Manuel García-Mansilla parece no estar dispuesto a ceder- pese a todas las críticas y cuestionamientos- y, en las últimas horas, defendió su nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, realizado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei, al asegurar que su remoción antes del plazo de un año solo puede darse mediante juicio político.
“Toda vez que el nombramiento en comisión previsto en el Decreto 137/25 se hizo efectivo luego de haber prestado yo juramento, ya soy juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguró el magistrado, quien subrayó que goza de las garantías establecidas en el artículo 110 de la Constitución Nacional.
En un escrito de 51 páginas, García Mansilla respondió al traslado del juez federal Alejo Ramos Padilla, que tramita una causa para impugnar su designación y la del juez federal Ariel Lijo.
Allí, planteó la falta de jurisdicción del magistrado y la falta de legitimidad de los actores que impulsaron el amparo, solicitando su rechazo inmediato.
El juez recordó que fue designado para cubrir la vacante dejada por Juan Carlos Maqueda en un momento en que el Senado estaba en receso y enfatizó que su nombramiento “se ajusta estrictamente” al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.
Asimismo, remarcó que su juramento fue tomado por los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y advirtió que cualquier intento de impugnación “atentaría contra el orden público constitucional”.
“Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución”, indicó García Mansilla, y enfatizó que su remoción solo puede darse mediante juicio político, conforme a los artículos 53 y 110 de la Carta Magna.
Según argumentó, “no existe arbitrariedad o ilegalidad” en su designación y cualquier cuestionamiento al Decreto 137/25 no es “manifiesto” como exige la Constitución para su impugnación.
Por último, alertó que la continuidad de la causa judicial en su contra comprometería el normal funcionamiento de la Corte Suprema y sostuvo que su remoción fuera del mecanismo constitucional violaría el orden institucional del país.
Ni un paso atrás
Pese a que ya comenzó la cuenta regresiva, puesto que el próximo jueves 3 de abril el Senado sesionará para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, y que se enfrenta a un panorama incierto, el Ejecutivo tiene decidido no retroceder en su decisión.
Así lo dejó en claro el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien este martes aseguró que el retiro de los pliegos de Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema no es algo que vaya a realizar el Poder Ejecutivo.
“No, no lo evalúa el Gobierno. No los va a retirar”, respondió durante una entrevista en radio Futurock sobre la opción de que Casa Rosada pida la salida de los pliegos enviados al Senado.
“Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año cuando finalice el periodo de sesiones”, agregó Francos.
La alternativa de retirar los pliegos había sido un pedido/sugerencia de algunos aliados, incómodos con tener que ir al recinto a levantar la mano por una postura u otra. Para su aprobación, los pliegos requieren el aval de dos tercios de los presentes; mientras que, en caso de asistencia perfecta, 25 senadores en contra podrían bloquear una designación.
El jefe de Gabinete agregó que en el caso de Lijo, “todavía no ha asumido, pero veremos qué hace; deberían preguntarle a él”.
“Con respecto a García-Mansilla, él puede seguir en su cargo constitucionalmente” aún si el Senado le rechaza el pliego, consideró el funcionario.
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