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El déficit cero se choca de frente con las demandas de los gobernadores | El Gobierno dilata el tratamiento del presupuesto 2025



Con las negociaciones con sus aliados más fieles estancadas, el Gobierno ultraderechista de Javier Milei no parece tener demasiado apuro para avanzar en la Cámara de Diputados con la aprobación del Presupuesto 2025, el primero propio y con la premisa del déficit cero como estandarte de su gestión. El titular de la comisión de Presupuesto en la Cámara baja, el libertario José Luis Espert, se salteó la semana pasada la continuidad del debate, considera que ya están agotadas las reuniones informativas –-a las que no asistió nunca el ministro de Economía Luis Caputo— y estima llevarlo al recinto después de la mitad de noviembre. Con lo que el tratamiento en el Senado pasaría a diciembre, en el marco de una prórroga de sesiones ordinarias o convocatoria a extraordinarias que dependen del Ejecutivo. En el medio crecen las demandas de los Gobernadores, aun lo más cercanos a la Casa Rosada, por deudas con sus cajas previsionales, la quita de subsidios en transporte y educación y la reactivación de la obra pública paralizada, además de la insistencia de distintas bancadas –incluidas las dialoguistas— de insistir en el aumento a las jubilaciones y del presupuesto universitario que vetó Milei. Entre los opositores, no pocos opinan que el desinterés del Gobierno en su propio Presupuesto anida en la posibilidad de reconducir el actual (de 2023) para manejarse mayor discrecionalidad ignorando el reclamo de las provincias y el Congreso.

Demorados

Demasiado atrás quedó la grandilocuente presentación de Milei del proyecto de Presupuesto 2025 el 15 de diciembre, un domingo por la noche y transmitido por Cadena Nacional, ante un recinto de la Cámara baja semivacío. Un trámite que para la misma fecha de cada año realiza –según la ley y la costumbre parlamentaria— el ministro de Economía ante los integrantes de la comisión de Presupuesto de Diputados, por donde originalmente comienza su debate. Pero Caputo se niega a exponer y responder las preguntas de la comisión, a la que nunca asistió.

Espert convocó a la primera reunión de la comisión para debatir el Presupuesto casi un mes después: el 8 de octubre. El economista libertario se comprometió entonces a realizar dos reuniones semanales. Pero después de tan solo cuatro reuniones en todo octubre y la presencia de apenas siete funcionarios nacionales, Espert –que no convocó a sus integrantes en la última semana de ese mes— le puso candado a las reuniones informativas y ya solo lo haría en busca de los dictámenes. Que tampoco sería la primera semana de noviembre, ya que el propio presidente de la Cámara baja, el libertario riojano Martín Menem, admitió que muchos legisladores viajarían a los Estados Unidos invitados para observar las elecciones presidenciales en ese país. En el oficialismo estiman que el Presupuesto llegaría al recinto a mediados de noviembre.

De obtener media sanción en Diputados, el Senado abordaría el debate a fines de noviembre, cuando se terminan las sesiones ordinarias del Congreso. Por lo que la continuidad del tratamiento se extendería a diciembre, y dependerá de la intención del Ejecutivo de prorrogarlas o convocar a extraordinarias.

Proporcional

El interés del Gobierno por conseguir aprobar su primer presupuesto decrece en forma proporcional al aumento de las demandas de gobernadores y bloques parlamentarios.

El último gesto del oficialismo para destrabar el debate terminó abortado. El bloque de diputados de La Libertad Avanza había anunciado una conferencia de prensa en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja el miércoles pasado a las 17,30 horas, para hacer un anuncio sobre el debate presupuestario. Según todas las versiones que circulaban, se trataba de una propuesta del propio Milei: aumentar las escuálidas partidas que el proyecto prevé para las universidades nacionales, sacando los mismos de los recursos destinados a los partidos políticos. Con lo que prácticamente dejaba solo en manos privadas el financiamiento de los mismos, violando el artículo 38 de la Constitución Nacional que establece el sostenimiento económico del Estado a los partidos como “instituciones fundamentales del sistema democrático”.

Pero el anuncio se frustró, porque sus aliados más íntimos no estaban de acuerdo. El PRO se lo hizo saber, en medio de la desconfianza mutua entre Mauricio Macri y el entorno de Milei sobre el futuro de ambas fuerzas políticas: si confluirán en una alianza para las elecciones del año próximo o si recorrerán caminos separados en la disputa por la renovación parlamentaria.

Aunque la Casa Rosada logró acuerdos con varios gobernadores de distintos sigo político para avanzar en sus propuestas, las demandas aumentan. Los reclamos se plasmaron en la discusión por el Presupuesto –muchas de ellas por fuera del Congreso— y tropiezan con el objetivo innegociable del Gobierno de déficit cero. Los recortes ahogan económicamente a las provincias y los gobernadores creen que el debate presupuestario es el momento para hacer sentir sus reclamos y conseguir soluciones para parte de ellos. Incluso, los más cercanos al Gobierno y que acompañaron con el voto de los legisladores que le responden las iniciativas del oficialismo, se quejan del incumplimiento de los acuerdos que sellaron con la Casa Rosada.

Los bloques opositores parlamentarios –UP, EF y los escindidos del bloque oficial de la UCR– también se suman a los reclamos de las provincias, incluidas las deudas a las cajas previsionales no traspasadas al Estado Nacional. Pero también insistirán fuerte en dos ejes a los que Milei le dio la espalda con sus vetos: aumento para jubilaciones y las universidades, además del rechazo del artículo que suspende leyes que hacen al financiamiento en educación y el que deroga la movilidad de las asignaciones familiares.

En tanto, la UCR dialoguista irá por una redacción del Presupuesto que evite que el Ejecutivo pueda tener discrecionalidad de futuras partidas (producto de la subestimación de la inflación). Y desde el bloque presidido por Miguel Ángel Pichetto, trabajan en un dictamen propio, con una revisión sobre los gastos tributarios y las partidas millonarias para la SIDE, para distribuirlos como coparticipables.

La suma de los reclamos desvanece los intentos de Milei de aprobar su presupuesto de déficit cero, mientras aumenta en el Gobierno la intención de volver a prorrogar el presupuesto actual (de 2023, el último de la gestión del Frente de Todos) a partir del primero de enero de 2025 si el suyo no es aprobado. 



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