El gobierno de Javier Milei usa su retórica antiterrorista para seguir recortando derechos. En este caso, modificó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) las condiciones para acceder al refugio en la Argentina e incluso recortó los plazos para que se expida el Poder Judicial. Referentes de derechos humanos denuncian que se trata de una maniobra inconstitucional, que forma parte de una ola autoritaria.
Hace tiempo que el gobierno le puso el ojo a la situación de los refugiados. El 11 de septiembre, Milei cambió por decreto la composición de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Lo hizo para que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tuviese un representante dentro de los cinco comisionados que deciden quiénes acceden al estatuto del refugio en la Argentina. En ese momento, el Ejecutivo había dicho que se buscaba garantizar un análisis especializado en casos de refugiados que puedan representar un “riesgo para la seguridad interior y el orden público”.
Un mes y medio después, Milei fue más allá: modificó por DNU la legislación que estipula cuándo el país brinda refugio a una persona. La ley 26.165, adoptada en 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue parte de una reforma promovida desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Muchas normativas similares se sancionaron del mismo tenor en la región. Como parte de su ímpetu restaurador, Milei hace que la Argentina se aparte de los estándares que guiaron su accionar hasta ahora.
La Casa Rosada sostiene que debe avanzarse hacia una postura más restrictiva a la hora de abrir las puertas del país. Con un dejo de lenguaje de otras épocas afirma que hay que prevenir la “infiltración” de personas que podrían utilizar el instituto del refugio para realizar actividades ilícitas en detrimento de la sociedad argentina. Dice que un número significativo de migrantes realiza solicitudes de refugio ante la Conare por motivos que no guardan ninguna relación con la definición de refugiado, y que esto hace que un trámite dure entre cuatro y siete años. Según el gobierno, estos pedidos serían una maniobra para no ser expulsados.
Más allá del tono antimigrante, Milei toma esta decisión como parte de su alineamiento internacional. “Grupos terroristas y criminales internacionales, como Hamas y Hezbollah, han utilizado diferentes jurisdicciones y abusado del régimen del refugio para extender sus redes, extremo que subraya la necesidad imperiosa de fortalecer los mecanismos de control y exclusión en el marco del instituto del refugio”, dice el texto del DNU. Sería sorprendente que el gobierno argentino tuviera identificado peticiones de refugio con estas características.
De acuerdo con el DNU 942/2024, cualquier persona que esté imputada por un delito “grave” no podrá ser refugiada. Según el decreto, son delitos graves los que tengan una pena superior a los diez años de prisión; los que afecten la vida, la libertad, la integridad física o sexual de las personas; los que afecten el patrimonio y hayan sido perpetrado con violencia o intimidación; los que fueran cometidos en el marco de la delincuencia organizada; terrorismo.
“Pone en el Estado que genera las causales por las que se puede reconocer el estatus de refugiado la posibilidad de obturar toda protección internacional, diciendo que con una mera imputación no puede prosperar el refugio. Un fiscal cualquiera de una dictadura o de cualquier gobierno que imputa a alguien por un crimen es suficiente para rechazar la petición. Es un escándalo”, opina el abogado Rodolfo Yanzón.
La Conare –integrada por la vicejefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Justicia– es la que decide en primera instancia si cesa el estatuto de refugiado para una persona. En tal caso, la persona únicamente tendrá cinco días hábiles para interponer un recurso judicial.
Según el DNU, el fiscal deberá expedirse en 48 y la Cámara de Apelaciones tendrá un plazo de diez hábiles. La persona puede llevar su caso ante la Corte pero no se frena la ejecución. Esto quiere decir que, aunque haya recursos pendientes, Argentina puede expulsar a una persona. Todo apunta a que sea un trámite exprés con poca tutela de los derechos.
“El DNU es inconstitucional porque afecta garantías judiciales de grupos de personas que están en una particular situación de vulnerabilidad”, afirma, por su parte, Diego Morales, director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Mediante un DNU, el gobierno lesiona gravemente el derecho internacional de los refugiados otorgando a los Estados que promueven la persecución la facultad de obturar toda protección internacional, con la excusa de una imputación penal. Es claro que este gobierno necesita implementar un dispositivo represivo que impida toda intervención del derecho internacional de los derechos humanos”, agrega Yanzón.
Si bien se asoció esta reforma vía DNU con el pedido de extradición que cursó la justicia brasileña contra 63 bolsonaristas que atacaron las sedes de los tres poderes, la decisión de Milei parece ser parte de una seguidilla de hechos vinculada a recortar a este estatuto a actores vinculados a la izquierda u organizaciones populares. A principios de mes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció con bombos y platillos que ya no se reconocía a Evo Morales como perseguido político. A fines de agosto, Bullrich promocionó la detención del ciudadano italiano Leonardo Bertulazzi –después de que se le quitara el estatus de refugiado– como un golpe contra un “terrorista de las Brigadas Rojas”.
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