El exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa tuvieron que dejar el lujoso edificio Tierra Alta Del Maestro, donde cumplían la detención domiciliaria debido a las quejas del consorcio, que logró que les rescindieran el contrato. A raíz de esta situación, la propia pareja le pidió al juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, que los autorice a mudarse a otra vivienda en un barrio residencial también en Asunción. En Paraguay están procesados por tentativa de contrabando de 211.000 dólares que intentaron pasar por la frontera sin declarar. En los tribunales de ese país también hay un pedido de detención y extradición que hizo la jueza Sandra Arroyo Salgado, que investiga al exlegislador por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, un trámite que por ahora está empantanado. En rigor no está formalmente iniciado porque la fiscalía general y un juez del país vecino sostuvieron que el requerimiento estaba mal formulado y debía ser rectificado. La magistrada argentina no habilitó la feria judicial y todavía no envió esa respuesta.
Por ahora el paso del tiempo le viene bien a Kueider. Volver al país implicaría la posibilidad de terminar en una cárcel común. Además de las sospechas de corrupción previas que recobraron impulso en estas circunstancias, el gran interrogante a dilucidar es si el oficialismo compró su voto a favor de la Ley Bases, que definió su aprobación. Esto explica también que al gobierno libertario le convenga que el exsenador se quede lejos y no abra la boca.
La mudanza
La defensa de Kueider y Guinsel Costa, le informó al juez Otazú hace una semana que habían sido “formalmente notificados de la intención de rescisión anticipada y unilateral del contrato de locación” del departamento en el edificio con gimnasio, pileta y quincho donde se alojaban en el centro de la capital paraguaya. Al mismo tiempo, dijo que habían conseguido un nuevo lugar en el Barrio San Vicente, en la calle 18 de julio casi avenida José Félix Bogado, una zona de casas, de clase media. Tanto el fiscal Ysrael Villalba Ramírez como el juez aceptaron el cambio de lugar y recordaron que para garantizar las condiciones de la detención domiciliaria seguirá “el control permanente de la Policía Nacional, en los accesos de entrada y salida del inmueble, como así también en las adyacencias”. En el edificio donde estaban hubo quejas de los vecinos desde el comienzo, primero por las guardias periodísticas, pero también por la presencia permanente de los agentes que hacen la custodia.
“La rescisión del contrato la hizo el dueño del inmueble de manera unilateral, como consecuencia de la decisión de la junta de propietarios. Por eso tuvimos que pedirle al juez el cambio de domicilio, pero no cambia la medida. La detención domiciliaria sigue en otro lado”, explicó a Página/12 Ricardo Preda, que representa tanto a Kueider como a la joven. La vivienda a la que ya fueron trasladados es un “triplex”: no es un edificio, sino una de tres casas iguales. Preda es un abogado conocido en Paraguay: representa ante la justicia al presidente Santiago Peña, y asesora al exmandatario Horacio Cartes, acusado por corrupción en Estados Unidos.
Obstáculos y jugadas
Respecto del edificio Tierra Alta del Maestro, hay un asunto pendiente requerido desde Argentina: el fiscal Fernando Domínguez, que impulsa la investigación originada en un megaexpediente sobre sobornos pagados en Argentina por la empresa Securitas (que se había autodenunciado tras una auditoría interna), había pedido que se allane ese inmueble, pero no solo el departamento ocupado por Kueider y la secretaria sino depósitos, oficinas y todo rincón donde se pudiera rastrear evidencia. También reclamó el secuestro de sus celulares, algo que no se hizo en la causa paraguaya pese a que podría ser una prueba fundamental tanto sobre la maniobra del intento de contrabando como sobre el origen del dinero. Por ahora Domínguez no tuvo suerte: ni siquiera le mandaron copia del expediente por la tentativa de contrabando (el delito más leve que les podían adjudicar) que tramitan sus colegas.
Kueider intentó que el fuero contencioso-administrativo le devolviera su cargo de senador, con el argumento de que la vicepresidenta Victoria Villarruel no podía presidir la sesión en la que fue expulsado porque debía reemplazar a Javier Milei, que estaba de viaje. El presidente se subió en un comienzo a esa misma teoría en defensa del expulsado. El juez Enrique Lavié Pico la rechazó con la explicación de que ella no tuvo intervención en la decisión de quitarle el cargo. La Cámara de Apelaciones se negó a comienzos de enero a habilitar la feria para tratar este asunto, con el que el exsenador aspiraba blindarse para volver sin ser detenido por la orden de Arroyo Salgado, que también pidió su desafuero.
