Este martes, el parlamento uruguayo votará una ley de eutanasia, con el objetivo de que las personas que así lo deseen puedan actuar según su voluntad y tener una muerte digna. De concretarse y ser aprobada por los legisladores, habilitará a que los pacientes la soliciten en aquellos casos de “sufrimiento irreversible” y “sin expectativas médicas”. Así, el vecino rioplatense podría convertirse en la tercera nación latinoamericana en disponer de una norma de este tipo, luego de Colombia y Ecuador. La iglesia católica se manifestó en contra de la norma y expresó que ocasionar la muerte de un enfermo “es éticamente inaceptable”.
La eutanasia es un tema sensible y controvertido, ya que condensa aspectos como la autonomía personal, el rol de la familia, la intervención del Estado para regular esos límites y la ética médica para practicarla. Por este motivo, la decisión sobre el final de la vida ha tenido detractores y defensores en cada uno de los países donde se discutió. En Uruguay, de acuerdo a la norma que se debatirá esta semana, que tiene el apoyo del oficialismo (Frente Amplio) y parte de la oposición, solo podrán acceder quienes cumplan con una serie de requisitos. Deberá tratarse de personas mayores de 18 años, conscientes de su decisión y en un estado de salud irreversible.
El proceso, tal como se plantea en Uruguay, seguirá la misma lógica de otras regulaciones alrededor del mundo. El paciente envía un pedido formal a su médico solicitando el ejercicio de su derecho a morir dignamente, y este devuelve el pedido con un diagnóstico, un pronóstico y la posibilidad de acceder a cuidados paliativos. Luego interviene una comisión médica externa, que evalúa la situación y propone un dictamen. El paciente debe refrendar su voluntad de morir dignamente para constatar que efectivamente se trata de una decisión tomada con conciencia y fundamentos. Si el procedimiento avanza según lo esperado por el paciente, el médico queda habilitado para practicar la eutanasia, y su defunción se registra como muerte natural. Una vez que la norma esté vigente, además, se eximirá al profesional de la salud encargado de realizarla de cualquier causa penal.
A través de un mensaje, obispos uruguayos manifestaron su oposición a la ley: “La dignidad de cada persona es un don absoluto, inalienable, que no se pierde jamás. Para Dios cada vida es infinitamente amada y digna de todo nuestro cuidado. Nuestra sociedad debe acoger, proteger y acompañar a cada persona hasta el final de su vida terrenal. Decimos un rotundo sí a la medicina paliativa. Cuidar, aliviar y consolar con amor y profesionalismo”. Según la doctrina religiosa, el dueño de cada vida no es otro sino Dios. Por lo tanto, disponer con libertad de ella para finalizarla cuando se desea puede reconocerse como una afrenta.
A un paso de la ley propia
A pesar de los intentos del último tiempo, en Argentina no existe una normativa que autorice la eutanasia. El principal acercamiento lo constituyó la Ley 26.742, conocida como “Ley de Muerte Digna”, que fue sancionada en 2012. Garantiza el derecho de pacientes con una enfermedad irreversible o en estado terminal, a rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento desmesurado. Del mismo modo, aquellos individuos que así lo deseen, pueden negarse a recibir hidratación o alimentación cuando ambas prácticas solo sirvan para prolongar en el tiempo el estadio terminal. Esto es: el paciente puede negarse a seguir viviendo, pero nadie puede inducir su fallecimiento.
Hacia mediados de 2023, el país avanzó en las discusiones vinculadas a una Ley de eutanasia, bajo el nombre de Interrupción Voluntaria de la Vida (IVV, en un guiño con el Interrupción Voluntaria del Embarazo). De hecho, uno de los motores que alimentaron el debate público fue el caso de Alfonso Oliva: un joven cordobés que a los 31 años fue diagnosticado con ELA. A medida que avanzó el tiempo, su estado de afección del sistema nervioso y parálisis muscular se tornó irreversible y falleció en marzo de 2019, a los 36 años. Mientras pudo, solicitó a sus amigos y familiares que lucharan por instalar el debate y la sanción de una ley para que otras personas en su condición no tuvieran que pasar por la misma experiencia.
Sin embargo, los proyectos presentados por diferentes espacios legislativos quedaron en un limbo y no avanzaron hacia instancias definitorias.
Regulaciones en el mundo
En el planeta, cada vez son más las personas que pueden acceder al suicidio asistido o a la eutanasia en caso de requerirla. A la fecha, las jurisdicciones en que está autorizada alguna de estas formas son Suiza, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, España, Nueva Zelanda, Portugal, Ecuador, Austria; estados norteamericanos de Oregon, Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Columbia, Hawaii, Maine y New Yersey; Quebec (Canadá); Victoria y Oeste de Australia.
Cada normativa se adapta al contexto y algunas generan más polémica que otras. Hay leyes como las de Canadá, Luxemburgo y Estados Unidos que exigen que la persona que solicite la eutanasia tenga al menos 18 años. En Países Bajos alcanza con tener 12 años. La edad es uno de los puntos de mayor conflicto, porque se emplea como parámetro para dividir a individuos que pueden tomar decisiones con razón y sin ella.
A pesar de que cada ley responde al contexto cultural de las naciones que la acogen, quienes optan por la eutanasia lo hacen porque ya no pueden soportar sufrimientos vinculados en general a la pérdida de autonomía y del ser. Son casos de declinación cognitiva y funcional, que se relacionan con enfermedades que provocan una mala calidad de vida.
Un interrogante, entonces, persiste: si ya no es posible vivir mejor, ¿por qué seguir viviendo?
Fuente: Pagina12
