“El despido de cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales, operadores y administrativos terminará por destruir la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación.” La sentencia acompaña un centenar de firmas de organismos de Derechos Humanos en rechazo al anuncio del Gobierno respecto de 2400 despidos en áreas del Ministerio de Justicia, a partir del 1 de enero, como el martes confirmaron el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El comunicado firmado, entre otros, por Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Capital y la APDH exige la continuidad de los trabajadores y trabajadoras debido a que el cese de esas contrataciones impactará “de manera brutal en los distintos programas y servicios vinculados con la defensa de los derechos humanos y las políticas de Memoria Verdad y Justicia”.
Precisamente, el anuncio de la Casa Rosada coincidió con la presentación de un informe sobre el avance contra estas políticas que realizó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en la ex Esma. El argumento utilizado por el Poder Ejecutivo para este nuevo ajuste es administrativo: los contratos estaban establecidos de forma irregular a través de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (Acara).
El comunicado de los organismos de derechos humanos se centra en el fondo de la cuestión que es el ataque a las políticas de derechos humanos en general como “la supresión de los equipos de patrocinio jurídico en materia de violencia de género actuantes en las provincias, así como la reducción de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), de particular relevancia en los barrios populares”.
“El despido de cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales, operadores y administrativos terminará por destruir la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación; en particular la totalidad de los Sitios para la Memoria, y el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado”, especifica el documento que exige la revisión por parte de Cúneo Libarona.
Los organismos también denunciaron la decisión del Ejecutivo de quitar los incentivos por capacitación, que figuran como ítems no remunerativos, y llegan a representar hasta el 70 por ciento del salario; lo que llevará a la “total pauperización” de esos puestos de trabajo. “Como todas estas cosas en el Estado se terminaron desvirtuando”, sostuvo Adorni para justificar el guadañazo sobre los salarios estatales.
“Desde los organismos de Derechos Humanos afirmamos que continuar violentando los derechos laborales y las políticas de Memoria constituyen delitos gravísimos, pasibles de ser considerados incumplimiento de deberes de funcionario público y por los cuales, ministros y secretarios deberán responder, tanto en el nivel local como internacional”, advirtieron.
El documento, firmado también por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), adelantó que llevarán estas decisiones ante los poderes Legislativo y Judicial para “hacer cumplir la Constitución y el estado de derecho, amenazados por personajes políticos que desprecian los valores acuñados en la vida democrática”.
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