El Consejo de la Magistratura dio su primer paso para blindar a la jueza Agustina Díaz Cordero, quien, según el cura Javier Olivera Ravasi, habría participado en una reunión en la que se discutió cómo favorecer a los represores presos.
La comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia que habían presentado los organismos de derechos humanos contra Díaz Cordero después de que estalló el escándalo por la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a los genocidas que están alojados en el penal de Ezeiza.
La decisión de desestimar la presentación fue tomada por el abogado Miguel Piedecasas, el senador radical Eduardo Vischi, la diputada radical Roxana Reyes y el diputado del PRO Álvaro González. Por el contrario, los diputados de Unión por la Patria (UxP) Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade se pronunciaron por abrir la pesquisa junto con el abogado Héctor Recalde.
El tema tendrá que ser zanjado en el plenario posiblemente la semana próxima. Tailhade afirmó que le estaban dando al trámite un tratamiento súper exprés. Recalde, por su parte, recordó que Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), había pedido que recibieran a una comitiva antes de resolver. Siley leyó la nota para que quedara registro.
Díaz Cordero –vicepresidenta del Consejo de la Magistratura– aparece mencionada en los chats que aportó en la justicia la diputada Lourdes Arrieta. La mencionan tanto Beltrán Benedit –que sugiere pensar a quiénes le pueden enviar a Díaz Cordero, presumiblemente jueces para ser sometidos a juicio político– y Olivera Ravasi dice que la magistrada participó de la primera reunión del grupo, que fue el 14 de marzo.
La jueza hizo un descargo administrativo. Sostuvo que no era parte de los grupos de chats –algo que los organismos jamás dijeron– y admitió conocer a Olivera Ravasi y a otro integrante del grupo de WhatsApp, el excamarista Eduardo Riggi.
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