Juan Grabois, Ofelia Fernández y el diputado Itai Hagtman, entre otros, denunciaron penalmente al exdirector de Seguridad del Gobierno de la Ciudad y actual Subdirector de Inteligencia de la Nación, Diego Kravetz, por “vejaciones y apremios”. Le denuncia se formalizó luego que se conociera el video que brindó un encargado de edificio –y que reveló PáginaI12— sobre la actitud violenta del entonces funcionario porteño golpeando a un joven en presencia de tres efectivos de la policía de la Ciudad. Kravetz golpeó en varias oportunidades al menor por creer que le había robado el celular a su hijo, lo que consideró “hacer justicia por mano propia” y al que tuvieron que frenar los propios uniformados. Los denunciantes también enviaron una nota a los miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Inteligencia para expresar su “profunda preocupación” de que Kravetz (que saltó a las filas del Gobierno libertario) asuma como subdirector de Inteligencia de la Nación. La denuncia se suma a la presentación que realizó la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, para que se reactive la investigación sobre los distintos delitos en los que habría incurrido Kravetz: “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y violencia institucional”.
Denuncia penal
“Lo que sucedió con la denuncia no deja de ser una muestra más del poder que detenta el Sr. Kravetz, quien no solo era en ese momento secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Ares, sino que actualmente tiene a su cargo uno de los puestos de mayor poder que tiene el Estado Nacional como subdirector de inteligencia de la nación. A pesar de la gravedad de estos hechos, la suntuosa prueba que hay en el expediente (o que debería haber si consideramos formar parte de una república con división de poderes) no existen novedades del expediente judicial, todo se maneja en el marco de un secretismo digno de los servicios de inteligencia a los cuales pertenece el Sr. Kravetz”, sostiene el escrito presentado ante la justicia penal por el abogado Juan Grabois junto a dirigentes porteños, entre ellos el diputado nacional Itai Hagman, la exlegisladora Ofelia Fernández, y autoridades estudiantiles de la UBA, como la presidenta Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, Agostina Oliera González; la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, Isabel González Puente; y la consejera superior Valentina Aira Ivitz.
La denuncia penal es contra el ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff, el exsecretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, y dos miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires “por vejaciones, apremios e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, tras conocerse el video del 17 de octubre donde se lo ve a Kravetz golpeando a un joven en presencia de tres efectivos.
El escrito también incorpora la declaración del joven golpeado por Kravetz había realizado ante la justicia: “Soy inocente, no sé por qué me detuvieron. Ese día iba caminando tranquilo por la calle Cabello, y de repente se me acercó un móvil me paró y no sabía por qué. Me pusieron contra la pared y a los 5 minutos vino una persona grandota y me empezó a pegar muchas piñas en la cara, le dije que tenía problemas en los riñones pero me seguía pegando hasta que la policía lo sacó”. El joven golpeado por el funcionario no tuvo participación alguna en el hecho ni tampoco fue identificado por el hijo de Kravetz en la rueda de reconocimiento a la que el menor fue sometido.
Además, la denuncia agrega las declaraciones que el encargado de edificios –que entregó el video a la Justicia– realizó ante PáginaI12: “Me resultó indignante que se la agarrara con un chico. La policía ya lo había detenido, lo revisaron, no tenía nada en los bolsillos. Yo tengo un hijo de la misma edad y sé que le puede pasar lo mismo. Lo que hizo este hombre fue justicia por mano propia. No podés actuar por impulso si sos el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires”, le dijo a este diario. “La calle estaba llena de policías, el pibe era menor de edad… Un pibe chiquito, flaquito, la edad era de quince años como mucho. Le volvió a pegar hasta que la policía se puso en el medio. Me resultó indignante que el tipo hiciera justicia por mano propia”, contó el encargado.
