Esta vez no hubo excusas. Horacio Luis Ferrari no pudo escapar de la mano de la justicia. El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 lo condenó a prisión perpetua por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como habían reclamado la fiscalía y las querellas.
A Ferrari lo conocían como Pantera o Diego dentro del campo de concentración que funcionó en Avenida del Libertador. Él, que se retiró con el grado de contraalmirante, decía que estaban equivocados, que lo confundían con otra persona y hasta exhibía fojas de su legajo para afirmar que entre el 5 de abril de 1977 y finales de enero de 1978 había estado en un buque.
Sin embargo, los integrantes del TOF 5 –Sabrina Namer, Enrique Méndez Signori y Fernando Machado Pelloni–no le creyeron y dictaron la pena máxima. Además, ordenaron extraer testimonios para que se investiguen las adulteraciones y sustituciones de prueba en relación a los legajos de conceptos y servicios de Ferrari. Los fundamentos de la condena se darán a conocer el 10 de marzo.
“Pantera” había logrado esquivar la condena hace unos años. Después de dos años de debate, Ferrari había conseguido que apartaran a dos de los jueces que lo estaban juzgando, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, y que lo dejaran de lado. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación y convalidada por la Corte Suprema.
En octubre del año pasado, comenzó el segundo juicio contra Ferrari –que es asistido por el abogado Guillermo Fanego. Lo acusaban por secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios que damnificaron a 240 víctimas que pasaron por la ESMA entre 1977 y los primeros días de 1978.
La defensa de Ferrari pasaba por decir que él no estuvo destinado en ese momento a la ESMA sino que había estado en el destructor ARA Rosales. Para eso, mostraba papeles de la Armada.
La fiscalía –encabezada por Félix Crous– contestó que no existían calificaciones genuinas de 1977 y que Ferrari sí estuvo destinado al ARA Rosales a partir del 6 de febrero de 1978. De hecho, la foja que él mostraba estaba firmada por Néstor Omar Baricco y Miguel Ángel Piccinini, que estuvieron al frente del buque en 1978, no en 1977 como decía Ferrari.
El Ministerio Público también señaló que había piezas de su legajo que habían sido retiradas. Esto no se dio únicamente en el caso de Ferrari. Fue una práctica generalizada dentro de la Marina para encubrir los crímenes. De hecho, la Armada “perdió” el legajo de uno de sus hijos más dilectos, Alfredo Astiz. Crous y la auxiliar fiscal Marcela Obetko también señalaron que Ferrari había recibido la condecoración que otorgó Emilio Eduardo Massera por “heroico valor en combate”, que también tenían otros de los integrantes del grupo de tareas que operaba en la ESMA.
La condena de Ferrari fue posible gracias a los aportes que hicieron los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que funcionaban en el Ministerio de Defensa y que fueron desmantelados en marzo de este año por el ministro Luis Petri en línea con lo que reclamaban los represores. De hecho, Ferrari fue uno de los que despotricó contra los ERyA en el juicio. En sus últimas palabras, acusó a los expertos de ser un “grupo de inteligencia” en sintonía con las autoridades de Defensa, que los llamaron “vengadores” o dijeron que hacían “macartismo” contra las Fuerzas Armadas.
“La condena de Ferrari es muy importante. Fue un hombre muy poderoso, logró pasar desapercibido muchos años –hasta ser jefe de inteligencia de la Armada en el gobierno de Néstor Kirchner. Consiguió que la Cámara de Casación dictara un fallo incomprensible que suspendió el proceso en 2018, y la corte lo convalidó. Tuvimos que empezar nuevamente. También dentro de la Armada se falsificaron los legajos para intentar beneficiarlo, pero no funcionó, porque fue descubierto y por la prueba abrumadora en su contra”, evaluó Crous.