El Gobierno de Javier Milei no podrá hacer modificaciones al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) sin avisarle al Poder Judicial. Así lo resolvió la jueza federal de San Martín Alicia Vence a partir de una presentación que hizo Abuelas de Plaza de Mayo después de que la administración libertaria interviniera el organismo donde se almacen las muestras genéticas para identificar a los bebés que fueron robados durante la última dictadura.
Mientras el mundo reconoce lo logrado por la Argentina, como se vio con la reciente distinción de Mary-Claire King, la genetista que contribuyó a detectar el índice de abuelidad para encontrar a los chicos apropiados durante los años del terrorismo de Estado, el Gobierno apunta su motosierra contra los organismos más valorados.
Uno de ellos es el BNDG, creado en 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, por impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo. Durante dos décadas, el BNDG funcionó en el Hospital Durand. En 2009, se reformó la ley y se convirtió en un organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya no existe. Cuando se empezó a discutir la Ley Bases, hubo un acuerdo para que el BNDG quedara a resguardo de la motosierra de Milei. De esa forma, se resolvió que no podría disolverse o intervenirse. Sin embargo, el Gobierno decidió transformarlo, a través del decreto 351, con el argumento de que se ahorraría recursos.
El BNDG se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, advirtió Abuelas de en una presentación que hizo ante el juzgado de Vence, donde se investigan los crímenes cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo –la principal guarnición militar del país y donde funcionaron, al menos, cinco centros clandestinos de detención. Se calcula que allí estuvieron secuestradas, al menos, 30 mujeres embarazadas.
Abuelas advierte tres razones para temer por el futuro del BNDG. En primer lugar, está desfinanciado. En segundo lugar, está paralizado. Desde el 18 de mayo está vencido el mandato de su directora, Mariana Herrera Piñero, que fue designada por concurso. La falta de autoridades con firma impide que se puedan completar los requerimientos judiciales. En tercer lugar, a través del decreto 351, el Gobierno convirtió al BNDG en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.
Para la organización que preside Estela de Carlotto, el decreto 351 habilitó una intervención de facto del BNDG. Le hizo perder autonomía. Además, existe un gran temor por lo que pudiera pasar con las muestras que proveyeron las familias que buscan a los bebés robados durante la dictadura.
Según pudo saber Página/12, la jueza Vence le envió una nota este viernes al titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Leandro Genua, para advertirle acerca de la preocupación que existe por el BNDG.
“Se solicita que cualquier modificación o iniciativa que pretenda implementarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos, sea comunicada con antelación a este tribunal, a fin de: -garantizar la debida protección de las causas en trámite por delitos de lesa humanidad y, en el marco de ello, el respeto por sus víctimas, -preservar las integridad del material genético que son evidencias claves de estas causas, -amparar y promover la búsqueda de la verdad, y -permitir que este juzgado pueda cumplir con sus funciones jurisdiccionales de manera efectiva en los procesos en curso, y en los venideros”, remarcó Vence en su oficio.
“Esta comunicación obedece a que este tribunal, como parte integrante del Estado argentino, tiene asumida la responsabilidad de garantizar, en este tipo de procesos, el descubrimiento de la verdad, como así también, que las familias de las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación, tal como lo establece la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, en sus artículos 24 y 25”, añadió la jueza.
Vence consideró que, por el momento, no se reúnen las condiciones para dictar una medida de no innovar, como había solicitado Abuelas, para la protección de las muestras, tecnologías e incluso el inmueble del BNDG.
La magistrada explicó que no pasaba por alto las advertencias hechas por el organismo de derechos humanos en razón de que el presupuesto es insuficiente, que no se ha prorrogado la designación de la directora y que se restringió su capacidad para actuar de manera autónoma. “Dada su reconocida trayectoria y contribución a la sociedad argentina, es plausible y merecedor de consideración que ‘Abuelas de Plaza de Mayo’ pueda sentir desconfianza o aprensión, y por tal exprese su preocupación acerca de que el fruto de su trabajo y dedicación de tantos años, pueda verse comprometido de manera irreversible”, resaltó Vence.
Abuelas había pedido, además, que se declarara la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 351. La jueza Vence decidió que ese planteo tramite ante el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires, que es el terreno al cual el Gobierno pretende llevar todas las contiendas.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) viene afectando todas las políticas de derechos humanos. Sin embargo, ha mostrado un especial empeño en entorpecer la búsqueda de los nietos y las nietas. También se ha regodeado diciendo que no daría fondos públicos para contribuir con la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo.
A principios del año pasado, el Ministerio de Defensa se negó a entregarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). En mayo, Patricia Bullrich replicó la estrategia desde el Ministerio de Seguridad y calificó a la Conadi como un “organismo militante”.
En agosto pasado, Milei fue más allá. A través de un decreto, el Presidente eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba al interior de la Conadi, contribuyendo a hacer averiguaciones antes de que los casos se judicializaran. De esa forma, el Gobierno vedó el acceso de la Conadi a los archivos en posesión del Estado.
Después de la eliminación de la UEI de la Conadi, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, en sintonía con lo que había pedido la unidad fiscal, dictó una medida cautelar para resguardar toda la documentación en poder del organismo. A pesar del empeño oficial por obstaculizar la búsqueda, Abuelas de Plaza de Mayo pudo anunciar entre diciembre y enero pasados que había encontrado a dos de los nietos que buscaba.
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