La Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento de Eduardo Belliboni y otros integrantes del Polo Obrero por malversación de fondos de los programas sociales, extorsión y amenazas. El dirigente quedó así más cerca del juicio oral, aunque irá en apelación a la Corte Suprema. El caso fue iniciado por el gobierno de Javier Milei como parte de su estrategia para barrer a las organizaciones sociales, y un el dato clave sobre lo que se viene es que, en las audiencias orales, los referentes del Polo Obrero no serán juzgados sólo por la mala rendición de gastos, sino también bajo la acusación de que apretaban a la gente para que participara de sus marchas.
Al conocerse la noticia, Belliboni dijo que el fallo tiene un objetivo político. “Quieren llevar al Polo Obrero a juicio en un año electoral. El gobierno cree que va a poder sacar réditos electorales de esto”, sostuvo. Luego aseguró que su organización “va a seguir luchando contra el ajuste, porque la ministra (Sandra) Pettovello sigue sin entregar comida a los comedores populares, y eso está haciendo crecer las enormes necesidades que ya existían y que se han agravado con este gobierno”.
En total el caso tiene 18 procesados; 12 integran el Polo Obrero, un grupo chico son integrantes de Barrios de Pie y hay algunos “arrepentidos” que declararon contra el Polo.
El fallo fue dictado por los integrantes de la Sala IV de Casación, Javier Carbajo, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, que rechazaron las apelaciones presentadas por las abogadas de los integrantes del Polo Obrero y los defensores de otros procesados.
Los jueces sostuvieron que no les correspondía entender en el asunto porque el fallo apelado no era una sentencia definitiva. “Los recurrentes no lograron demostrar los agravios actuales de tardía o imposible reparación ulterior que les genera la decisión del a quo de rechazar los planteos de nulidad”, sostuvieron.
Belliboni agregó sobre esta decisión: “Lo que hace Casación es decirnos que vayamos a juicio y que ahí probemos nuestra inocencia. Dicen que todo lo que queremos presentar en contra de la elevación a juicio lo tenemos que hacer en juicio”
A juicio oral, con acusaciones agravadas
Para ubicar qué definió Casación hay que ir unos pasos atrás: inicialmente los acusados habían sido procesados por el juez Sebastián Casanello por el delito de administración fraudulenta. El fiscal Gerardo Pollicita apeló para agregar a los procesamientos los cargos de coacción y extorsión. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a lo solicitado por Pollicita, dictando su procesamiento por los tres delitos en concurso real, lo que implica un fuerte aumento en las posibles condenas. Esto es lo que fue apelado ante Casación, y ahora rechazado.
El fallo agrava entonces los delitos por los que se acusa a los referentes y militantes integrantes del Polo Obrero. Las penas del procesamiento de primera instancia habilitaban la posibilidad de condenas de entre dos y seis años; con el procesamiento que ratificó Casación, las condenas posibles van de entre 5 a 18 años de prisión.
Por otra parte, la decisión habilita a que en el juicio oral se traten acusaciones tales como que en la organización se amenazaba a los más pobres con quitarles el plan Potenciar o el bolsón con alimentos si se negaban a participar en sus marchas. Esto es material preciado por el gobierno en su campaña de estigmatización de los movimientos, ya que le permite reafirmar su discurso sobre que los dirigentes sociales son gerentes de la pobreza. Gente que se aprovecha de los más vulnerables y los utiliza para sus propios fines.
La causa judicial “no garantizó el derecho a la defensa”, y “agregó en la calificación amenazas coactivas y extorsión buscando presentar la movilización piquetera como resultado de un apriete contra quienes cobraban planes sociales, cuando en realidad, era un canal de expresión de los reclamos de los barrios. Es un libreto a la medida de Patricia Bullrich, para avanzar en amedrentar a quienes se organizan y se movilizan por los reclamos populares”, señaló el Polo Obrero en una solicitada publicada a fin de año, con la adhesión de figuras del movimiento de derechos humanos y de figuras de la izquierda.
Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo), Diego Morales (CELS), Carlos Lordkipanidse (Encuentro militante Cachito Fukman), María del Carmen Verdú (Correpi), Roberto Félix Cipriano García (Comisión Provincial por la Memoria), Julio Piumato (UEJN), Hugo “Cachorro” Godoy ( CTA Autónoma), Sonia Alesso (Ctera), Alejandro Crespo (SUTNA), Rodolfo Aguiar (ATE) fueron algunos de los firmantes, que expresaron así su preocupación por la derivación seguida por el expediente.
¿Por qué se dice que este caso es impulsado por el gobierno? Porque se inició con una acción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomada en la primera marcha piquetera cotra el gobierno de Milei, el 20 de diciembre de 2023. Ese día el ministerio de Seguridad habilitó la línea de teléfonos 134 para que las personas hicieran denuncias anónimas en el caso de que hubieran sido obligadas a marchar. Con los llamados que recibió, el gobierno hizo la denuncia ante la justicia. El fiscal Pollicita tomó los llamados de la Capital Federal y los rastreó. De los supuestos cientos de llamados iniciales, hubo dos denunciantes que ratificaron sus dichos, con los que se inició la causa y el fiscal avanzó con un pedido de 27 detenciones y allanamientos, que en aquel momento incluyeron a otras organizaciones, además del Polo Obrero.
En el allanamiento a la sede del Polo la justicia secuestró facturas con la rendición de gastos del Potenciar Trabajo. Casanello abrió con ellas los cargos por defraudación al Estado, acusando a la organización de haber desviado dinero del Potenciar para pagar gastos de la campaña electoral del Partido Obrero.
Sobre el tema de las coacciones y extorsiones, el juez consideró que los pedidos de dinero a los titulares del plan Potenciar no fueron un delito, porque la organización social necesitaba de esos aportes para poder hacer funcionar sus comedores, pagar por ejemplo la luz, el gas o los fletes para buscar los insumos. En cambio sí consideró que hubo coacción en las presuntas exigencias a los titulares del Potenciar para que participaran de marchas de Polo Obrero. Este es la parte de los cargos que más tarde fueron agravados por la Cámara de Apelaciones y confirmados ahora por Casación.
“Nosotros demostramos que hicimos las obras (con los fondos del Potenciar) y que las facturas que usamos eran legales”, dijo ayer Belliboni. El dirigente remarcó que “la idea del gobierno es amedrentar para que no haya una reacción popular, su objetivo, más que hacer justicia por algún hecho, es que nadie reclame mientras avanza sobre derechos sociales y laborales que nos llevó décadas construir”.
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