La motosierra de Javier Milei que ahoga económicamente a las provincias terminó por unir en el reclamo a todos los gobernadores, que sin distinción de color político elaboraron dos proyectos de ley para modificar el esquema de distribución de los recursos del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el Gobierno central recauda y no coparticipa. Las iniciativas fueron presentadas y respaldadas por la mayoría de los bloques legislativos (Unión por la Patria, UCR, PRO y partidos provinciales) y dejaron en soledad al oficialismo libertario, anticipando su aprobación con un amplísimo respaldo. El ninguneo y la falta de respuesta de la Casa Rosada a los reclamos provinciales se convirtió en un boomerang para Milei, que por primera vez en lo que va de su mandato deberá enfrentar una demanda que unifica a las 23 provincias y CABA. En tanto, los senadores dieron ayer dictámenes favorables a las medias sanciones de Diputados para el aumento a las jubilaciones y la declaración de la emergencia en discapacidad en la comisión de Presupuesto que se llevarán al recinto el 10 de julio para ser aprobados, pese al bloqueo de LLA.
Las propuestas de los gobernadores recibieron rápidamente el apoyo transversal de los principales bloques de senadores y anticipa una dura derrota parlamentaria para el Gobierno y difícil de revertir. Las iniciativas de las provincias fueron rubricadas por los jefes de bloques José Mayans (Frente Nacional y Popular), Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), Fernando Salino (Convicción Federal) –las tres bancadas que integran el interbloque Unión por la Patria–, Anabel Fernández Sagasti (vicepresidenta de UP), Eduardo Vischi (Unión Cívica Radical), Alfredo De Angeli (Frente Pro), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos Espínola (Unidad Federal) y Martín Lousteau (UCR).
Estas bancadas reúnen 60 de los 72 senadores que integran la Cámara alta, superando ampliamente los dos tercios (48) necesarios para resistir otro intento de veto presidencial. Y a los que también se sumarían otros senadores que responden a oficialismos provinciales, donde sus respectivos gobernadores avalaron las iniciativas.
Los proyectos expresan el acuerdo mínimo al que arribaron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño y no pone en riesgo los objetivos macroeconómicos a los que aspira la administración libertaria. Aunque para muchos distritos, la garantía del reparto representa una porción importante de los recursos económicos que Milei no distribuye o retacea a las provincias.
En el caso del impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales a los que estaban originalmente destinados, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (Ley 23.966), a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.
Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido de la siguiente manera: en un 14,29 por ciento al Tesoro Nacional; en un 57,02 por ciento a las provincias; y el 28,69 por ciento restante al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales. En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25 por ciento deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75 por ciento será distribuido de acuerdo a los índices de coparticipación que le corresponde a cada una de ellas.
Mientras que la iniciativa sobre los ATN prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que “la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”. Al tiempo que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.
Otro revés
Tras el escándalo que protagonizó este martes la senadora cordobesa Carmen Alvarez Rivero (PRO), que intentó sin suerte frenar el debate sobre jubilaciones y discapacidad en la comisión de Trabajo y Previsión Social; el oficialismo recibió ayer otro revés en la comisión de Presupuesto. Pese a la intención del libertario jujeño Ezequiel Atauche de boicotear la convocatoria de la comisión que preside, el conglomerado opositor consiguió el quórum para sesionar y dio dictamen favorable a los proyectos de aumento de las jubilaciones, la continuidad de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, que ya tienen media sanción de Diputados y que el jueves 10 de julio llevarán al recinto del Senado para convertirlas en leyes.
A pesar de los reclamos opositores para que la comisión de Presupuesto aborde los proyectos que hace casi un mes aprobó Diputados, Atauche se negó a convocarla –de la misma manera con que José Luis Espert bloquea cualquier iniciativa que incomoda al Gobierno en la Cámara baja–. Pero esta vez no pudo frenar la convocatoria que pidieron los senadores que la integran. La reunión comenzó con la presencia del secretario parlamentario Agustín Giustinian; Fernando Salino (vicepresidente de la comisión), Mariano Recalde, María Teresa González, Juan Manzur, Carlos Linares, Eduardo “Wado” de Pedro y Fernando Rejal (UxP); Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), y a la que luego se sumó Pablo Blanco (UCR). Los 10 senadores (de los 17 que integran la comisión), avalaron los tres dictámenes de los proyectos que llegaron de la Cámara baja y que proponen debatirlo el 10 de julio a una sesión donde –afirman–“está garantizado el quórum”.
El único libertario que se acercó al Salón Arturo Illia, fue el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que intentó con escasos argumentos invalidar la reunión. Una postura que fue refutada por el resto de los senadores presentes, que también denunciaron la “censura” de las autoridades de la Cámara alta que “prohibió la transmisión en directo de la reunión por parte de Senado TV y por las redes sociales de la Cámara”.
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