Como también reveló este diario, la denuncia realizada entonces quedó paralizada. Intervino la fiscalía penal, contravencional de faltas N° 39, a cargo de Hernán Biglino, especializada en delitos de funcionarios públicos. Sin embargo, en la causa identificada como Legajo MPF 1078298 y caratulada bajo “D.K. Art. 248”, en referencia al abuso de autoridad, omitió poner el nombre completo del entonces funcionario porteño para protegerlo de la difusión pública. Y el expediente no avanzó, la causa está paralizada. Allí, se radicó la denuncial penal contra Kravetz, Wolff y los policías.
Señor 8 del espionaje
“Nos dirigimos a ustedes en nuestro carácter de ciudadanos y representantes de un amplio grupo de dirigentes y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación ante la posible designación del Sr. Diego Gabriel Kravetz como subdirector de Inteligencia de la Nación. Esta preocupación se funda en hechos gravísimos que comprometen su idoneidad para ocupar un cargo de tamaña responsabilidad”, dice la misiva que los denunciantes de Kravetz también enviaron a la Bicameral encargada de controlar los órganos y actividades de inteligencia.
“Lo que sucedió con la denuncia –continúa la nota dirigida a los legisladores de la Bicameral– no deja de ser una muestra más del poder que detenta el Sr. Kravetz, quien no solo era en ese momento secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Ares, sino que actualmente tiene a su cargo uno de los puestos de mayor poder que tiene el Estado Nacional como subdirector de inteligencia de la nación”.
Allí también hacen mención al resguardo con que la justicia protegió a Kravetz. “A pesar de la gravedad de estos hechos, la suntuosa prueba que hay en el expediente (o que debería haber si consideramos formar parte de una república con división de poderes) no existen novedades del expediente judicial, todo se maneja en el marco de un secretismo digno de los servicios de inteligencia a los cuales pertenece el Sr. Kravetz”, sostiene el escrito y agrega: “el trámite ante la fiscalía penal contravencional y de faltas N*39 bajo la carátula MPF 1078298 “D. K. s/ art. 249” resulta cuanto menos confuso, más allá de que desconocemos el desarrollo del mismo y por qué hasta el momento no se ha tomado ningún tipo de medidas creemos fundamental que exista algún tipo de explicación clara respecto de por qué se resguarda la intimidad del Sénior Ocho caratulado en la investigación únicamente con sus iníciales”.
Los firmantes también expresaron en la misiva su “profunda preocupación” de la nueva función que el gobierno de Javier Milei le otorgó a Kravetz para dirigir las cuatro agencias de inteligencia de la Argentina, aunque su designación aun no fue formalizada: “La posibilidad de que una persona con antecedentes de violencia y abuso de poder ocupe un puesto de tamaña responsabilidad representa un riesgo inaceptable para la transparencia, la legalidad y la seguridad de nuestras instituciones democráticas. El sistema de inteligencia nacional requiere de dirigentes que actúen con la más alta integridad y compromiso con los derechos humanos, condiciones que el Sr. Kravetz claramente no cumple”.
“Permitir esta designación podría poner en riesgo no solo la confianza pública en los órganos de inteligencia, sino también el uso adecuado de recursos e información sensibles para la seguridad nacional. La concentración de poder en manos de una persona con antecedentes de abuso y arbitrariedad resulta un peligro latente para el Estado de derecho y la democracia”, sostienen los firmantes.
Defensoría
Cómo también había adelantado este diario, la Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, presentó escritos ante el Juzgado Nacional de Menores Nro.2, Secretaría 5, donde se radicó la causa por el robo del celular; y ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 39 que debe investigar la conducta de Kravetz. “La grabación muestra que hubo violencia institucional y abuso de autoridad”, había señalado Graham a PáginaI12, luego que el video tomara estado público y calificó al hecho como muy grave. “Queremos que se reactive la investigación. Es común que en causas donde no hay un querellante activo, las mismas terminan cajoneadas”, admitieron desde la Defensoría ante este diario.
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