Para poner a operar su maquinaria del miedo, disuadir la protesta social y asfixiar cualquier expresión crítica, el gobierno de Javier Milei se valió de una decena de resoluciones que otorgan facultades a las fuerzas de seguridad. Las usó a lo largo de su primer año para perseguir, detener, usar armas de fuego y espiar. Son reformas penales de hecho, no soy leyes, que en su mayoría están cuestionadas ante los tribunales que –salvo excepciones– no parecen apurados en resolver aunque estén en peligro derechos, libertades e, incluso, la vida.
Los organismos de derechos humanos que monitorean esta situación y que van a las manifestaciones para dar asistencia, hacen un balance alarmante. Desde diciembre de 2023, al menos 104 personas fueron detenidas en operativos policiales en movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. La represión dejó 723 heridos/as, de los cuales 50 eran trabajadores/as de prensa, según los datos que relevó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia sostiene que crecieron las muertes por gatillo fácil y otras a manos de fuerzas estatales: hasta ahora cuentan 429, pero podrían ser más.
El despliegue violento del 12 de junio, cuando se votaba la Ley Bases en el Senado, fue paradigmático por el tendal de heridos, el ataque a diputados/as con gases, la brutalidad para desalojar la plaza de los Dos Congresos, la persecución a manifestantes por las calles cercanas y la detención de 33 personas. El fiscal federal Carlos Stornelli intentó acusarlas de actos terroristas y delitos contra el orden constitucional, a pedido del Gobierno y fueron enviadas cárceles federales. La última fue liberada recién a los tres meses por la jueza María Servini.
La ofensiva liderada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich se hizo notar desde diciembre. Los operativos represivos del 31 de enero, 1 y 2 de febrero en el Congreso (por la Ley Omnibus) dejaron 23 detenciones, 300 lesionados/as con golpes, gases y balas de goma, entre ellos 35 periodistas y 5 defensores de derechos humanos, informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El organismo relevó abusos frente a la protesta en accesos a la Ciudad el 18 de marzo. El 10 de abril, frente al Ministerio de Capital Humano: 36 heridos y 10 detenidos que reclamaban alimentos. Hubo más protestas. Las más masivas, como las marchas en defensa de la universidad pública, no fueron reprimidas. Desde septiembre hay un ensañamiento con los jubilados/as y agresiones a niños y niñas. La CPM señala la presencia de agentes con armas de fuego en protestas y tareas de inteligencia. La Red Federal (más de 130 organizaciones) compartirá su informe del año el lunes. El martes, el CELS y la CPM.
Persecución ideológica
El caso de la protesta contra la Ley Bases reveló un mecanismo adicional por el cual la Comisión Bicameral de Inteligencia inició una investigación esta semana: la recopilación ilegal de datos sobre pertenencia política o a organizaciones de las personas privadas de la libertad en la protesta. Esa comisión, que Milei pretendía que presidiera el detenido Edgardo Kueider –pero quedó a cargo de Martín Lousteau (UCR)–, había recibido denuncias de personas detenidas el 12 de junio. El jueves último miembros del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT) que visitaron a los detenidos/as en esa oportunidad confirmaron que en la cárcel de mujeres de Ezeiza, al revisar los legajos del Servicio Penitenciario Federal había una planilla adjunta con varios puntos, uno de los cuales decía “organización criminal: sí” y en un rectángulo se aclaraba si la detenida afirmaban pertenecer o no a alguna agrupación.
Según relatos que recogió en aquel momento Página/12, a algunos/as detenidos/as los increpaban ya en las dependencias policiales con la pregunta de “¿Con qué partido u organización viniste?” y anotaban en una planilla. A otros también en el SPF. La recopilación violaría las leyes de Inteligencia y la de Datos Personales. Los testimonios ante la Bicameral indican que los interrogatorios venían acompañados, también en el caso de los varones, de comentarios como: “zurdito de mierda”; “¿Para qué mierda venís a las marchas?”; “kirchneristas de mierda”; “se les terminó”. La próxima citación será para el Director Nacional del SPF, los titulares de los complejos de Ezeiza y de Marcos Paz, el director de Análisis de la Información y el de Inteligencia Criminal.
Miedo
“En Argentina, desde diciembre de 2023 es más difícil organizarse, participar, demandar y manifestarse en las calles, expresar opiniones sin correr riesgos”, dice el CELS, pese a que “son prácticas básicas de la democracia, tan importantes como votar, y están protegidas por la Constitución y diferentes leyes”. “Esto genera miedo y busca desincentivar la participación de la sociedad en la discusión de los asuntos públicos”, agrega el organismo. Una de las primeras resoluciones del Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad de Bullrich, fue establecer por resolución, sin modificar el Código Penal, que la protesta es un delito. Es el famoso “Protocolo de Mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Fue la excusa para habilitar a las fuerzas de seguridad a desalojar, reprimir o detener sin orden judicial cualquier manifestación que consideren que afecta la circulación. Dicen que es un delito en flagrancia.
El Gobierno usó, por ejemplo, la represión del 12 de junio para exhibir que cualquiera que proteste, o que esté cerca de una marcha sin participar, o que esté vendiendo choripanes o empanadas en el lugar, puede ir preso/a. Peor, puede ser acusado de querer hacer un golpe de Estado. Este tipo de conceptos delirantes, pero antidemocráticos, son repetidos hasta el cansancio hasta que parezca una verdad. Es la estrategia oficial. La receta de castigar a quien discrepa para poder aplicar el plan de ajuste, el mayor de la historia como se jacta Milei, no es novedosa. Pero la Casa Rosada se regodea porque es un factores de aprobación en las encuestas: prevalece la indignación por los cortes de calle y no por el hambre y el desastre económico.
