El gobierno quiere rematar cientos de terrenos en poder del Estado. Dentro de las tierras que seleccionó para ser enajenadas está un centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE): La Perla chica, de Córdoba. Esta decisión va a ser judicializada en las próximas horas mientras los organismos de derechos humanos salieron a denunciar un intento de vender la memoria. La Perla chica no es el único caso de sitios de memoria en la mira de la administración de La Libertad Avanza (LLA): el exRegimiento de Infantería 9 (RI9) de Corrientes figura dentro de las futuras subastas en la web de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El 24 de octubre, se publicó el decreto 950, firmado por Javier Milei y Guillermo Francos, a través del cual se seleccionaban 309 terrenos a lo largo y ancho del país para ser enajenados. El argumento que daba el Poder Ejecutivo es que mantener tierras ociosas genera costos y gastos, un lujo imposible para “superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país”.
Dentro del listado incorporado en el anexo hubo una mención que llamó la atención de organismos de derechos humanos de Córdoba: los tres terrenos que aparecían a la vera de la autopista Carlos Paz-Córdoba en la zona de Malagueño. Allí estaba ubicada La Perla chica.
La Perla es el mayor campo de concentración del interior del país. Mientras estaba en pleno funcionamiento, los represores usaban una construcción más pequeña –ubicada en el mismo predio– que se conocía como La Perla chica o La Perla Vieja. También había quienes se referían a este lugar como Malagueño o La Escuelita.
La Perla chica era, en la práctica, un anexo de La Perla, donde había personas secuestradas. En 1976 y 1977, si alguien quería entrar a La Perla debía pasar antes por La Perla chica. Los dos espacios quedaron separados en 1978 con la construcción de la autopista. Para la época del Mundial’78, La Perla chica alojó secuestrados –o rehenes de la dictadura. También hubo detenidos para cuando visitó el país la Cruz Roja Internacional y en 1979 cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 1984, La Perla chica fue reconocida por sobrevivientes que volvieron a la zona con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Algunos de ellos relataron, por ejemplo, que recordaban los mugidos de las vacas –un sonido permanente dado que era una zona contigua a los campos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El decreto de Milei caldeó los ánimos en Córdoba. “Vamos a hacer un recurso de amparo. Contamos con el apoyo de la justicia federal, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia –del que dependen los sitios de memoria– y con el compromiso de los organismos de derechos humanos”, dice Julia Soulier, directora del espacio de memoria que funciona en La Perla.
Según sus estimaciones, la presentación judicial se haría en el transcurso del viernes. “Ahora transitaremos el camino judicial. No estamos preocupados; sí ocupados”, afirma mientras repasa distintas alternativas. La Red Federal de Derechos Humanos va a apoyar los planteos en los tribunales, dijo a este diario su presidente, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.
Desde noviembre del año pasado, La Perla chica está señalizada como sitio de memoria. Fue una movida que se impulsó desde la Dirección de Sitios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –un área que actualmente está vacante.
Hay un problema adicional para el afán arrasador del gobierno de Milei: la justicia federal de Córdoba tiene dictadas medidas cautelares en esos terrenos, según pudo comprobar este diario con fuentes judiciales, ya que se siguen buscando restos de las víctimas que pasaron por esos campos de concentración. “Cuando se quieren hacer tareas en esa zona, se debe consultar previamente al juzgado federal que interviene y esto da pie a un trámite que incluye un traslado a la fiscalía de derechos humanos y al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)”, explicaron. Esto implica que el terreno no puede ser alterado y, por ende, no podría ser vendido tampoco.
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S denunciaron que hay un intento del gobierno nacional de vender la memoria. “Rechazamos profundamente esta acción del gobierno nacional de Milei y (Victoria) Villarruel, que nuevamente niega y banaliza el terrorismo de Estado y sus crímenes”.
Un déjà vu del macrismo
En mayo de 2019, Mauricio Macri autorizó a la AABE a disponer de los terrenos del RI9 de Corrientes, que funcionó como centro clandestino desde agosto de 1976 y está ubicado en una de las zonas más selectas de la capital correntina. Dada su ubicación, las tierras del exRI9 se cotizan para montar allí un proyecto inmobiliario costero.
Si bien el RI9 no figura en el anexo del decreto 950 de Milei, sí aparece en la web de la AABE como subastas futuras. El gobierno de LLA tiene una puerta para hacerlo: en la norma se dice que se ejecutarán aquellas ventas que no llegaron a hacerse durante la gestión de Cambiemos.
El RI9 está señalizado como sitio de memoria desde hace mucho tiempo. Su rol como cabecera de la represión en la zona mesopotámica está acreditada por la justicia e incluso la Secretaría de Derechos Humanos durante la era Macri advirtió entonces que había una cautelar vigente sobre ese terreno. Pero todo indica que la pelea volverá a reeditarse.
Página/12 ya había publicado que el gobierno se relame los labios con los terrenos en poder de las Fuerzas Armadas. Entre los predios que estaban en la mira de los rematadores oficiales estaban el Regimiento de Patricios y Villa Martelli. Ambos lugares fueron señalados por la justicia como centros clandestinos.
Mientras se busca poner a la venta lugares donde se cometieron los crímenes más aberrantes, la Secretaría de Derechos Humanos frena las obras en la guarnición de Campo de Mayo –donde se estaba construyendo un espacio de memoria– y en La Escuelita de Bahía Blanca. La decisión de paralizar esos trabajos fue anticipada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, a sus colegas de las provincias en un encuentro que estuvo marcado por la tensión y los reproches a un gobierno que provoca a las víctimas del terrorismo de Estado mientras trata de desarmar las políticas que implementó el Estado argentino desde la recuperación de la democracia.
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