Lejos de ceder y acordar con las provincias el Presupuesto 2025, la Casa Rosada dejó en claro su prioridad en el debate parlamentario para el año próximo: las elecciones legislativas que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Desde el Gobierno dejaron trascender que convocarían a sesiones extraordinarias solo para discutir una reforma electoral con dos proyectos. Por un lado, impulsan la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la modificación del sistema de financiamiento de los Partidos Políticos para quitar el aporte del Estado y dejar en manos privadas el sostén económico a las campañas electorales. Y, por el otro, quieren modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que aumenta las exigencias para su reconocimiento electoral.
Luego de conseguir la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, el gobierno ultraderechista de Javier Milei mostró que el debate parlamentario no es su prioridad. Le bastan las facultades delegadas en esas leyes y los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para manejar su administración con absoluta discrecionalidad. Solo recurrió a acuerdos para blindar los vetos al aumento de las jubilaciones y del financiamiento a las universidades públicas. Ahora, tomó la decisión de no ceder a incorporar los reclamos de las provincias en el Presupuesto 2025 por el ahogo económico que padecen. Pero lejos de acordar, está dispuesto a redoblar la apuesta y convocaría a sesiones extraordinarias solo para tratar una reforma electoral de cara a las legislativas del próximo año, una obsesión presidencial.
Desde el Gobierno dejaron trascender ayer que concretarían la intención que esbozó el viernes pasado el vocero presidencial, que había anunciado que enviarían al Congreso las iniciativas para eliminar las PASO, modificar la ley Orgánica de Partidos Políticos y aplicar cambios en el sistema de financiamiento. Manuel Adorni señaló entonces que las PASO “han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos”. También justificó la modificación de la ley Orgánica para “mejorar la representatividad” electoral y evitar la proliferación de “sellos de goma” cuyo objetivo es “recaudatorio”.
Con la premisa del recorte presupuestario, la Casa Rosada cambia la agenda parlamentaria, posterga los debates que incluyen los reclamos a su administración e impulsa el de sus propios intereses políticos. La eliminación de las PASO, es parte de la estrategia electoral del entorno presidencial que condiciona a sus principales aliados políticos. En especial al PRO de Mauricio Macri, que aspiraba a compartir el gobierno, pero que luego se redujo a mero respaldo parlamentario y, ahora, quedaría marginado al competir dentro de una misma alianza electoral, donde LLA impondría sus propias condiciones y la lapicera presidencial.
La modificación del financiamiento de los partidos pone fin al aporte estatal del que se nutrió la propia fuerza libertaria para llegar al poder y que pone en desigualdad de posibilidades a los partidos más chicos o nuevas propuestas partidarias. De aprobarse —una posibilidad que desde la propia Casa Rosada admiten como compleja— el sostenimiento de los partidos políticos quedarían en manos privadas y del mercado de los lobbys corporativos.
Incluso dejaron trascender que los aportes podrían realizarse en cualquier moneda y hasta en bitcoin, sin necesidad de que los mismos se realicen en el Banco Nación (como se hace ahora) sino en cualquier entidad bancaria, sin límites para gastos y más lejos de cualquier monitoreo o control. El Gobierno confía en que no pasará penurias económicas en una disputa electoral: cuenta con el respaldo que los grandes grupos económicos —que tienen hombres surgidos de sus filas en la propia administración nacional— y poderosos empresarios que ya pagaron miles de dólares por los cubiertos en la cena presentación del think tank libertario, la Fundación Faro Argentina.
Por separado iría el proyecto para modificar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Luego de celebrar a fines de septiembre en Parque Lezama el reconocimiento electoral de La Libertad Avanza con los actuales requisitos jurídicos, el Gobierno propone ampliar las exigencias para otorgarlo. Algunos trascendidos indican que se elevaría a más de cinco provincias (como sucede ahora) el reconocimiento electoral para alcanzar el status de partido nacional. Se propondría la afiliación digital y se elevaría del actual 0,4 por ciento al 0,5 del padrón electoral para su reconocimiento. Además, se establecería un piso mínimo del 3 por ciento en dos elecciones consecutivas para que un partido pueda seguir presentándose.
El Gobierno aspira a sumar estas modificaciones a la Boleta Única de Papel ya aprobada por el Congreso para las elecciones del año próximo, donde aspira a sumar legisladores y convertirse en una de las principales fuerzas legislativas. Todas sus fichas están puestas en el paño electoral.
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