La medida recurre a una rescisión presidencial que no se aplicaba desde 1977 y genera críticas por su impacto en la política internacional y el control del gasto público.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó al titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que no ejecutará u$s4.900 millones destinados a ayuda exterior aprobados por el Congreso, recortando de facto el presupuesto sin pasar por el poder legislativo. Para esto, Trump recurrió a lo que se conoce como una “rescisión de bolsillo”, un mecanismo que permite al presidente solicitar al Congreso no gastar fondos aprobados hacia el final del año fiscal, de modo que el dinero quede sin asignar si el Congreso no actúa dentro de los 45 días. Esta maniobra no se utilizaba desde hace casi 50 años y coincide con el cierre del año fiscal a finales de septiembre.
Según la carta difundida por la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, los fondos afectados provendrían del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entidad que se ha convertido en un blanco de los esfuerzos de Trump por reducir la ayuda exterior. De aplicarse de manera rutinaria, esta estrategia permitiría a la Casa Blanca eludir al Congreso en decisiones clave de gasto y complicar la planificación presupuestaria para el próximo año fiscal.
Expertos y legisladores calificaron la medida como un paso extraordinario que refleja un patrón más amplio de la administración Trump para incrementar el control sobre el gobierno, debilitando la influencia del Congreso y de agencias federales como la Reserva Federal o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La estrategia se suma a otras decisiones polémicas del mandatario, como despidos masivos de funcionarios y aumentos arancelarios sin aprobación legislativa, dejando la resolución final al poder judicial.
El secretario de Estado, Marco Rubio, informó en la red X que USAID se encuentra prácticamente en cierre, destacando la gestión del director de presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought. La Ley de Control de Embargos de 1974 permite al presidente proponer la cancelación de fondos aprobados, aunque el Congreso puede, dentro de 45 días, mantenerlos o retirarlos. Al presentar la rescisión cerca del 30 de septiembre, la Casa Blanca argumenta que el dinero no se gastará y caducará automáticamente. La última rescisión de bolsillo registrada se remonta a 1977, bajo el gobierno de Jimmy Carter.
La medida generó críticas inmediatas. La senadora republicana Susan Collins afirmó que la Constitución otorga al Congreso la potestad del gasto y que la maniobra constituye una violación legal. Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que la decisión podría socavar el proceso normal de financiación y provocar un cierre “doloroso y completamente innecesario” del gobierno. Schumer subrayó que cualquier acuerdo presupuestario alcanzado podría carecer de efecto si la Casa Blanca decide retener fondos unilateralmente.
Académicos como Eloise Pasachoff, de la Universidad de Georgetown, señalaron que la Ley de Control de Embargos exige la acción del Congreso dentro de los 45 días, lo que impediría que la Casa Blanca decida por sí sola no gastar los fondos. El paquete de rescisión incluye u$s3.200 millones en asistencia para el desarrollo, u$s520 millones para la ONU, u$s838 millones para operaciones de mantenimiento de la paz y u$s322 millones para fomentar valores democráticos en el exterior.
Impacto en la política exterior y la ayuda internacional
Trump ya había obtenido en julio la aprobación de recortes por u$s9.000 millones para radiodifusión pública y ayuda exterior, y la reducción de fondos internacionales se ha convertido en un sello de su política exterior, a pesar de que los ahorros son limitados frente al déficit y podrían afectar la reputación de Estados Unidos ante la comunidad internacional.
Desde entonces, USAID ha sido desmantelada y los programas restantes han pasado al control del Departamento de Estado. La Casa Blanca incluso acudió a la Corte Suprema para frenar fallos judiciales que protegían ciertos programas de salud global, incluyendo la lucha contra el VIH y el sida.
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Ambito
