“Vamos a aprender de los mejores, vamos a aprender de Estados Unidos y de Israel, así pondremos a la Policía Federal en línea con los estándares del FBI.” Con esas grandilocuentas palabras, el presidente Javier Milei anunció esta tarde la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y culpó a la “política prodelincuentes” de las gestiones anteriores por demorar la reorientación de la fuerza federal hacia la investigación y prevención de delitos complejos. “Esto va mucho más allá de un rebrading, un reploteó de vehículos o nuevas camperas”, dijo entusiasmado.
Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fueron los oradores en el acto de lanzamiento de la DFI en la sede del Cuerpo de Policía Montada en el barrio porteño de Palermo, rodeados por la cúpula de la Policía Federal, agentes con nuevas camperas negras y autos con nuevos ploteos.
La decisión de modificar la estructura se concretó vía decreto 383/2025, con el que se reformó el estatuto de la Policía Federal –que regía desde 1958–, gracias a las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases.
Recién llegado de su segunda gira por Israel, Milei destacó a las fuerzas de ese país como ejemplo a seguir y celebró lo que, según su óptica, son tres pilares en materia de seguridad de la gestión de La Libertad Avanza: “El que las hace las paga”, “el orden público es sagrado, por eso terminamos con los piquetes extorsivos” y “los de azul son los buenos”, enumeró.
Además, repitió otras frases del repertorio de la ministra Bullrich al acusar al “zaffaronismo penal” y la “ideología prodelincuentes” como responsables por no “terminar de ordenar esta fuerza, dejándola en un limbo que la privó de un propósito claro”.
La reforma del estatuto de la Policía Federal pone fin a las tareas de seguridad destinadas a la Ciudad de Buenos Aires, un objetivo que comenzó a quedar vetusto desde el primer año del gobierno de Mauricio Macri, cuando transfirió las tareas a la Policía de la Ciudad.
“Estamos en un nuevo momento”, definió Bullrich y explicó que, a partir de ahora, la Policía Federal será “una fuerza autónoma que pasará a concentrarse en la investigación a fondo de los delitos federales, de los delitos transnacionales del crimen organizado” e insistió en la coordinación de un “seguimiento del mapa delictivo de la argentina”, para que “no haya ningún lugar del territorio nacional donde pueda implantarse una fuerza criminal”.
Milei prometió que esas tareas contarán con capacitaciones en investigación y un nuevo perfil profesional centrado en áreas de abogacia, psicología social y ciencias de la computación, además de asegurar que el Estado destinará “los recursos y equipamiento suficientes”.
Por lo pronto, según se desprende del decreto publicado esta mañana, la reforma incluye una reducción del personal de la Policía Federal, con un cupo anual máximo de suboficiales ingresantes, que no podrá superar al de este año y deberá reducirse a futuro. Y será a partir de ese ahorro presupuestario que se destinarán fondos para el programa de modernización.
Nuevos nombres, viajes prácticas
“Hubiese sido deseable tener un debate legislativo, consensos políticos, sobre cuáles son las funciones y la misión de una nueva Policía Federal“, lamentó Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, tras conocer la modificación del estatuto de la PFA vía decreto.
Darraidou señaló además que la modificación del estatuto profundiza la discrecionalidad de la PFA para realizar detenciones y requisas sin autorización de orden judicial, y no incorporó las modificaciones exigidas por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La especialista del CELS puntualizó que el decreto 383/2025 le da a la Policía Federal “mucha discrecionalidad” para actuar en materia de ciberpatrullaje, o sea en el control de las redes sociales y páginas web.
“Están dando mucha discreción a la Policía para que en función de una idea vaga, como prevención del delito, tenga atribuciones para espiar qué hacemos en nuestra redes sociales”, señaló y alertó: “Eso puede ser utilizado para la persecución de la organización política y la libertad de expresión”.
Respecto de las detenciones, Darraidou señaló que la modificación del estatuto mantiene la falta del Estado argentino en el cumplimiento de los fallos de la CIDH respecto de las detenciones arbitrarias.
“La CIDH ordenó que la Policía tenga criterios claros para detener a una persona sin orden judicial o sin actuar en flagrancia. Detenciones que se tradujeron en operativos de control población, en operativos para ‘hacer estadística’ y que ocurren con criterios discriminatorios”, resaltó.
Por último, en diálogo con Radio con Vos, la especialista del CELS indicó que “otro hecho alarmante es que la aparición de la figura de requisas en contexto de ‘operativos de prevención’. Esa figura puede avalar requisas sin orden judicial en el contexto de una protesta social”, indicó.
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