La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por las detenciones “ilegales” y allanamientos a edificios públicos ordenados en la causa abierta contra militantes políticos que dejaron un pasacalle y bosta frente a la casa del diputado oficialista José Luis Espert.
La denuncia “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” y fue presentada por diputados Mariano Recalde y Vanesa Siley, que tienen asiento en ese organismo encargado de controlar a los miembros del Poder Judicial.
Arroyo Salgado quedó en la mira por tener a su mando una causa promovida por Espert y respaldada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el marco de la política de “caza de brujas” contra opositores desatada por el gobierno de Javier Milei.
La jueza es cuestionada por las detenciones “arbitrarias” e “ilegales” de cinco militantes peronistas, un hombre y cuatro mujeres que fueron alojadas e incomunicadas en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, un penal de máxima seguridad que no se condice con la gravedad de la contravención por la que fueron acusados.
Lo que hicieron, “como máximo podría representar una contravención municipal”, puntualiza el comunicado a través del cual se anunció la denuncia de Recalde y Siley, ambos diputados de Unión por la Patria (UP).
La acusación en el Consejo de la Magistratura se tramitará mientras la Cámara Federal de San Martín revisa las órdenes de detención dictadas por Arroyo Salgado, pedidas por José Luis Espert y ejecutadas por las fuerzas de seguridad que responden a Patricia Bullrich.
Una de las detenidas es Alesia Abaigar, la funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense que fue detenida el 27 de junio y llevada a Ezeiza luego de pasar una noche en la alcaidía de los Tribunales de San Isidro.
Otra de las presas políticas es Eva Mieri, presidenta del bloque de concejales de UP en la localidad bonaerense de Quilmes, miembro de La Cámpora y secretaria general del Partido Justicialista (PJ) de ese distrito.
Mieri fue detenida luego de sendos allanamientos en su domicilio y despachos de la Municipalidad de Quilmes ordenados por Arroyo Salgado. La intendenta Mayra Mendoza cuestionó duramente a la magistrada, al señalarla como parte del aparado de “persecución a la militancia política” del gobierno nacional.
También están presas las militantes Aldana Muzzio, de 45 años, y Candelaria Montes, de 24. Junto a ellas, el único hombre acusado es Iván Díaz Bianchi, un joven de 22 años que es empleado administrativo.
Se estima que los cinco presos políticos continuarán en esa misma condición al menos hasta la semana próxima, cuando la Cámara revise los argumentos de Arroyo Salgado para dictarles prisión en una cárcel de máxima seguridad por arrojar bosta y colgar un pasacalles contra la vivienda del diputado más protegido por el presidente Milei.
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