Luego de que los gremios estatales advirtieran sobre una profundización de su plan de lucha para detener los despidos masivos, el Gobierno confirmó que renovará los contratos de unos 40 mil empleados públicos de la administración nacional.
La medida le pone un freno al plan de vaciamiento de diversas áreas de la administración pública –no así en Derechos Humanos- pero a la vez le da continuidad a la metodología de precarización de empleos por parte del Estado, puesto que la renovación de contratos será por solo tres meses.
Esto quiere decir que, tal como ocurrió desde que asumió Javier Milei, marzo será un nuevo mes clave en el que 40 mil trabajadores que no integran la planta permanente volverán a quedar en la cuerda floja.
El argumento del Gobierno es que esperarán hasta ese mes para que todos los estatales puedan realizar el cuestionado “examen de idoneidad” impulsado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger para tener argumentos que sustenten su decisión de despedir.
Contratados en la cuerda floja
Cabe aclarar que esa estrategia del Gobierno chocó contra la realidad, puesto que el 95 por ciento de los estatales aprobaron sobradamente la evaluación de idoneidad. No obstante, la Casa Rosada confirmó obstinada que su objetivo es despedir al menos a 75 mil empleados estatales, 35 mil de los cuales ya fueron desvinculados.
Los 40 mil restantes continuarán contratados bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional que establece regímenes por un tiempo determinado por servicios transitorios o estacionales.
A todos se les venció su convenio el último día del 2024, pero en las distintas dependencias se están firmando renovaciones por otros tres meses.
Se supone que esta será la última prórroga producto del supuesto “examen de idoneidad”. A los que continuarán después de marzo próximo se les exigirá la aprobación de esa evaluación y la consideración de sus jefes de que son personas que “cumplen una función necesaria” para el área en que se desempeñan.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que no son 40 mil sino más de 55 mil los empleados en peligro por el vencimiento de su contrato el 31 de diciembre. Es que contabilizan también a los monotributistas bajo locación de servicios.
También suman a los 2.400 empleados que dependían de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), un ente cooperador del Ministerio de Justicia para agilizar los trámites en los registros del automotor. Sin embargo, el Gobierno ya anunció que va a desvincular a los trabajadores que tengan este convenio.
Despidos y ajuste en el Estado
Pero más allá de la postergación de los despidos hasta marzo, hay vastos sectores de la administración donde el vaciamiento no para.
En el Haroldo Conti”>Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ex-ESMA, 87 empleados fueron despedidos a través de un WhatsApp recibido el 31 de diciembre en el que se les comunicaba que no debían presentarse a trabajar.
ATE denunció también que hubo despidos en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), la obra social de los uniformados y en Parques Nacionales.
En tanto, el Gobierno publicó dos nuevos decretos para congelar las partidas de dinero de la administración nacional, de modo tal que no haya posibilidad de contratar nuevo personal hasta marzo próximo.
En los decretos 1148/24 y 1149/24 firmados por Milei y Sturzenegger se fija que “las entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza“.
Esa prohibición abarca a las designaciones en planta transitoria, las contrataciones que están bajo el paraguas del artículo 9° y la prestación de servicios profesionales autónomos.
Cualquier alta nueva excepcional deberá estar respaldada por la baja de tres empleados “cualquiera fuera la causal, producidas a partir de una renuncia, jubilación o desvinculación”.
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