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El apoyo a los programas de capacidades diferentes, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional fue estimado por la OPC entre 0,25% y 0,48% del PBI. La ampliación de la moratoria previsional y exención de la PUAM tiene un costo fiscal estimado de 0,391%. La emergencia hospitalaria tendría un costo anual de $ 133 mil millones (0,012%). Incluyendo la emergencia de Bahía Blanca no llegaría este “paquete” a costar un 1% del PBI.
Así puede verse que el déficit fiscal emergente de las distintas iniciativas sería muy inferior a 2,5% del PBI que dijo el Presidente, no solo por lo exagerado de las cifras del discurso, sino que además como ocurre en la sanción de las leyes se prevé el financiamiento de las medidas aprobadas.
2) Mirada reduccionista de Caja
No cabe dudas de que tener responsabilidad fiscal es un valor. También que la política fiscal es un instrumento, no un objetivo.
No se puede gobernar un país creyendo que gobernar es manejar una planilla de cálculo. Si te cierran las cuentas, pero la familia no come, no se educa, ni tiene salud, se pierde valor, el capital social. Lo mismo pasa en una empresa que cierra temporalmente las cuentas, sin inversión, capacitación una mirada estratégica. A la larga quiebra.
Tal situación se proyecta también a nivel de un país, “cerrar” las cuentas en el corto plazo a expensas de la generación de valor, expresado en conocimiento, salud, investigación científica y desarrollo de infraestructura, no solo reduce el crecimiento de un país en el mediano y largo plazo, sino que genera un desequilibrio de las cuentas en el tiempo. El Excel solo cierra si no quiebra el país.
3) El alto costo de desatender la infraestructura y Costos no contabilizados
Vinculado al punto anterior, es claro que no es lo mismo el “gasto público” que la “inversión pública”. Tanto el Banco Mundial como el FMI hicieron una severa autocrítica respecto a apoyar programas que en el corto plazo sacrificaron la inversión para tener un mejor resultado financiero.
Fuera del impacto de un “ajuste ineficiente” en el crecimiento económico, una mayor desigualdad destruye capital humano y eso también afecta el crecimiento en el largo plazo.
Por lo demás, la planilla Excel no contabiliza costos como la menor competitividad de los sectores productivos por descuidar la infraestructura, los mayores accidentes por caminos en malas condiciones por falta de mantenimiento y los mayores gastos en “desarrollo social” por recortar gastos de inversión en educación, programas de empleo, ciencia y tecnología y privatizaciones ineficientes que no aseguren prestaciones esenciales en un país como un sistema de transporte, acceso al agua potable entre otros servicios públicos, que el mercado no tiene naturalmente incentivos por desarrollar.
4) El problema del país es de sector externo
El Gobierno Nacional insiste con que la base de un programa económico exitoso es la cuestión fiscal, pero minimiza por completo el desequilibrio externo.
La experiencia de los años 90 y del Gobierno de Macri es ilustrativa, la crisis se desata por un déficit de sector externo, causado por una apertura importadora y un tipo de cambio atrasado, con ausencia de mecanismos de promoción a los sectores productivos. Lo mismo ocurrió en países de Asia que en los 90 tuvieron una severa crisis financiera aún teniendo superávit fiscal.
Un déficit externo mucho mas peligroso tanto para el aparato productivo como para la estabilidad cambiaria que en otros momentos de nuestra historia, en tanto que el mundo tanto con gobiernos populistas de derecha, conservadores o progresistas adopta medidas para defender el mercado interno en el actual contexto de guerra por la hegemonía mundial.
5) El Voluntarismo de la no emisión
El Gobierno intenta dar una “señal” de confianza a los mercados anunciando que prohibirá la emisión monetaria del déficit.
También acá la experiencia local como internacional refleja lo inútil o incluso perjudicial de un mal diagnóstico y de experiencias voluntaristas.
Las experiencias de “déficit cero” como las de 2001 o 2017 muestran cabalmente que cuando se ingresa en un escenario de recesión, se acude más allá de limitaciones legislativas a mecanismos de financiamiento monetario, incluidas cuasi monedas, megacanje, “intangibilidad de los depósitos” en 2001 y reperfilamiento de deuda como en 2019.
