El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, decidió clausurar una de las pocas herramientas de organización y acceso a derechos que tenían las personas privadas de libertad: los centros de estudiantes dentro de las cárceles federales. A través de la Resolución 372/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno prohibió su funcionamiento, bajo el argumento de que afectan la seguridad y el orden penitenciario.
Para quienes están presos, estudiar no es solo un derecho: es muchas veces la única manera de construir un futuro diferente. Sin embargo, el nuevo reglamento establece que los internos no podrán permanecer en los espacios educativos fuera del horario estricto de clases, lo que en la práctica impide la existencia de centros de estudiantes. La resolución dice garantizar el acceso a la educación en todos sus niveles, pero al mismo tiempo impone restricciones que hacen más difícil su ejercicio.
El argumento oficial sostiene que los internos que participan de estas agrupaciones “no cumplen con las obligaciones del régimen penitenciario” porque pasan demasiado tiempo en los centros educativos, dejando de lado tareas laborales o de mantenimiento. Desde el Ministerio aseguran que esto “tergiversa la finalidad de readaptación social” y afecta la disciplina dentro de los penales.
Pero los propios detenidos y quienes trabajan en la educación en contextos de encierro lo ven diferente: los centros de estudiantes no solo promueven el acceso al estudio, sino que también permiten la organización colectiva y la defensa de derechos básicos, como el acceso a materiales de estudio, tutorías o la posibilidad de rendir exámenes sin trabas administrativas. En muchos casos, han sido espacios clave para evitar el abandono escolar y fomentar la reinserción social real.
Educación o castigo: una elección política
Cientos de personas privadas de libertad encontraron en la educación una herramienta concreta para romper con el círculo de la violencia y la reincidencia. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en 2023 más de 4.500 internos de cárceles federales estaban inscritos en programas educativos, desde la primaria hasta niveles universitarios. Sin embargo, solo el 30% logra completar sus estudios debido a la falta de acceso a materiales, trabas burocráticas y obstáculos institucionales.
La prohibición de los centros de estudiantes suma un nuevo problema en este escenario. Distintas organizaciones de derechos humanos advierten que la medida no está motivada por cuestiones de seguridad, como argumenta el Gobierno, sino por una política de disciplinamiento que pone en riesgo el derecho a la educación en contexto de encierro.
Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que la resolución busca evitar desvíos en el régimen penitenciario, pero quienes trabajan en estos espacios tienen otra mirada. “El acceso al estudio en las cárceles ya es limitado. En lugar de generar más oportunidades, el Estado vuelve a poner barreras”, señala a Página/12 un docente con más de diez años de experiencia en educación en contextos de encierro. “Cerrar los centros de estudiantes no es una medida para mejorar la reinserción, sino para profundizar el aislamiento y el control”, advierte.
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