Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expedía sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, en una clase abierta de la carrera de abogacía de la UBA, los profesores titulares de la Cátedra de Derecho Penal Alejandro W. Slokar y Alejandro Alagia abordaban ante sus estudiantes un tema de honda densidad histórica: la pena de inhabilitación, sus orígenes arcaicos y sus vínculos con formas de exclusión política. La coincidencia temporal convirtió al aula en un espacio de reflexión crítica sobre los límites —y las derivas— del poder judicial.
Lejos de toda planificación previa, el análisis técnico sobre los vestigios premodernos de la inhabilitación se enlazó con una discusión viva sobre su actual instrumentalización. Se advirtió que, en determinados contextos, esta pena puede adquirir el carácter de muerte civil, proyectando sobre el orden democrático una sombra de proscripción revestida de legalidad. El Derecho penal, afirmaron, no puede convertirse en un dispositivo de exclusión estructural bajo apariencia de neutralidad normativa.
La conversación académica derivó, inevitablemente, en una meditación sobre los usos regresivos del Derecho penal. En especial, sobre cómo ciertas decisiones judiciales, lejos de limitar el poder, pueden amplificar sus formas más corrosivas: la cancelación política por vía jurisdiccional, el vaciamiento del principio de igualdad ante la ley, y la reinstalación de una matriz persecutoria donde el proceso deja de ser garantía para convertirse en condena anticipada.
Se recordó así al maestro Carlos Santiago Nino: “el derecho es un fenómeno esencialmente político, es decir, que tiene relaciones intrínsecas con la práctica política (…) La relación entre derecho y política parece obvia para un observador sin prejuicios teóricos, ya que todo el mundo entiende que el derecho de una sociedad varía de acuerdo con las relaciones de poder político que se dan en esa sociedad. Sin embargo, a lo largo de la historia del derecho en los países occidentales, ha habido intentos deliberados y sistemáticos de separar el derecho de la política”. Esa separación forzada —advirtieron los docentes— no solo encubre el carácter situado de las decisiones judiciales, sino que habilita su utilización como herramienta de poder en nombre de una supuesta neutralidad técnica.
En ese marco, los profesores reafirmaron la necesidad de resguardar el sentido garantista del derecho penal frente a su colonización por intereses ajenos a la Justicia. Es que cuando los tribunales asumen un rol político sin límites, señalaron, no solo se compromete la libertad individual sino también la integridad del régimen democrático. El Derecho, recordaron, no puede ser reducido a la administración mecánica de sentencias desvinculadas de su contexto histórico y social.
A posteriori, la escena encontró un título posible: “El Derecho contra los tribunales”. No como fórmula de antagonismo, sino como invocación de una exigencia: que el Derecho recupere su vocación de límite frente a la arbitrariedad. Porque allí donde el poder judicial se convierte en instrumento de supresión política, la justicia se aleja del Derecho.
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