El gobierno de Javier Milei sigue tensando la cuerda en la Secretaría de Derechos Humanos. El secretario Alberto Baños le dijo a la justicia que la denuncias que indican que los sitios de memoria están en riesgo son “falacias” de los organismos que se “presentan como defensores de los derechos humanos” al mismo tiempo que reconoció que hay áreas del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) que están prácticamente desguarnecidas por los despidos.
La situación de los espacios de memoria que dependen de la Secretaría de Derechos Humanos es crítica: lo vienen denunciando organismos, trabajadores y dirigentes políticos. La semana pasada, la legisladora porteña Victoria Montenegro logró un pronunciamiento judicial en ese sentido. El juez federal Ariel Lijo le dijo a Baños que debería mantenerlos en funcionamiento, con personal capacitado y con la continuidad de las tareas de preservación, investigación y archivo.
Baños recibió el golpe que le propinó, nada más y nada menos, el candidato del gobierno para la Corte Suprema, y envió una respuesta al juzgado que terminó siendo un ataque hacia los organismos de derechos humanos.
“Tanto en el sistema interamericano como en el universal, cotidianamente se reciben estos requerimientos basándose en un supuesto abandono de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Supuesto abandono enarbolado por organismos que se presentan como defensores de los derechos humanos y que incluso, en audiencias públicas internacionales, se ha demostrado las falacias intencionadas en esas afirmaciones”, protestó Baños. Hacía alusión a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevó a cabo en noviembre pasado en la que los funcionarios terminaron haciendo un alegato en favor de la “memoria completa” y diciendo que la política de justicia era, en realidad, una venganza contra los militares.
“Sin perjuicio de las medidas adoptadas por este Ministerio de Justicia de la Nación y que han incidido en el número de empleados, ha sido política de gestión inveterada que las aludidas reducciones no entorpecieran la labor, no solo de los sitios de memoria, sino de todos las diversas y muy variadas áreas que abarcan las distintas competencias asignadas en el Decreto 735/2024”, agregó Baños haciendo caso omiso a lo que denuncian desde los espacios: que por la falta de trabajadores hay múltiples tareas que no pueden llevarse a cabo.
En ese mismo escrito, Baños sostuvo que había ordenado hacer un relevamiento sobre las condiciones de conservación, salubridad e higiene de los cinco sitios de memoria que están emplazados en la Ciudad –Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Club Atlético, Olimpo, Automotores Orletti y Virrey Cevallos– antes del tirón de orejas de Lijo.
Para cuando el secretario de Derechos Humanos mandó la respuesta al juzgado, ya se había caído el cielorraso de Orletti, el centro clandestino de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que se usó en 1976 como base del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
Baños tenía la información de lo que había pasado en Orletti pero no se refirió al tema en su presentación. Desde la mesa de trabajo de ese sitio de memoria, advirtieron que parte de la mampostería quedó colgando de un cable de electricidad, por lo que hay riesgo de que se produzca un incendio.
Tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como el abogado querellante Pablo Llonto pidieron que la justicia tome medidas ante el silencio de Baños. Ambos reclamaron una respuesta inmediata de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la autoridad de aplicación de la ley de Sitios (26.691). El CELS, además, solicitó una inspección ocular para determinar en qué estado se encuentra el excampo de concentración ubicado en la calle Venancio Flores.
Por lo que pudo saber este diario, todavía no hubo un pronunciamiento judicial. Los pedidos se realizaron en la causa que tramita en el juzgado federal de Daniel Rafecas, que está de feria hasta febrero. Actualmente es Julián Ercolini quien está subrogando la oficina y debería resolver las peticiones.
Más cámaras y policías
Baños también buscó despejar las dudas sobre el funcionamiento del ANM, donde están resguardados los archivos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), entre otros fondos, pero lo único que hizo fue reconocer que hay áreas que se quedaron prácticamente sin personal.
“El Archivo Nacional de la Memoria cuenta con trece (13) depósitos de documentos que son controlados periódicamente respecto a las condiciones de temperatura y humedad relativa, así como se realizan rutinas de limpieza que permiten garantizar las condiciones de conservación preventiva de la documentación. Sin embargo, parte del personal destinado a estas tareas fue reducido significativamente a partir del 1 de enero del corriente año, quedando solamente dos personas a cargo”, dice el informe que elevó el secretario.
“En cuanto a la capacidad de respuesta ante requerimientos de información y/o documentación por parte de las distintas dependencias judiciales cabe destacar que las áreas competentes continúan funcionando aunque el personal afectado a tales tareas también se vio sensiblemente reducido desde el 1 de enero”, añade.
A pedido de Llonto, Lijo le había preguntado a la Secretaría de Derechos Humanos qué medidas estaba tomando para proteger el acervo del ANM. La contestación de Baños fue que había dispuesto migrar las cámaras de seguridad, que iba a instalar más cámaras y que iba a colocar sensores magnéticos en los puestos de acceso y ventanas para detectar cualquier intrusión indebida.
El secretario también informó que iban a aumentar la presencia de la Policía Federal Argentina (PFA) en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA–, donde funciona el ANM.
De hecho, son efectivos de esa fuerza los que controlan los ingresos a la Secretaría de Derechos Humanos e impidieron, por ejemplo, que pasaran los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también denunció que el 27 de diciembre pasado hubo personal policial de civil entre quienes se congregaron en Avenida del Libertador al 8100 para protestar contra el desguace de las políticas de memoria. Según ese organismo, también se tomaron filmaciones y fotografías de los manifestantes.
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