Un panel médico presentó en el Congreso de la Nación un informe sobre de la situación crítica de la salud mental en Argentina: aumentaron las internaciones y las consultas ambulatorias, en especial para los niños, niñas y adolescentes que además incrementaron las autolesiones y la ideaciones suicidas.
Dieciséis provincias participaron del informe y destacaron que tienen más cuidados que afrontar, pero menos dinero para hacerse cargo. La retirada del Estado Nacional, la retención de fondos coparticipables y el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas provocan esta situación de crisis generalizada.
La mayor demanda al subsector público se da por la pérdida de las obras sociales, por la pérdida de empleo y las 200 mil personas que abandonaron la medicina prepaga por el aumento de precios. También alertaron que quienes todavía tienen cobertura, sufren dificultad de afrontar copagos de consultas y medicación. En esta línea, el aumento de los medicamentos y la caída del poder adquisitivo llevaron a la interrupción de tratamientos.
El problema del suicidio
María Graciela Iglesias, a cargo del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, detalló que desde 2021 a 2024 en CABA el 91,7% de las internaciones son forzadas y sólo un 8,3% voluntarias. A su vez, el 60% de las internaciones están relacionadas a conductas suicidas. La especialista llamó la atención sobre las conductas autolesivas que además son compartidas por los jóvenes en redes sociales, y sobre los consumos digitales que fomentan la autolesión y la ludopatía. Si bien resaltó que los datos son de CABA, relevó que el suicidio y la falta de un presupuesto suficiente es un “común denominador en las provincias”.
El 30% de las internaciones pertenecen a infancias y adolescencias. Un 40% de los informes no tiene que ver con el suicidio, un 27% presenta ideaciones suicidas, un 26,5% intentos de suicidio y un 6,25% de conductas autolesivas. “Dentro de los informes aparecen indicadores que están naturalizados y que no son tratados debidamente, como el abuso sexual. El 63% de los adolescentes internados por conducta suicida o ideación suicida, han tenido abuso sexual y son mujeres. Esto es un dato muy representativo”, subrayó Iglesias y el auditorio del congreso dejó escapar un suspiro.
“La necesidad de la atención frente al síntoma, tapa lo que es la verdadera razón que lleva a las adolescentes, a las niñas”, a actuar así, explicó. Y agregó que el promedio de intentos suicidas bajó a 6 años de edad las niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los jóvenes universitarios, Soledad Cottone, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, contó que el servicio psicológico de la facultad está siendo un 25% más usado que el año pasado.
“El 63% de las y los estudiantes presentan signos de desgaste en lo vincular y en lo emocional. La mayoría ubica como causa primera, la precariedad económica y la incertidumbre existencial de no tener un proyecto de vida“, agregó la decana. Además, en su Universidad se detectó que el 70% de los estudiantes no pueden acceder a tratamiento psicológico principalmente por falta de recursos económicos.
Representantes del pueblo
Santiago Levín, presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), destacó la interseccionalidad del trabajo de relevamiento y de la presentación. “El informe es doloroso, es tremendamente preocupante. Me parece un enorme acierto en épocas de vacas flacas, en épocas de violencia política, discursiva y también material, que esta ruptura del silencio colectiva sea hecha en la casa de los representantes del pueblo“, concluyó entre aplausos.
Daniel Gollán, diputado nacional y exministro de salud, destacó el trabajo conjunto de “provincias de distintos signos políticos en cuanto a sus gobernadores” porque nos “ayuda a que empecemos a salir de los posicionamientos anti”. Y señaló las falsedades que se repiten en los recintos legislativos –como que no se pueden crear nuevos espacios de internación– y que la ley puede ser mejorada, pero primero debe tener presupuesto.
En este punto, Leonardo Gorbacz, autor de la Ley de salud mental vigente y diputado nacional, sostuvo: “lo que están planteando las autoridades de las distintas provincias son problemas de finanzas, son problemas de articulación”. Argumentó que si bien hay que avanzar en reformulaciones y actualizaciones de la normativa, alertó: “Hay que evitar que se den discusiones que terminan aprovechándose de una crisis de salud mental para hacer reformas que son regresivas. A veces los intentos de reforma de la Ley de salud mental no tienen que ver con una medida distinta sobre la salud mental o con la idea de a quién hay que internar o a quién no, sino con hacerse de instrumentos que permitan el encierro de personas que ni siquiera tienen problemas de salud mental, que por ahí están en situación de calle o están protestando“.
Verónica Laplace, presidenta del Consejo Consultivo de Salud Mental y Adicciones, ejemplificó la desfinanciación en el órgano que creó la Ley: “hay desde diciembre del 2023 una interrupción del pago de los traslados y del hospedaje para los diferentes consejeros que están en las provincias, pero no solamente es la interrupción del financiamiento, porque nos autogestionamos y seguimos funcionando de manera híbrida y de manera presencial como podemos; y quizás el problema más importante que estamos viviendo es la interrupción de nuestra función fundamental, que es justamente la de de realizar recomendaciones”, sostuvo. “El vínculo con la Dirección Nacional de Salud Mental es muy escaso y no hay producción de información, ni siquiera de guías, como generalmente realizábamos”, explicó.
Informe: Natalia Rótolo.
Fuente: Pagina12
