Plata con militantes del gremio estatal fueron frenados cuando intentaban cruzar por el llamado Puente Viejo, alternativo al Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires. Se les impidió, de esa forma, ejercer su derecho a manifestarse a favor de CFK o de protestar contra la prisión domiciliaria que le impuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2.
“Se trata de un derecho esencial para el ejercicio y la protección de otros derechos –escribió en relación a la libertad de expresión– y por ello debe ser especialmente protegido y las fuerzas de seguridad afectadas a la vigilancia de una reunión deben facilitar su desarrollo y respetar los derechos fundamentales de las y los organizadores, participantes, veedores y periodistas”.
En su escrito, el abogado patrocinante, Rodolfo Yanzón, citó pronunciamientos del sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos a favor de la protesta. Señalaron también que el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) viene recogiendo reprimendas de distintos organismos internacionales por su protocolo anti-manifestaciones.
“No se puede sostener un uso desviado, arbitrario y descontrolado del poder punitivo del Estado, mucho menos para impedir un derecho esencial como es el de reunión y manifestarse”, añadieron en la presentación.
El diputado nacional Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria (UxP), le dijo a Página/12 que presentaría una denuncia contra Bullrich por violación de la ley de Inteligencia (25520). A su entender, las requisas en los micros, con efectivos de las fuerzas de seguridad pidiendo documentos, obedecieron al objetivo de conformar una base de datos con los nombres de quienes se manifiestan. De hecho, el protocolo antipiquetes creó un registro de organizaciones que cortan las calles, lo que ya ha sido objeto de señalamientos por parte de expertos y organizaciones de derechos humanos.
Moreau pedirá, además, que Bullrich sea citada de manera inmediata a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
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