El CELS plantea que así como hay decisiones que “restringen la protesta y multan a las organizaciones que convoquen, difundan o participen de manifestaciones” en lugar de proteger a manifestantes, hay otro frente que es “la apertura de causas judiciales contra los movimientos sociales, bajo la excusa de supuestas situaciones de coacción a personas para participar de protestas o por malversación de recursos estatales” con las que fomentan “operaciones estigmatizantes” en los medios. No importa que las irregularidades certeras sean aisladas. En tribunales hay quienes se prestan al show, pero también hay jueces y fiscales que han desnudado las denuncias falaces del Gobierno archivando sus acusaciones (la de la yerba en mal estado o el supuesto desvío de fondos para centros de primera infancia). También hay fallos que muestran que decenas de comedores existen y Capital Humano debe darles el alimento que les quitó.
“El Gobierno también estigmatiza y hostiga a
organizaciones sindicales. En el caso de las y los trabajadores de la educación
y de la línea aérea estatal, propuso declarar sus actividades como servicios
esenciales para limitar o eliminar el derecho a huelga”, dice el CELS. Para atacar a trabjadores/as también hay un protocolo de septiembre inventado por Bullrich que, sin reforma penal, establece que el bloqueo de empresas es delito y puden intervenir fuerzas de seguridad sin orden judicial. Pretende “proteger el normal desarrollo de los establecimientos productivos o de servicios”.
El CELS advierte sobre las restricciones al ejercicio de la libertad de opinión y expresión a todo nivel y no solo para los periodistas atacados en las marchas sino para cualquiera que opine distinto al gobierno en redes sociales y recibe amenazas.
El plan Bullrich
La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia cita una decena de resoluciones de Seguridad usadas para sostener su ofensiva.
*Junto que con el Protocolo antiprotestas (resolución 943/2023) que habilita la actuación de todas las fuerzas de seguridad sin orden judicial y la identificación de organizadores, se lanzó la línea telefónica para denunciar supuestas presiones para ir a las marchas. Se sumó una campaña por parlantes y pantallas de las estaciones de trenes: “El que corta no cobra plan”. A la par, dice el informe, se derogó la resolución que prohibía a las fuerzas portar armas de fuego con balas de plomo en protestas, obligaba a portar chapa con identificación e intervenir de manera gradual y progresiva. Es “la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías”, define la Red.
*Para implementar el protocolo, otra resolución (947/2023) creó el “Comando unificado urbano” para llevar la prevención y el orden a “el ejido de los territorios federales”. Con otra más, la 403/2024, estableció que integran ese comando la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Bullrich, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y hasta el Servicio Penitenciario. Este último pasó a depender de Seguridad (antes era de Justicia).
*El 14 de marzo de 2024 entró en vigencia el Protocolo para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad y policiales que habilita a los agentes a disparar sin identificarse cuando, según su criterio, haya un “peligro inminente” o que la identificación sea inútil, o en defensa propia. Permite disparar a personas desarmadas o en fuga. Este regreso de la doctrina Chocobar se profundizó con disposiciones similares para cada una de las fuerzas. La Red Federal recoge los números de Correpi de muertes a manos del aparato estatal: 108 por gatillo fácil (personas desarmadas o en la vía pública), 301 en cárceles, comisarías o alcaidías, 14 “intrafuerza o intrafamiliares” (entre ellos 4 femicidios). Aclaran que son datos provisorios, pero ya superan a 2023.
*Para dispersar la protesta, Bullrich alienta el uso de un gas pimienta (MK-9) que causa quemaduras y problemas respiratorios, balas de goma, tonfas y carros hidrantes. También las pistolas “taser”. La resolución 704/2024 autoriza el uso de “artefactos eléctricos específicos para uso policial que provocan descargas no letales” y “gases paralizantes” frente a quien intente huir de la policía, no importa la circunstancia. “Estas armas están previstas para aumentar los casos de violencia policial”, dice la Red. Agrega que aunque se las llama “armas no letales”, no existe tal cosa.
*El 26 de junio se creó una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para la “prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones”. La Red Federal advierte que se atribuye facultades penales. Queda habilitado el ciberpatrullaje en redes, aplicaciones y sitios, el análisis de cámaras en tiempo real, para identificar personas y actividades supuestamente sospechosas, entre otras cuestiones que ponen a cada ciudadano/a bajo vigilancia.
*El 21 de noviembre otra resolución (1253/2024) creó la Unidad Especial de Agentes Encubiertos que depende de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad. Cada fuerza tendrá los suyos en todo el país. “En breve, un ejército de espías destinado a infiltrar organizaciones populares”, advierte el informe.
Expedientes
En Comodoro Py, Sebastián Casanello intentó que Bullrich respete los estándares internacionales de derechos humanos, y le sacaron la causa, que quedó en otro fuero. La constitucionalidad está cuestionada también en un amparo colectivo en el juzgado contencioso de Martín Cormick. Las represiones de enero, febrero y junio son objeto de investigaciones penales en pleno trámite. La causa contra manifestantes a cargo de Servini aún tiene 11 sobreseimientos, 5 procesamientos y 17 faltas de mérito, más nuevos imputados. Sobre el ciberpatrullaje CELS, Amnistía, Vía Libere, ILSED y ODIA y Democracia en Red hicieron un pedido de acceso a la información, que no aclaró cómo se hará y qué herramientas se usarán. Todos los abusos han sido informados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Gobierno defiende su política como si la protesta fuera sedición. Hay preocupación en el organismo.
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