Los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) no cesan. La Policía Federal Argentina (PFA) impidió este jueves el ingreso a quince delegados e integrantes de la junta interna del Ministerio de Justicia con el pretexto de que estaban en uno de los listados de bajas. Desde el gremio denuncian que se trata de una nueva provocación orquestada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona en medio del desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.
La escena nuevamente volvió a tener lugar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) por donde se estima que pasaron 5000 detenidos-desaparecidos durante los años del terrorismo de Estado. Allí tiene, desde 2015, su sede principal la SDH.
Todos los delegados estaban contratados bajo la modalidad de convenio con el ente cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esa modalidad de contratación es la que Cúneo Libarona quiere dar de baja y, desde octubre, impulsó retiros que tenían poco de voluntarios. Quienes no lo aceptaron fueron despedidos, como es el caso de los delegados –que tienen garantías de estabilidad reconocidas en el artículo 14 bis de la Constitución nacional y en la ley de Asociaciones Sindicales.
Por lo que pudo reconstruir este diario, los delegados figuraban en los listados de “bajas” que habían confeccionado en la SDH y el Ministerio de Justicia para el 2 de enero, primer día en el que los trabajadores se enfrentaron a los controles de la PFA para acceder a sus puestos de trabajo. Después, el gobierno los retiró de la nómina y los volvió a incluir en las últimas horas.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el despido de los delegados es parte del plan de desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y de derechos humanos que viene llevando a cabo la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y que implica una persecución a los trabajadores y al sindicato.
Nana González es una de las despedidas. Tiene una antigüedad de 25 años. Es trabajadora del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, cerrado por decisión de Baños desde el 2 de enero pasado por una supuesta “reestructuración” que no se sabe qué implica ni qué alcances podría tener. Ella, además, es la secretaria adjunta de la junta interna de ATE en el Ministerio de Justicia. Este jueves no la dejaron ingresar a la SDH.
“Están yendo por fuera de los límites de lo legal”, dice González. “Avanzaron contra el cupo travesti trans, despidieron gente con enfermedad. A quienes despidieron no les pagaron la indemnización y ahora están persiguiendo a los delegados, que tenemos estabilidad laboral, a los afiliados a ATE”, enumeró en diálogo con Página/12.
El martes, ATE Capital, el gremio que encabeza Daniel “Tano” Catalano, denunció que su secretario de Acción Política, Rubén López, había sufrido un atentado: se encontró su auto incendiado y prácticamente irreconocible. Desde el sindicato asocian el hecho con el conflicto que la seccional viene protagonizando con el Ministerio de Justicia.
Desde ATE reclamaron en las últimas horas que el Ministerio de Justicia establezca una mesa de diálogo y que cese el hostigamiento. Por ahora, no hay miras de acercamiento. En la Secretaría de Derechos Humanos dicen que Baños salió de vacaciones en medio del conflicto.
Hacia finales de año, ATE pidió una cautelar para evitar los despidos que estaban en puerta, que no fue concedida. Sin embargo, el juez Juan Carlos Cerutti ratificó que el fuero laboral es competente para entender en el planteo y le encomendó al gremio informar en el transcurso de este mes la situación de las desvinculaciones anunciadas por Cúneo Libarona a través de resoluciones ministeriales y de comunicados en los que se jactaba de estar pasando la motosierra sobre el ministerio. En ese fallo, Cerutti, además, había llamado a la conformación de una mesa de diálogo en la que deberán sentarse las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Trabajo y ATE con miras al “cuidado del diálogo y la paz social”.
Todo indica que el despido de los quince delegados tendrá su correlato judicial. Por el momento, lo que parece ser una decisión es que el gremio ampliará la denuncia que había presentado en diciembre pasado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que ya mencionaba que habían echado a delegados del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), la militarización de los edificios y la presencia de policías en asambleas.
Baños viene de una mala pasada a nivel judicial. El martes, el juez federal Ariel Lijo le dijo que debe mantener abiertos y en funcionamiento los sitios de memoria que están localizados en la Ciudad de Buenos Aires. Lo hizo a partir de una presentación que formuló Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, ante la ola de despidos que pone en riesgo la sostenibilidad de los espacios. Por el momento, no se registra respuesta alguna de Baños en el expediente. Sin embargo, la situación de los sitios no mejoró.
Este viernes está prevista una conferencia de prensa en lo que fue Automotores Orletti, la base de la SIDE que se usó para el Plan Cóndor, por el abandono que está sufriendo el espacio. El sábado habrá una visita guiada en Virrey Cevallos, el sitio que podría quedar cerrado por falta de trabajadores.
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