Hay distintas aristas que abarca la causa radicada en el juzgado de San Isidro a cargo de la magistrada. Una indaga en el vínculo con Kueider (y otros funcionarios) de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, que representaban a Securitas y estuvieron detenidos. Los mensajes analizados en el celular de uno de ellos vincularían al exsenador con las gestiones para la renovación del contrato de seguridad con ENERSA, la empresa de energía de Entre Ríos, donde actuaba Kueider. Se rastrean pagos ilegales. Una coincidencia notoria: a Kueider se lo investiga por la adquisición de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en la ciudad de Paraná durante 2021, en la calle Santiago del Estero 511, que nunca declaró. En el mismo edificio tienen dos semipisos los hermanos Tortul. Son propiedades que superan el valor de 350 mil dólares. La pesquisa sobre el patrimonio de Kueider está en disputa entre la justicia federal de San Isidro y la de Entre Ríos, donde el fiscal José Arias ya recopiló una gran cantidad de documentación.
Los departamentos adjudicados a Kueider estuvieron primero a nombre de la empresa Betail S.A (que figura como una agropecuaria sin actividad en sus balances), que compartía en sociedad Rodolfo Daniel González, empleado del Congreso. Tiempo después este cedió sus acciones a Javier Rubel, un primo albañil monotributista de Kueider, que se las volvió a ceder a González el año pasado. En junio último las expensas aparecieron a nombre de su secretaria Guinsel Costa. Fue después que la revista Análisis revelara la existencia de las propiedades ligadas al exsenador. Ahora volvieron a estar a nombre de Betail S.A.
En la investigación radicada en San Isidro todavía está por conocerse el resultado de los últimos allanamientos, hechos incluso en despachos de Kueider en el Senado. Otros como consecuencia de reveladoras escuchas que salpican a familiares del exsenador. Pero la jueza Arroyo Salgado no habilitó la feria para este expediente.
Los 211 mil dólares y la extradición
El delito que se les imputa a Kueider y Guinsel Costa en Paraguay tiene una baja pena en expectativa: puede ir de seis meses a dos años y medio de prisión. El Ministerio Público Fiscal que analiza el episodio puntual del intento de ingresar dinero sin declarar tiene plazo hasta el 5 de abril para decidir juntar pruebas y decidir si el caso es elevado a juicio oral.
Cuando declaró, la chica dijo que el dinero provenía de la empresa Golsur, y que era para comprar productos y a la vez venderlos. Esa firma actualmente pertenece a Armando André Torales Benega, que se presenta como abogado, y José Fernando Courisat, comerciante, está inactivo en el Registro Único del Contribuyente (como el CUIT argentino), extraño tratándose de alguien que tiene varias sociedades a su nombre. En octubre del año pasado firmaron un amplio poder a nombre de Guinsel Costa quien, con Kueider, venía buscando una sociedad para hacer operaciones inmobiliarias en Paraguay, según constaría en el expediente. El domicilio de Golsur figura en Alberdi 734, donde funciona CSAP, Inversión y Asesoría, que vende sociedades (sellos de goma). Desde la misma época la firma fue habilitada para negocios inmobiliarios, construcción y publicidad. Parece la estrategia de las mamushkas (donde hay una sociedad adentro de otra para esconder a los verdaderos dueños). No está claro qué relevancia le dará a todos estos datos la investigación en Paraguay, pero pueden llegar a ser elementos relevantes para los investigadores argentinos.
El pedido de detención y extradición que formuló la fiscala Arroyo Salgado fue cuestionado por la fiscala adjunta Matilde Moreno y el juez Rolando Duarte, que le dijeron a la jueza de San Isidro (a través de un trámite que pasa por la Corte Suprema paraguaya y luego la cancillería de ambos países) que su presentación tenía una sería de defectos que debían ser corregidos: por ejemplo, que no se describían los hechos sino que solo se enumeraban los delitos (lavado y enriquecimiento ilícito); el texto señalaba la necesidad de tomarles declaración indagatoria a Kueider y Guinsel Costa, pero Paraguay dice que eso no es motivo de extradición; el exsenador es señalado como prófugo, aunque se sabe dónde está, incluso en nuevo domicilio de detención. Habrá que ver qué pasa con todo esto cuando se reanude la actividad judicial la semana próxima. Está claro que Kueider no tiene ningún apuro, y que hasta ahora obtuvo movimientos en los tribunales de ambos países que lo ayudan.
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