Lo mismo ocurrió en 2008 cuando Europa acudió a la emisión monetaria, más allá de los techos del Pacto de Estabilidad o Estados Unidos que en ese año tanto con el Presidente Bush como con Obama en 2009 acudieron al financiamiento monetario y de deuda para minimizar la crisis. No hay leyes que puedan sobrevivir más allá de voluntarismos cuando una emergencia requiere acudir a instrumentos excepcionales y eso no es patrimonio de derechas ni de izquierdas.
Veamos ahora cuales son las alternativas para poder generar recursos para atender necesidades económicas y sociales impostergables para recuperar crecimiento y reducir la desigualdad
1) Discutir un proyecto de desarrollo económico y social
La Argentina se debe un serio debate sobre cuál es su perfil productivo para generar las divisas genuinas necesarias para evitar la recurrente restricción externa en la que han caído tanto gobiernos de carácter popular como neoliberales.
El problema de fondo es que en Argentina no hay un plan de desarrollo, asignatura ausente en mucho tiempo, ni siquiera un plan económico, solo una suerte de plan financiero que siempre sucumbe cuando la generación de recursos (oferta) es menor a las necesidades (demanda) expresadas tanto como brechas externa, fiscal, financiera, productiva o social. Brechas que terminan en una crisis en todas esas dimensiones tanto política, económica y social.
2) Necesidad de una discusión sobre la estructura de impuestos y de gasto en Argentina
La Argentina se debe una discusión sobre una reforma tributaria y de gasto público tanto a nivel nacional, provincial y Municipal a los efectos de conciliar eficiencia, crecimiento y equidad, incluyendo la coparticipación federal.
La Argentina no es un caso de falta de recursos sino de bolsones de ineficiencia e inequidad. En la formulación del Presupuesto de 2024 se detallaron las diferentes exenciones impositivas existentes que alcanzan a 1,73% del PBI, los gastos por distintos regímenes promocionales vigentes alcanzan a 0,61% del PBI. Claramente la suma de ambos esfuerzos fiscales, casi 2,35% del PBI, es mayor al costo fiscal neto de este paquete.
Así se debe discutir cuál de estos mayores gastos o resignación de ingresos tributarios son valiosos socialmente. Lo mismo con la toda la estructura del gasto público y de impuestos.
Además, el Gobierno ha tomado decisiones fiscales (aumento de presupuesto a la SIDE, compra de aviones, baja de retenciones indiscriminada, baja de impuestos a los bienes personales a sectores con capacidad contributiva, por citar solo algunos, que demuestran que existen recursos cuando hay “decisión política” y que las medidas que adoptó el Presidente Milei implican privilegiar gastos no esenciales y bajar impuestos a sectores con capacidad económica. La licuadora u la motosierra son selectivas y no afectan a la verdadera “casta” a los sectores privilegiados de Argentina.
3) Recuperar el diálogo para concretar los dos objetivos anteriores
El Poder Ejecutivo no solo trata de imponer una agenda muy cuestionable, sino que no dialoga ni negocia ni con la oposición ni con los diversos sectores económicos sociales de nuestro país.
Un proyecto de desarrollo que incluya una discusión racional de los recursos, requiere en un marco democrático, de un dialogo abierto que no sea la imposición violenta de posturas, el chantaje de la billetera ni los negocios oscuros de la política para obtener malas leyes.
La única forma de generar un crecimiento sustentable es negociar un marco político económico y social que no sea el que impone una facción minoritaria sino un amplio acuerdo que garantice el mantenimiento, más allá del Gobierno de turno de las reglas del juego. Solo así mermará la desconfianza, bajará el riesgo país y aumentará la inversión.
¿Evitar el genocidio?
El Gobierno debe así deponer la imposición de una agenda y de actitudes maximalistas y convocar a un acuerdo político económico y social para revertir una senda que a la larga o a la corta agravará la crisis.
Son las iniciativas del Gobierno, la falta de diálogo político y social propios de una democracia y la ausencia de una política económica racional las que conducen a un virtual genocidio económico y social, no las medidas parcialmente reparadoras que aprobó el Congreso.
Existen los recursos materiales y humanos en Argentina para que en el marco de acuerdos mínimos y una buena gestión se pueda construir un Proyecto Nacional que concilie crecimiento, estabilidad y justicia.
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Ambito
