En la mañana del lunes terminó sucediendo lo que se presumía que ocurriría en cualquier momento: Cristian Graf, principal sospechado del homicidio de Diego Fernández Lima, se presentó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 61 de Avenida de los Inmigrantes 1950, Retiro. Lo hizo por propia voluntad, ya que no pesa sobre él ninguna imputación ni tampoco había sido citado a declarar. Sin embargo, el fiscal Martín López Perrando no aceptó tomarle testimonial en sede judicial. Así, el excompañero de colegio de la víctima y morador de la vivienda en la que fueron encontrados bajo tierra sus restos el 20 de mayo pasado regresó a su domicilio en el barrio de Coghlan sin lograr su cometido. Según trascendió, es el segundo desaire que recibe: el viernes pasado habría intentado comunicarse por teléfono, sin éxito.
¿Por qué López Perrando rechazó recibir declaraciones de Graf, quien vivió durante 41 años en la misma propiedad donde yacía sepultado el cuerpo de Fernández Lima, con quien compartió en 1982 y 1983 cursada en la entonces Escuela Nacional de Educación Técnica 36 de Villa Ortúzar? Abogados penalistas consultados por este diario coinciden en varios aspectos que justificarían tal negativa. El primero de ellos pareciera ser el más evidente: acaso el fiscal procura recolectar más testimonios e indicios que meritúen una citación formal y le den sentido práctico. Así se desprende, en principio, de los llamados que desde la fiscalía se están haciendo a personas varias que van desde otros excompañeros de Diego en la ex ENET 36 (que entonces estaba en la calle Ballivián antes de mudarese a avenida Galván, en Saavedra) a los albañiles que trabajaban en la obra mediante la cual se descubrieron los huesos debajo de la medianera de ligustrinas que separaban el chalet que supo ocupar el músico Gustavo Cerati en la calle Congreso y la casa de la familia Graf.
Las ansiedades populares por un caso que escaló vertiginosamente en la opinión pública no siempre tienen que ver con los tiempos propios de una investigación, que en este caso revisten particular delicadeza por un hecho insoslayable: en Argentina, el derecho a perseguir penalmente un homicidio prescribe, de máxima, a los 20 años de su comisión. Diego Fernández Lima fue visto por última vez el 26 de julio de 1984 y desde entonces a la fecha transcurrió el doble de tiempo. Juristas con experiencia en tribunales penales le revelan a Página/12 una alternativa procesal habitual para casos en los que hay elementos de cierta evidencia pero así y todo no bastan para poder dictar sentencia: una especie de juego delicado de piezas que permita estirar la investigación todo lo posible y seguir teniendo en la mira a quien o a quienes sospechan de haber participado en el crimen ya sea como autores, o bien como cómplices, mientras a la vez procuran atar cabos a la espera de otros indicios.
Una muestra de esta dinámica: Cristian Graf le habría transmitido a la fiscalía su disgusto por lo que considera un asedio de la prensa en su domicilio de la calle Congreso, el mismo donde cuatro décadas atrás fue enterrado el cuerpo de un joven que sus padres y hermanos buscaron sin éxito hasta que la semana pasada el Equipo Argentino de Antropología Forense pudo determinar su identidad. Algunos entienden esto como una jugada de Graf para apurar su llamado a declarar. ¿Con cuál objetivo? Con el de que se imponga la prescripción del delito que se analiza y, por lo tanto, se precipite el fin de la investigación, por lejos el peor de los escenarios posibles para un crimen del cual se busca conocer autorías y móviles, cosa de momento no resuelta.
En simultáneo, la familia de Fernández Lima analiza su propia estrategia jurídica con la plena conciencia de la dificultad existente para encontrar una resolución penal del asunto: el objetivo de los deudos es, ante todo, saber qué pasó con Diego, cómo fue perpetrada su muerte y cuáles los motivos que la ocasionaron. Aún no gestionaron un abogado que los patrocine y ni siquiera se presentaron como querellantes, un recurso que además les permitiría estar al tanto de cada movimiento que tenga el expediente instruido por el fiscal López Perrando. Hay, ante todo, un duelo álgido y profundo por tramitar en una familia que está aún atravesada por la noticia y, a la vez, instada por transmitir su pena ante las cámaras y los micrófonos que les piden respuestas que no tienen.
Mientras tanto, la causa inicia un camino que será presumiblemente largo, probablemente lento y ni siquiera muestra la certeza de que acabe en la celebración de un juicio. Los investigadores buscan alternativas procesales mientras la verdad aguarda ser develada en su totalidad.
Fuente: Pagina12
