El expresidente Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py, por segunda vez, a declarar en la causa conocida como Seguros y donde se lo investiga por administración fraudulenta y de realizar negociaciones incompatibles con la función pública. En esta oportunidad lo hizo ante el juez Sebastián Casanello. Allí intentó explicar su relación con el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de la entonces secretaria privada del presidente, María Cantero, con quien tuvo un vínculo comercial durante casi diez años. En su declaración, el exmandatario explicó que el decreto que habilitó la intermediación en la contratación de pólizas fue parte de una “política pública” y legal que llevó adelante durante su gestión.
Fueron dos horas frente a Casanello que ahora está a cargo de la causa. En noviembre pasado el expresidente había realizado una declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini, con quién Fernández mantiene un enfrentamiento a través de recusaciones.
Fernández buscó explicar la relación comercial que tuvo con Martínez Sosa entre 2010 y hasta finales de 2019 cuando asumió la presidencia. En esos años, según trascendió de su declaración, fue asesor del broker “ante consultas jurídicas, económicas y políticas”. Fernández señaló que su “asistencia técnica” no fue diferente de los otros clientes que tuvo en esos años. El expresidente dijo que en ese tiempo eran requeridos sus servicios de asesoramiento y que redactaba informes de coyuntura política nacional e internacional.
El expresidente le aseguró a Casanello que a pesar de ese vínculo comercial con Martínez Sosa “jamás generó que durante mi mandato en la función pública interceda por él en sus negocios”. Habrá que ver si el juez y la fiscalía consideran veraz esa afirmación. Por lo pronto, Fernández reclamó que se archive la causa que, a su criterio, carece de sustento.
En un escrito que presentó el expresidente, éste se desliga de cualquier ilícito que se haya cometido con los seguros que se tramitaban a través del Banco Nación. “Desconozco si hubo funcionarios/as que, abusando de la confianza y la delegación de funciones, cometieron irregularidades o generaron beneficios para sí o terceros. Si de la pesquisa V.S entendiera que ello fue así, considero que la sospecha o responsabilidad penal no debería serme trasladada únicamente por la envestidura presidencial”, afirmó.
En otro tramo sostuvo que su intención fue la de implementar una política pública vinculada a las pólizas de seguros para organismos y negó haber tenido participación en contrataciones de manera particular.
Durante su presentación ante el juzgado, Fernández pidió más medidas de prueba, entre ellas la citación como testigos de la exsecretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el expresidente del Banco Central, Miguel Pesce, el exministro de Economía Martín Guzmán y el excanciller Santiago Cafiero.
Según trascendió, la ampliación de la indagatoria que pidió Fernández y se realizó este viernes, responde a una posible definición de su situación procesal. La abogada del expresidente indicó que ante el juez “explicó que no tiene ninguna relación con la imputación y que se trata de una imputación genérica. Además explicó que el decreto es legítimo, jamás menciona a brokers, ni a intermediarios”.
En ese sentido, defendió el decreto 823 por el cual Nación Seguros se hacía cargo de los seguros de las empresas del Estado. “Jamás creí que el dictado del Decreto 823/2021 perjudicaría al Estado y jamás busqué beneficiar a las personas o empresas imputadas como broker. El decreto prohibió la intervención de intermediarios, y no fue suscripto de un día hacia otro, o de manera direccionada por mi persona, sino que requirió un trabajo previo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la cual presentaba los proyectos en mi despacho para su revisión y firma”.
Fernández insistió en que no favoreció a Martínez Sosa. En noviembre pasado, cuando declaró ante Ercolini, supo afirmar que tuvo “una relación de afecto”. En ese sentido aclaró que “jamás pedí a nadie que un seguro del Estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros”. También señaló que Martínez Sosa “me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo”, afirmó en aquella oportunidad.
El juez Casanello tiene rahora que resolver su situación procesal pero también la de otros 37 imputados, que fueron indagados por el anterior juez del caso. En tanto, la Cámara Federal porteña anuló la inhibición general de bienes de todos ellos. Entendieron que al haber transcurrido cinco meses desde el final de las indagatorias y como no se resolvió la situación procesal, consideraron que no había razón para mantener la restricción de los bienes.
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